La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), de Estados Unidos, pidió a Siria, Egipto, Jordania y Líbano el arresto del general iraquí al que responsabiliza de la campaña genocida contra los kurdos de 1988.
HRW recopiló 18 toneladas de documentos sobre la campaña del ejército de Iraq denominada Anfal, que costó la vida de decenas de miles de kurdos en el norte de ese país, y sobre la participación en ésta del general Alí Hassan al-Majid, apodado en su país ”Alí Químico” por su reiterado uso de armas químicas.
El militar, integrante del gobernante Consejo del Comando Revolucionario, fue recibido este viernes en Damasco por el presidente de Siria, Bashar el Hassad, en el marco de una gira que lo llevará también a Egipto, Jordania y Líbano como enviado especial del presidente iraquí Saddam Hussein.
”Al-Majid es el sicario de Saddam Hussein. Está involucrado en casos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Conducirlo ante la justicia es una prioridad esencial”, dijo el director de HRW, Kenneth Roth.
”'Alí Químico' no puede ser considerado un enviado de paz. Debería ser recibido por una guardia carcelaria, no por jefes de Estado”, dijo Roth.
El pedido de arresto y acusación contra Al-Majid, primo de Saddam Hussein, fue divulgado mientras Estados Unidos intensifica sus preparativos para invadir Iraq, lo que, según observadores, podría ocurrir en cualquier momento a partir de fines de febrero.
Unos 250.000 soldados estadounidenses fueron apostados en las cercanías de Iraq, mientras el gobierno de George W. Bush elaboran planes detallados para el futuro de ese país tras el desalojo de Saddam Hussein del poder.
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En una primera etapa, Washington planifica la ocupación de Iraq a cargo de fuerzas estadounidenses y de los países que acompañen su campaña bélica.
Uno de los asuntos clave es el destino de los principales funcionarios del gobernante partido laico Baath, en especial los acusados de atrocidades, entre ellas el uso de armas químicas contra iraníes y kurdos en la campaña Anfal que, según HRW, está ampliamente comprobada.
Varios funcionarios estadounidenses propusieron enjuiciarlos por crímenes de guerra y contra la humanidad, ya sea por parte de un tribunal establecido por las futuras fuerzas de ocupación o uno instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), similar al establecido para la antigua Yugoslavia o para Ruanda.
Al-Majid integra una lista de 14 altos funcionarios iraquíes que, según Washington, deberían ser enjuiciados, entre ellos dos hijos de Saddam Hussein, Uday y Qusay, el segundo del presidente en el Consejo del Comando Revolucionario, Ezzad Ibrahim, y el vicepresidente Taha Yassin Ramadán.
Pero aún no se han tomado decisiones al respecto, según fuentes del gobierno estadounidense, quienes previeron, sin embargo, que cualquier uso que las fuerzas iraquíes hayan dado a armas de destrucción masiva serán consideradas crímenes de guerra.
HRW pide desde comienzos de los años 90 el juicio en un tribunal internacional de Saddam Hussein y de Al-Majid por la masacre de iraquíes kurdos en la campaña Anfal, sobre la cual acumularon numerosas pruebas desde la guerra del Golfo de 1991.
Las gestiones de la organización tuvieron cierto respaldo dentro del gobierno de Bill Clinton (1993-2001), pero China, Francia y China, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto sobre las decisiones del órgano, se opusieron a la iniciativa.
HRW publicó en 1993 el informe ”Genocidio en Iraq: la campaña Anfal contra los kurdos”. El estudio daba cuenta de que Al-Majid, conocido en Iraq como ”Alí Químico” por hacer uso en reiteradas oportunidades de armas químicas, fue el arquitecto de la campaña.
Al-Majid también estuvo a cargo de la ocupación militar de Kuwait en agosto de 1990, operación que provocó la guerra del Golfo seis meses después, lanzada por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos y con respaldo de la ONU.
En su carácter de secretario general del Buró Septentrional del partido Bahath, Al-Majid tuvo autoridad sobre todas las agencias del Estado en la región kurda de Iraq entre marzo de 1987 y abril de 1989.
Entre los documentos obtenidos por HRW y publicados en el informe figura la orden que Al-Majid impartió el 20 de junio de 1987 a los comandantes del ejército de ”efectuar bombardeos al azar para matar la mayor cantidad de personas posibles en las zonas prohibidas”.
HRW también posee la grabación de la voz de Al-Majid comprometiéndose en presencia de otros altos funcionarios iraquíes a utilizar armas químicas contra los kurdos.
La campaña Anfal se desarrolló luego de la guerra entre Iraq e Irán (1980-1988). La operación concluyó con la muerte y desaparición de unos 100.000 civiles no combatientes y la destrucción casi total de propiedades comunitarias y familiares en áreas rurales kurdas.
Iraq utilizó en la campaña Anfal armas químicas contra civiles en docenas de lugares y todas las acciones estuvieron bajo la directa supervisión de Al-Majid, afirmó HRW.
Luego del desalojo de las fuerzas iraquíes de Kuwait, Saddam Hussein ordenó a Al-Majid reprimir las revueltas de la población chiíta del sur de Iraq. El general ordenó ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarias, desapariciones, torturas y otras atrocidades, aseguró HRW.
La organización recordó que Egipto, Jordania y Líbano ratificaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes, que obliga a los países a acusar o extraditar a todos los acusados de tortura, sin importar dónde la hubieran cometido eventualmente.
Estos tres países y Siria, además, ratificaron la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Castigo del Genocidio, que obliga a los estados parte a impedir y castigar esos actos, así como las Convenciones de Ginebra, que también ordenan la persecución de criminales de guerra.
