La principal institución portuguesa de atención a niños huérfanos, la Casa Pía, ocultó durante dos décadas, con la complicidad del Estado, una red de explotación sexual infantil para satisfacción de diplomáticos, políticos, deportistas y periodistas.
La Policía Judicial detuvo esta semana a un famoso animador de televisión, Carlos Cruz, y al médico pediatra Joao Ferrera Diniz, tras escuchar el testimonio de 700 alumnos de la Casa Pía, una tradicional institución estatal que atiende a 3.500 niños huérfanos e indigentes en hogares y escuelas de varias ciudades.
El ambiente que se vive en la Casa Pía es todavía el de una película de terror. Existen otras personas involucradas, pero los menores no saben sus nombres, sólo conocen las caras y les llaman 'señor doctor' y 'señor ingeniero', sostuvo la nueva directora de la institución, Catalina Pestana.
Los investigadores aseguran haber establecido la consumación de 128 casos de abuso sexual contra niños y niñas. Otros tres pediatras son investigados por la policía, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico, y su detención parece inminente.
Pero fue la Policía Judicial la que acalló denuncias y detuvo investigaciones iniciadas en los años 80.
El escándalo estalló a fines de noviembre, cuando la revista Expresso publicó una investigación sobre una vasta red de explotación sexual que incluía a políticos, diplomáticos, deportistas y periodistas, que actuaba en la impunidad desde hacía dos décadas.
El informe periodístico apuró la detención de Carlos Silvino (Bibi), un funcionario de la Casa Pía que había montado la red, enmascarada tras el prestigio de la institución, sobre el que pendía una orden judicial desde fines de octubre.
El entonces director de Casa Pía, Luis Rebelo, estimó que se trataba de un solo funcionario entre más de 1.000, una frase desafortunda que complicó su situación.
Al destituir a Rebelo, el ministro de Seguridad Social, Antonio Bagao Félix, replicó que una tragedia de tal magnitud no se puede medir en simples estadísticas. Se trata de niños y no de números.
Las autoridades intentaron enmendar el desastre, colocando a la prestigiosa educadora Pestana al frente de la institución, y conformando un grupo de médicos y psicólogos para atender a las víctimas y sus familias.
La televisión y la prensa se ocuparon de revelar nuevos detalles, entrevistando a presuntas víctimas anónimas que relataron su participación en orgías en las que recibían dinero a cambio de docilidad.
Alarmada por lo que calificó como invasión mediática, Pestana prohibió el acceso de periodistas a todas las sedes de la institución.
La nueva directora admitió que aún hay pedófilos en la Casa Pía, por lo que continúan las investigaciones administrativas contra varios funcionarios.
Cruz, durante 40 años el animador preferido de la teleaudiencia, es acusado de pederastia por actuales alumnos del centro infantil.
Pero varios ex alumnos, hoy adultos, identificaron al embajador retirado Jorge Marques de Leitao Ritto, de 67 años, como uno de los más activos clientes de la red.
Sin embargo, Ritto permanece en libertad pues los delitos de los que se lo acusa ocurrieron hace 20 años y por tanto han prescripto.
Su foja de servicios es impecable. Fue embajador de Portugal en Sudáfrica durante el gobierno de Nelson Mandela (1994-1999), representó al país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y presidió la comisión interministerial que organizó la devolución del enclave colonial de Macao a China, en 1999.
Según las denuncias, el embajador llevaba niños elegidos en Casa Pía a su residencia de Cascais, a 25 kilómetros de Lisboa, centro de las orgías en las que solían tomar parte diplomáticos extranjeros.
Las víctimas mencionaron a un funcionario de la embajada francesa que frecuentaba la casa en 1982, y a un cónsul alemán destacado en la meridional ciudad de Faro, capital de Algarve.
Teresa Costa Macedo, en 1982 viceministra de Asuntos Sociales para la Familia, aseguró que ese año entregó a la Policía Judicial documentos, informes y fotografías que probaban las prácticas de pederastia en el centro infantil.
Esas pruebas comprometían no solo a Bibi, un simple reclutador de niños para personas conocidas, sino a políticos, diplomáticos y hasta figuras de los medios de comunicación, dijo Costa Macedo.
En un primer momento, la Policía Judicial negó que existiera en sus archivos alguna denuncia de la ex funcionaria o de alumnos presuntamente sodomizados.
Pero las autoridades policiales cambiaron rápidamente de actitud cuando Costa Macedo advirtió en público que contaba con copias de las denuncias. Los documentos aparecieron entonces en una de las sedes de la policía.
Todo el proceso fue bloqueado por la total indiferencia policial, dijo Costa Macedo en un programa de televisión donde estaban presentes algunas víctimas de los años 80 y la periodista de Expresso que llevó a cabo la investigación.
También los antiguos alumnos, varios de ellos abogados, señalaron que Bibi no es más que la punta del iceberg.
En 1982, los denunciantes, entonces niños, afirmaron a Costa Macedo que eran víctimas de explotación sexual. El mismo año, la policía recibió la denuncia de la desaparición de tres menores, hallados al cabo de dos semanas en la casa del embajador Ritto en Cascais, por entonces fuera del país.
El 19 de julio de 1983, la Policía Judicial envió el expediente al tribunal de Cascais, con competencia para juzgar los presuntos delitos cometidos en su jurisdicción.
Pero el 11 de febrero de 1987, el proceso fue archivado. El expediente se conservó en espera de la producción de mejores pruebas, pero fue destruido seis años más tarde, en abril de 1993, por término del plazo legal para las actuaciones.
En 2001 y 2002, casi 20 años después de las primeras denuncias, otras víctimas y sus familiares acudieron a la justicia. El Estado y la sociedad parecen, esta vez, haberles dado crédito. (
