Estados Unidos debilitó en 2002, por segundo año consecutivo, las normas de protección del ambiente y de la salud pública, aseguró el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC).
El presidente George W. Bush reunió a todas las agencias federales que supervisan programas ambientales, en un esfuerzo coordinado por relajar la regulación de las industrias minera, petrolera, forestal, química y automovilística, entre otras, sostuvo el NRDC, una organización ecologista estadounidense.
Uno de los ejemplos más claros de ese esfuerzo es la reforma de la Ley de Aire Limpio para exonerar a las centrales de energía y refinerías más antiguas del país de la obligación de instalar sistemas modernos de control de las emisiones contaminantes al ampliar sus instalaciones.
Esta medida provocará el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, en lugar de reducirla, como exige el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, del cual Estados Unidos se retiró en 2001.
Un estudio de la institución Pew Charitable Trusts reveló que unos 30.000 estadounidenses mueren en forma prematura cada año sólo debido a la contaminación causada por las centrales de energía a carbón.
Otra medida gubernamental nociva para el ambiente en 2002 fue el debilitamiento o la eliminación de protecciones previstas en la Ley de Agua Limpia para los humedales y cursos de agua, además de la exoneración a la industria minera de normas sobre la eliminación de residuos, señaló NRDC.
El estudio también cita la eliminación de la exigencia de evaluaciones ambientales e información pública en lo referente a actividades forestales, mineras, petroleras y otros proyectos en bosques y otras tierras públicas.
Además, el gobierno intentó que ese tipo de medidas pasaran inadvertidas al anunciarlas por la noche de días viernes o cerca de feriados importantes, observa el informe.
Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental anunció a la prensa los principales cambios a la Ley de Aire Limpio poco después del Día de Acción de Gracias y en vísperas de Navidad.
El informe también señala que el gobierno aceleró desde el pasado noviembre sus esfuerzos para beneficiar a las industrias a expensas del ambiente y la salud, envalentonado por los resultados de las elecciones legislativas de ese mes, que fortalecieron la mayoría del gobernante Partido Republicano.
Sin embargo, los estadounidenses votaron por muchas cosas en noviembre, pero no votaron por un ataque generalizado al ambiente, comentó Gregory Wetstone, director de campaña de NRDC.
Las protecciones ambientales nacionales habían sido desafiadas antes, pero nunca habían enfrentado una amenaza tan grande, insidiosa y destructiva como la de la administración Bush y el nuevo Congreso, añadió Wetstone.
Otros críticos señalaron que el embate de Bush contra las normas ambientales abarca también la interferencia con los nombramientos en cientos de paneles y consejos que asesoran al gobierno federal en cuestiones de ambiente y salud pública.
El gobierno coloca en esos paneles a candidatos dispuestos a promover su agenda política y excluye al resto, acusaron varios científicos en una conferencia de prensa realizada en Washington el pasado jueves.
Por ejemplo, 15 de los 18 miembros de la comisión asesora del director del Centro Nacional para la Salud Ambiental, que evalúa el impacto de sustancias químicas sobre la salud humana, fueron destituidos el año pasado.
Entre los nuevos miembros figura el ex presidente del Instituto de Toxicología de la Industria Química.
El gobierno de Bill Clinton (1993-2001) no excluía a los candidatos de esta manera, comentó Lynn Goldman, ex administradora asistente de la Agencia de Protección Ambiental y profesora de la Facultad Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Jopkins.
El nivel de plomo en la sangre humana es ahora 10 veces menor que hace algunos años gracias a los paneles asesores que contribuyeron a eliminar el plomo de la gasolina, recordó Goldman, y citó como otro ejemplo el límite impuesto al nivel de arsénico en el agua de consumo.
El gobierno dice que algunas decisiones de protección a la salud pública carecen de base científica y entonces las obstaculiza con el argumento de que no se puede progresar si no existe certeza, señaló David Michaels, del Instituto de Salud Pública de la Universidad George Washington.
Sin embargo, lo que carece de certezas son los procesos industriales, concluyó Michaels. (
