Los abusos de las fábricas de papel de Indonesia llevaron a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) a pedir que los donantes internacionales vinculen su asistencia a ese país con el cumplimiento de los derechos humanos y laborales con el respeto del ambiente.
La organización humanitaria con sede en Nueva York acusó este martes a la industria de procesamiento de papel y pulpa de madera de violar los derechos humanos y de propiedad de la población local, así como de destruir el ambiente de la occidental provincia de Riau en los últimos 20 años.
En un informe de 90 páginas titulado Sin remedio: violación de derechos humanos en la industria indonesia de la pulpa y el papel, HRW observó que este sector industrial se ha apresurado a deforestar a gran escala la región de Riau, urgido por una deuda de más de 20.000 millones de dólares.
Tal presión económica no solo alienta la devastación de las selvas tropicales que aún quedan en el área sino también el surgimiento de tensiones con la población local, según HRW.
El informe se publicó en las vísperas de la conferencia del Grupo Consultivo sobre Indonesia que reunirá a donantes bilaterales y multilaterales y funcionarios en la meridional isla de Bali los días 21 y 22.
Los donantes deberían exigir a la presidenta Megawati (Sukarnoputri) y a su gobierno que tomen medidas urgentes para poner fin a los abusos, dijo el director de la División Asiática de HRW en Washington, Mike Jendrzejczyk.
También deberían solicitar medidas de largo plazo para acabar con la impunidad con que operan las milicias de las empresas y las fuerzas de seguridad pública y con la confiscación de tierras, que causan conflictos violentos entre la población de Riau y la industria papelera, agregó Jendrzejczyk.
Asia Pulp & Paper (APP), principal productora del papel de indonesia y propietaria de una de las fábricas más grandes de pulpa del mundo, y su asociada Arara Abadi (AA) comenzaron en los años 80 a ocupar tierras de comunidades indígenas malayas y sakai con ayuda de la policía y de las Fuerzas Armadas.
Las comunidades locales no fueron consultadas y tampoco compensadas por sus pérdidas.
El consorcio Sinar Mas, propietario de APP y AA, fue uno de los grupos económicos indonesios más favorecidos por la dictadura de Ahmed Suharto (1967-1998).
Los dirigentes comunitarios de Riau que intentaron resistirse a los denominados proyectos del gobierno han sido con frecuencia víctimas de arresto y golpizas a manos de militares y policías, cuyos jerarcas también recibían beneficios económicos de las operaciones de AAP y AA.
Así como en otros sectores económicos basados sobre la extracción de recursos naturales, como el minero y el petrolero, la concesión de explotaciones forestales fue utilizada por el régimen de Suharto como medio para consolidar su poder político y enriquecer a las fuerzas de seguridad.
A medida que se fortalecía la capacidad de procesamiento de madera de AAP y AA, las compañías fueron cada vez más agresivas en la toma de tierras allende sus plantaciones. Eso condujo a la destrucción de bosques enteros, encomendada a empleados procedentes de otras regiones.
Como consecuencia, las comunidades de Riau, cuya subsistencia se basa sobre los productos que extraen del medio natural, resultaron muy perjudicadas.
Desde el fin del régimen de Suharto, las poblaciones indígenas han protestado cada vez más abiertamente por la pérdida de sus tierras y de sus medios de vida. Pero los esfuerzos canalizados a través de órganos judiciales y del Poder Ejecutivo fueron infructuosos.
Por ese motivo, las comunidades locales comenzaron a apelar a la obstrucción violenta de las operaciones de AAP y AA, y, entre otras medidas, reocuparon tierras, cobraron peajes compulsivos en los caminos y hasta secuestraron vehículos y equipo de las compañías.
Pero esas protestas chocaron con ataques violentos a cargo de milicias integradas por cientos de personas armadas, la mayoría entrenados y a menudo acompañados por fuerzas de seguridad del Estado, según el informe de HRW.
En tres de esos ataques registrados en 2001 y mencionados en el estudio, al menos nueve personas sufrieron heridas graves y 63 fueron capturadas por las milicias de las empresas papeleras, de cuyos integrantes apenas dos fueron arrestados y condenados a solo un mes de prisión.
HRW indicó en su informe que no aprueba las acciones ilegales de las comunidades locales de Riau contra AAP y AA, si bien enfatizó en que la fuerza extrema utilizada por las milicias privadas tampoco es justificable.
El consentimiento de las fuerzas de seguridad del Estado a las milicias y, a veces, la asistencia directa que les brindan dejó a los indígenas sin recursos ante las violaciones de derechos humanos que sufren, sostiene el informe.
La impunidad de los responsables de golpizas está alimentando directamente el círculo de la justicia por mano propia, advirtió HRW.
Los gobiernos posteriores a la caída de Suharto se han comprometido a solucionar el conflicto, pero los avances en ese sentido han sido lentos. Tampoco será suficiente que el gobierno intente poner fin a la actividad de las milicias, según la organización.
El Poder Ejecutivo indonesio y los gobiernos locales deben tomar medidas de largo plazo para fortalecer la independencia del Poder Judicial y crear mecanismos a través de los cuales las comunidades locales puedan formular sus reclamos sobre la propiedad de la tierra, advirtió HRW.
La constitución indonesia y las regulaciones forestales reconocen la propiedad de los indígenas sobre sus tierras, pero muchos funcionarios y empresarios continúan operando bajo la premisa equivocada de que las comunidades locales no tienen derechos porque carecen de títulos, indica el informe.
Setenta por ciento de los gastos policiales y militares de Indonesia aún proceden de emprendimientos empresariales de las fuerzas de seguridad o de su asociación con diversas compañías, lo cual origina frecuentes conflictos de intereses.
HRW se manifestó particularmente preocupada por los planes de APP de duplicar su área de explotación en los próximos meses. La enorme deuda de la compañía, que interrumpió sus pagos en 2001, alimenta las ansias de expandir sus actividades. (
