Las relaciones entre Argentina e Irán empeoraron tras el pedido de detención el viernes de cuatro ex funcionarios iraníes, sospechosos para la justicia argentina de participar en 1994 en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la capital del país.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Hamid Reza Assefi, planteó el domingo a Argentina que ”repare el error” o se prepare para lo que Irán crea ”medidas apropiadas”, y Buenos Aires pidió este lunes explicaciones sobre esa airada reacción.
El secretario de relaciones exteriores de la cancillería argentina, Fernando Petrella, recibió al encargado de negocios iraní en Argentina, Muhammad Alí Tabatabali, para que aclarara qué quiso decir Assefi.
La reunión fue ”muy cordial”, pero Argentina dejó en claro que su gobierno ”está muy atento a los dichos oficiales” iraníes en relación con el caso de la AMIA, y que algunos de esos dichos ”no nos satisfacen ni nos parecen convenientes”, dijo a IPS Petrella.
Tabatabali indicó que explicaría al gobierno de Argentina sobre las medidas que puede adoptar Irán una vez que reciba información sobre el asunto, reveló.
”Sabíamos que no iba a haber una aclaración inmediata de los dichos del vocero de la cancillería pero queríamos reaccionar rápido”, reconoció Petrella.
El juez federal argentino Juan José Galeano emitió el viernes una orden internacional de captura contra Ali Fallahiján, ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán, Ali Akbar Parvaresh, ex diputado iraní, Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Argentina, y Barat Alí Balesh Abadi, ex correo diplomático.
Galeano sospecha que esas personas tuvieron participación ideológica en el atentado que destruyó en julio de 1994 la sede de la AMIA, un edificio de siete pisos, mediante un coche bomba, con un saldo de 87 muertos y más de 300 heridos.
La presunción de Galeano sobre la participación de ”elementos radicalizados” del gobierno de Irán en el atentado se basa en declaraciones reservadas de testigos iraníes, uno de los cuales afirmó que ex presidente argentino Carlos Menem (1989-99) recibió 11 millones de dólares para encubrir esa participación.
El fallo del juez, de más de 400 páginas, se apoyó en análisis políticos e informes de inteligencia más que en pruebas contundentes, y aumentó la tirantez en las relaciones diplomáticas bilaterales, que se redujeron al nivel de encargados de negocios desde que comenzó la pesquisa en 1995.
En aquel momento, Teherán retiró a su embajador en Argentina, y Buenos Aires hizo lo mismo con su representante en Irán.
La cancillería iraní alegó el domingo que ”no se suministró prueba convincente alguna sobre la participación de Irán” en el atentado, y que las sospechas provienen de ”rumores e informaciones de medios sionistas”.
Familiares de las víctimas del atentado son escépticos sobre la posibilidad de que las investigaciones de Galeano conduzcan a un resultado condenatorio, y Adriana Reisfeld, cuya hermana Noemí murió en la AMIA, señaló a IPS que la orden de detención habría tenido sentido hace siete años.
Los cuatro iraníes son considerados sospechosos desde los inicios de la investigación, cuando aún permanecían en Argentina.
”Tuvimos a esos funcionarios iraníes entrando y saliendo del país como quisieron, sin que nadie los detuviera, y recién ahora se pide la captura internacional, cuando ya tienen la protección de Irán, país con el que no hay acuerdos de extradición”, razonó Reisfeld, integrante de Memoria Activa, una agrupación de familiares del atentado.
A su juicio, el pedido de captura tiene numerosas contradicciones, y la intención del juez es ”concluir la causa y conseguir una condena internacional, aun sabiendo que no podrá extraditar a los acusados”.
”Para los familiares es más importante avanzar en la conexión local del atentado”, explicó Reisfeld, en alusión al juicio oral iniciado en Buenos Aires en septiembre de 2001 contra 20 argentinos que habrían conseguido y preparado el coche bomba usado en el ataque, cuya planificación en Irán se atribuye al grupo fundamentalista islámico libanés Hizbolá (Partido de Dios).
De esos 20 acusados, 15 eran policías cuando se produjo el atentado contra la AMIA.
”Argentina no tiene el poder de Estados Unidos o de Israel para perseguir a otro Estado” y lograr ”que condene a los acusados de cometer un atentado de estas características, por eso queremos que al menos haya una fuerte condena contra los argentinos que participaron en el crimen”, subrayó Reisfeld.
Es probable que el juicio contra esas 20 personas finalice a mediados de este año, pero investigadores piensan que los acusados son apenas 10 por ciento de los culpables.
Por eso el juez insiste en investigar la conexión internacional, y aceptó pedidos de la fiscalía para que emitiera órdenes de captura contra los cuatro ex funcionarios.
El canciller argentino, Carlos Ruckauf, sostuvo este lunes que ”no se trata de la decisión de un Estado sobre otro, sino de un poder independiente que es el judicial, que pide la detención de personas”, y no acusa ”a un Estado sino a individuos”.
