El acuerdo comercial que negocian Estados Unidos y cinco países de América Central podría agravar las condiciones laborales y ambientales en esa región, advirtió un grupo de expertos estadounidenses.
El pacto acabará con el reconocimiento mínimo de los derechos de los trabajadores centroamericanos si Washington no utiliza su influencia para evitarlo, previno la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.
Estados Unidos lanzó en enero la primera ronda de negociaciones con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tendente a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés).
Los otros dos países del istmo, Belice y Panamá, no participan de las negociaciones por no formar parte del Sistema de Integración Económica Centroamericana.
La administración de George W. Bush anunció que impulsaría la eliminación de barreras no arancelarias y la liberalización del acceso al mercado de bienes y servicios, además de normas sobre comercio electrónico, sistemas científicos de inspección alimentaria y protección de la propiedad intelectual.
Pero la Fundación Carnegie arguyó que el pacto propuesto eliminaría toda protección de los derechos laborales en la región al sustituir al actual sistema estadounidense de preferencias comerciales unilaterales.
El Sistema Generalizado de Preferencias y las leyes de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe y de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe extendieron en forma unilateral el acceso al mercado estadounidense a los países centroamericanos, a condición de que respetaran los derechos de los trabajadores.
Aunque esos instrumentos estadounidenses no resolvieron el problema básico de la falta de derechos laborales consagrados en América Central, frenaron los más flagrantes abusos contra los trabajadores, arguyó la Fundación Carnegie en un informe.
La represión de los trabajadores en América Central incluye intimidación física, secuestros e incluso asesinatos de líderes sindicales.
El nuevo acuerdo ”dejaría que los actuales problemas laborales proliferaran y constituiría una invitación a más abusos”, advirtió la Fundación.
El informe advierte sobre la posibilidad de que el CAFTA no incluya ninguna norma laboral por presión de grandes empresas estadounidenses.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió el miércoles a los llamados telefónicos de IPS solicitando comentarios.
La administración Bush intentó disipar anteriormente tales temores arguyendo que la Ley Comercial de 2002, en virtud de la cual se negociarán los términos del acuerdo, incluye varias normas laborales similares a las contenidas en el acuerdo de libre comercio entre Jordania y Estados Unidos.
Pero el caso de América Central podría ser diferente, advirtió la autora del informe de la Fundación Carnegie, Sandra Polaski, quien negoció las disposiciones laborales de ese tratado y de otro con Camboya cuando era funcionaria del Departamento de Estado estadounidense.
A diferencia de Jordania, que cuenta con buenas leyes laborales y las aplica, ”en los países centroamericanos las leyes son muy débiles, la aplicación es inadecuada y los sistemas judiciales no garantizan el Estado de derecho”, afirmó.
Polaski sugirió que Washington se valga del acuerdo para presionar a los gobiernos de la región a poner fin al trabajo infantil y a la represión sistemática de los derechos de los trabajadores, así como amenaza con retirar beneficios comerciales a los países que no respetan los derechos de propiedad intelectual.
Pero otros expertos comerciales no consideran realista esperar que la administración Bush reaccione ante argumentos morales sobre las normas ambientales y laborales, que las grandes empresas suelen considerar como impuestos a sus ganancias.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, otorga a compañías de Estados Unidos y Canadá el derecho de acción judicial pero se lo niega a México, comentó Dean Baker, codirector del Centro de Investigación Económica y Política.
”Siendo realistas, la administración Bush no va a hacer eso (defender los derechos de los trabajadores y el ambiente en América Central). Eso no ocurrirá. Tenemos experiencia al respecto”, vaticinó Baker.
