La crisis política de Venezuela tiene su epicentro ahora en la investigación iniciada por el gobierno contra la televisión privada, uno de los soportes principales de la huelga de dos meses contra el presidente Hugo Chávez.
El Ministerio de Infraestructura lanzó una ofensiva contra tres de las cuatro mayores cadenas privadas de televisión, a las que acusa de incitar a la rebelión y al odio, lo cual puede llevar al retiro temporal o indefinido de los permisos para utilizar las correspondientes frecuencias.
La oposición condenó de modo unánime esa medida del gobierno y convocó este viernes en la principal autopista de Caracas una concentración de miles de personas en apoyo a la prensa, radio y televisión, tras la consigna ”Con mis medios no te metas”.
Chávez había señalado la semana pasada que las empresas de televisión deben cumplir ”con la Constitución y las leyes o habrá que aplicarles la ley”.
Luego agregó en su programa semanal de radio Aló Presidente que, ”si no recuperan la normalidad y usan la concesión para quebrar el país o tumbar el gobierno, estaría obligado a quitársela”.
Las frecuencias de televisión son entregadas en concesión por el Estado por 20 años, prorrogable de modo indefinido, y sus permisionarios están sujetos a leyes y reglamentos que establecen multas y hasta la suspensión o cancelación de su uso.
”No creo que el gobierno vaya a cometer la torpeza de cerrar una televisora, pues sería un atentado a la libertad de expresión”, dijo a IPS el director de la cadena Televen, Carlos Croes, quien fuera ministro de Información del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).
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Precisamente Televén, Radio Caracas Televisión y Globovisión son tres de las cuatro grandes cadenas nacionales que comenzaron a ser investigadas por supuesta violación de leyes, incitación al odio y la violencia y falta de respeto a personas e instituciones en mensajes propios y en la propaganda opositora que divulgan.
Venevisión, propiedad del magnate venezolano de medios de comunicación Gustavo Cisneros, es la restante cadena que todavía no fue informada de investigaciones en su contra.
”Se le va a complicar la vida al gobierno si quiere atropellar a los medios, porque los ojos de la comunidad internacional están sobre Venezuela”, advirtió Cisneros, a quien Chávez le atribuyó ser ”el jefe de la conspiración” en su contra.
Otra investigación del gobierno alcanzó a la Televisora del Táchira, una emisora regional de la zona andina fronteriza con Colombia, por supuesta violación a la ley de Protección del Niño y del Adolescente al transmitir ”mensajes cargados de violencia en los horarios reservados para la programación infantil”.
La prohibición de esa clase de mensajes está estipulado en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1941, una década antes de que llegase la televisión a Venezuela. Sucesivas normas legales posteriores mantuvieron los controles sobre la programación de televisión.
En paralelo, legisladores oficialistas presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto de ”ley de responsabilidad social de la radio y televisión” o de contenidos, que prohibe entre otras cosas la publicidad violenta para niños y crea comités de usuarios de radio y televisión con facultades de contralor.
Todas las acciones del gobierno de Chávez tienden a neutralizar a la televisión privada, que reivindica entre 90 y 98 por ciento de la audiencia del país, y se volcó decididamente a la oposoción.
Las cuatro cadenas nacionales y otras menores reemplazaron desde el comienzo de la huelga contra el gobierno, el 2 de diciembre, toda la publicidad comercial por propaganda de la Coordinadora Democrática y otras entidades opositoras, además de realizar una cobertura parcial de los hechos políticos.
”Usted es el único responsable de las violaciones a la Constitución, del desabastecimiento, de la escasez, de la violencia, de financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno”, señala uno de esos avisos que acusan a Chávez de las consecuencias de la huelga.
También divulgan mensajes, sobre imágenes de fuerzas de seguridad reprimiendo a civiles, donde se interpela a las Fuerzas Armadas: ”Señores jefes militares y oficiales, todos estos hechos son historia. ¿Qué dirás cuando llegue el momento de que tu hijo te pregunte: 'Papá ¿dónde estabas tú?”.
En esa variada campaña antigubernamental también se exhortó a no pagar ”ni un bolívar (de impuesto) más para la corrupción” – – un llamado a una acción ilegal – – a la par de que apeló a resortes técnicos para presentar un Chávez contradictorio utilizando como si fuera el presente frases expresadas meses y años atrás.
Los programas periodísticos también han sido puestos al servicio de la oposición para sus arengas en favor de la desobediencia tributaria, con entrevistas exclusivamente a sus líderes y el llamado a otros tipos de protestas.
Esa andanada de comunicación parcial sólo es respondida por el gobierno desde el canal de televisión del Estado, tradicionalmente de escasa audiencia y acusado por la oposición de emitir sólo mensajes a favor de Chávez.
La emisora estatal también trata de ridiculizar a los dirigentes opositores.
Es el caso de un aviso en el que aparecía el líder empresarial Carlos Fernández llamando a la población a recibir ”el Año Nuevo en la calle”, mientras se lo veía con su pasaporte sellado y pronto a abordar un avión para pasar esos días con su familia en la vecina isla holandesa de Aruba.
El comienzo de la investigación gubernamental fue recibida con dureza por los ejecutivos de televisión. ”Estamos en presencia de la vocación autoritaria del régimen”, y de una represalia porque los medios privados han apoyado a la oposición, dijeron.
”Los medios naturalmente son parte del paro (huelga) cívico”, afirmó Fernández, presidente de la principal organización empresarial del país, en tanto Guillermo Zuluaga, titular de Globovisión, indicó que ”lo que hacemos es cumplir con Venezuela”.
En cambio, el director de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jesé Chacón, sostuvo que, ”como lo consagra la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere, pero debe asumir responsabilidad por lo que dice”.
A su vez, el vicepresidente José Vicente Rangel, periodista hasta acceder al gobierno, dijo en diálogo con corresponsales extranjeros que ”en el mundo entero los medios están en el banquillo”.
Los medios de comunicación ”han pasado a ser un poder real en la sociedad y todo poder requiere control porque si no es una perversión”.
Las cámaras de empresarios de radio y televisión denunciaron las investigaciones en su contra como ”agresiones a la libertad de pensamiento, expresión e información”, y llamaron la atención de la comunidad internacional ”ente el proceso de desintegración del sistema democrático venezolano”.
Los empresarios, encabezados por Cisneros, presentaron sus quejas al secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien conduce en Caracas una mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, que ha podido avanzar muy poco.
”Este es el inicio de una escalada contra la libertad de expresión”, indicó Alberto Ravell, director de Globovisión, emisora que emite noticias las 24 horas del día y que es percibida por Chávez como ariete de la oposición en su contra.
A su vez, el director de Radio Caracas TV, Marcel Granier, destacó que, ”mientras se abre una investigación contra las televisoras, no se ha iniciado ningún procedimiento por las agresiones contra los medios de comunicación y sus trabajadores”.
Más de 100 periodistas han denunciado agresiones en los últimos dos años, varios han obtenido medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos y un fotógrafo, Jorge Tortoza, murió baleado en abril de 2002, durante el frustrado golpe de estado contra Chávez.
