El FMI reveló las reglas básicas del procedimiento que permitiría a los países con graves problemas de endeudamiento declararse en bancarrota para prevenir crisis monetarias, mecanismo al que se oponen grandes corporaciones financieras.
La subdirectora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Anne Krueger, declaró que el plan será discutido en profundidad por los 24 miembros del Directorio Ejecutivo del organismo con la intención de difundir la versión definitiva en abril.
Entonces se celebrará la primera de las dos conferencia bianuales de 2003 del FMI y el Banco Mundial.
Kruger también dijo el martes de noche que el FMI realizará a fines de este mes una conferencia para considerar la propuesta conocida como mecanismo de restructura de deuda soberana (SDRM, por sus siglas en inglés) para aclarar los problemas pendientes y consolidar un consenso al respecto.
La propuesta del FMI, presentada a fines de 2001 luego del colapso de la economía de Argentina, permitiría a los países con problemas de liquidez la restructura de su deuda soberana y declarar, mientras tanto, la suspensión del pago de esos títulos.
El SDRM es la respuesta del FMI a las últimas crisis en los mercados emergentes, entre ellos Rusia y Corea del Sur, que redujeron en todo el mundo la confianza de los inversores y originaron gran volatilidad financiera y una grave caída de la producción.
Las crisis tuvieron como factor agravante la recurrente apelación a la emisión de bonos públicos, medio de obtención de capital preferida en la última década por los países en desarrollo frente a los créditos bancarios. Eso diversificó el mercado de créditos, pero aumentó el riesgo de los prestamistas.
Krueger, autora de la iniciativa, utilizó como base para su fórmula los procedimientos legales de quiebra de empresas vigentes en Estados Unidos, que tienden a reducir la cantidad de crisis y los problemas económicos asociados con la suspensión de pagos de las deudas.
La funcionaria del FMI explicó el martes que el mecanismo permitiría a un país con deuda insostenible acogerse al procedimiento unilateralmente, sin una confirmación por parte de un tercero de que la acción sea justificable.
El SDRM se desencadenaría cuando el país insolvente notificara su intención a un panel de expertos al que se ha dado en llamar Foro de Resolución de Disputas sobre Deuda Soberana. Los integrantes del órgano serían designados por el director gerente del FMI, pero actuarían con independencia de esa institución.
Algunos directores del FMI esperan que la entidad analice antes de abril la posibilidad de que un tercero – – posiblemente el propio Fondo – – certifique de manera independiente la declaración de insustentabilidad de la deuda por parte de un país.
El plan incluiría, asimismo, la inscripción de los acreedores y la verificación de los bonos que cada uno posee. Entre las medidas dirigidas a garantizar la transparencia y las responsabilidades, el país deudor estará obligado a revelar toda la información respecto de su endeudamiento.
El Foro de Resolución de Disputas sobre Deuda Soberana dispondrá de 30 días para verificar los datos aportados por deudores y acreedores y para arbitrar el conflicto.
El FMI indicó que no había razón para excluir de los procedimientos un periodo de interrupción del repago de la deuda soberana. Esa posición choca con la de grandes corporaciones financieras como el estadounidense Citigroup, la angloestadounidense JP Morgan Chase y la alemana Deutsche Bank.
Ese periodo serviría para proteger al deudor durante la etapa inicial del proceso de restructura de la deuda pública y daría a los acreedores tiempo con el fin de organizarse suficientemente para votar una extensión del plazo de repago, explicó el FMI.
Krueger dijo también que ese plazo alentaría a los acreedores y deudores a comprometerse en negociaciones para la restructura de la deuda.
Luego de ese periodo, un país sólo podría restructurar su deuda con la anuencia de al menos 75 por ciento de los acreedores registrados.
El nuevo esquema pondría fin a los enormes paquetes de ayuda financiera internacional a los países pobres que sufren repentinas fugas de capital. La mayoría de esa ayuda ha estado tradicionalmente a cargo del FMI y de los países del Norte industrial.
Los críticos de los habituales paquetes de asistencia han solicitado desde hace años el establecimiento de un mecanismo mundial de declaración de bancarrota de países endeudados como el propuesto por Krueger.
Pero siete organizaciones de acreedores privados – – entre ellos el Instituto de Finanzas Internacionales, que reúne a cientos de firmas de 60 países, y las asociaciones de Créditos a los Mercados Emergentes, de Accionistas Industriales y de Mercados de Valores – – rechazaron el SDRM en diciembre.
Las fallas inherentes del sistema propuesto por el FMI podrían desestabilizar la economía mundial, debilitar el flujo de capital a los países en desarrollo y afectar los intereses de los acreedores, advirtieron las organizaciones, que concentran miles de millones de dólares en bonos de gobiernos del Sur.
Los acreedores privados advirtieron que ningún cambio en ningún aspecto específico del SDRM alterará las serias preocupaciones que les origina la propuesta.
Los inversores privados aceptan la responsabilidad por sus decisiones de inversión y de crédito y no procuran que ninguna organización oficial cubra las posibles pérdidas, sostuvieron, en alusión al FMI.
Sin embargo, el Grupo de los Siete países más industrializados del mundo dio en septiembre su apoyo al FMI para que afinara los detalles del SDRM. De todos modos, se prevé que pasarán dos o tres años antes de que el mecanismo se aplique.
No sólo los acreedores privados cuestionaron el plan. Países deudores como Brasil y Polonia manifestaron su temor de que el sistema desaliente a los inversores de prestar dinero a gobiernos de países considerados riesgosos, lo cual elevaría el costo del crédito. (
