Los países que se plieguen a un ataque militar de Estados Unidos contra Iraq sin autorización de la ONU podrían afrontar cargos de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI), advirtieron analistas, juristas y pacifistas.
Por primera vez desde el fin de la guerra fría, un acto de agresión deliberada es anticipado bajo el pretexto de la legalidad de una gran potencia, dijo este jueves a IPS el presidente de Conciencia Internacional, James Jennings.
La negativa estadounidense a tomar parte de la CPI no impedirá que sus líderes sean sometidos a juicio por algún tribunal internacional bajo cargos de crímenes de guerra, sostuvo Jennings.
La CPI fue establecida el año pasado para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, pero sólo cuando involucren a ciudadanos de Estados partes o hayan sido cometidos en esos países.
A juicio del activista, un ataque contra Iraq sin una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituiría una violación de la carta del foro mundial, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las convenciones de Ginebra y de otros instrumentos.
Estados Unidos ha afirmado que está preparado para ir a la guerra con una coalición de la voluntad, presuntamente 12 países, entre ellos Australia, Gran Bretaña, Canadá, Kuwait y Qatar.
El diario The London Guardian sostuvo en diciembre que si Gran Bretaña (firmante del Tratado de Roma, constitutivo de la CPI) hace uso de la fuerza, sería la primera vez que la CPI tendría jurisdicción sobre soldados de ese país y sus superiores.
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Pero mientras los ciudadanos británicos podrían ser llevados ante la CPI, los verdaderos protagonistas, Estados Unidos e Iraq, no, dijo el periódico, pues tampoco Iraq firmó el Tratado de Roma.
Estados Unidos se negó a ratificar es tratado y luego retiró su firma del mismo, con la intención declarada de proteger a sus ciudadanos, incluyendo a los integrantes de misiones de paz.
La ONU aceptó bajo presión de Washington eximir por un año de responsabilidades ante la CPI a ciudadanos de ese país, cuando éste amenazó con vetar la renovación de mandatos de misiones de paz del foro mundial.
La postura estadounidense ante Iraq no sólo socavaría la autoridad de la ONU, sino que pondría en riesgo a las naciones que se sumen a esa aventura militar, arguyó el presidente del Centro por Derechos Constitucionales, Michael Ratner.
Junto con abogados de Canadá y Gran Bretaña, estamos enviando cartas a esas naciones y a Washington, advirtiéndoles sobre las consecuencias de violar las convenciones de Ginebra, añadió.
Ratner dijo que Estados Unidos y otros países ignoraron esas convenciones durante la guerra del Golfo, en 1991, y en el conflicto en la meridional provincia yugoslava de Kosovo, en 1998.
Respecto de Gran Bretaña, Canadá (y Australia), dijimos que presentaríamos evidencias de tales violaciones a la CPI, sostuvo Ratner.
En el caso de Estados Unidos, tales crímenes están sujetos a la jurisdicción universal, por lo que funcionarios estadounidenses podrían ser juzgados en ciertos países, según Ratner.
Durante la reunión del Consejo de Seguridad del lunes, 11 de los 15 miembros del cuerpo se pronunciaron por dar más tiempo para que continúen las inspecciones enviadas por la ONU a Iraq en busca de armas de destrucción masiva.
Pero Washington, escéptico sobre el resultado de esta misión, ha amenazado con lanzar una ofensiva contra Bagdad aun sin el visto bueno de la ONU.
El miércoles de la semana próxima, el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, presentará evidencias basadas en informes de inteligencia, sobre programas secretos de armas iraquíes, con el fin de fundar el ataque.
Sin embargo, fuentes de Washington citadas por el diario The New York Times sostuvieron que es difícil que aparezca nueva evidencia convincente.
Powell presentará al Consejo imágenes satelitales que incluirían información secreta de inteligencia, así como fotografías de convoyes iraquíes transportando, presuntamente, armas de destrucción masiva hacia Siria.
Pero las imágenes no muestran el interior de los camiones, lo cual da escasa credibilidad a las afirmaciones estadounidenses.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo este jueves a la prensa que los inspectores de armas han puntualizado que apreciarían recibir información procesable de parte de los gobiernos que la posean.
Han recibido alguna y espero que podrán utilizar cualquier dato que se entregue la semana próxima y que sea útil para su tarea, agregó Annan.
Dado que Estados Unidos y Gran Bretaña desean que el Consejo dé un paso sin precedentes y autorice el uso de la fuerza para derrocar, en los hechos, al gobierno de un Estado miembro, se entiende la renuencia a hacerlo, a menos que la evidencia contra Iraq resulte irrefutable, dijo a IPS este jueves el experto en Medio Oriente, Stephen Zunes.
Es necesario más tiempo para que los inspectores obtengan una clara evaluación sobre el cumplimiento iraquí, así como aclarar si la reticencia se debe a que Bagdad está escondiendo deliberadamente información o por falta de registros, actitudes políticas u otras razones, sostuvo Zunes, profesor de la Universidad de San Francisco.
También debe entenderse que, aun si Iraq cuenta con materiales prohibidos escondidos en alguna parte, la presencia de inspectores y la atención internacional le harían virtualmente imposible desarrollar o desplegar armamento estratégico significativo, opinó.
En otras palabras, arguyó, aunque la ONU y sus inspecciones puedan no ser capaces de forzar un desarme total de Iraq, obligarán efectivamente a un desarme funcional, que es en definitiva lo que importa.
Acerca de la posibilidad de juzgar por crímenes de guerra a los socios de Washington en un eventual ataque, Zunes estimó que mi impresión es que la CPI sólo podría levantar tales cargos si cuenta con pruebas de atrocidades premeditadas y deliberadas.
Dado que hay muchos perpetradores de masacres deliberadas aún libres, creo que habría renuencia a ampliar el alcance de la CPI para juzgar a soldados que accidentalmente maten a civiles en el curso de una guerra, arguyó.
Al mismo tiempo, persisten serias cuestiones morales y legales respecto de las bajas civiles accidentales en guerra, que deberán ser enfrentadas en algún momento, puntualizó.
La CPI parece el ámbito adecuado para que la comunidad internacional discuta este trágico y evitable fenómeno, concluyó.
