El desplazamiento en China de cientos de miles de personas para dar lugar a la polémica represa de Tres Gargantas está marcado por la corrupción, falta de compensación adecuada y violaciones a los derechos humanos, afirmó la estadounidense Red Internacional de los Ríos (IRN).
Casi 600.000 personas desplazadas quedaron libradas a su suerte en zonas desconocidas, con escasa o nula ayuda del gobierno, sostiene un informe publicado esta semana por la Red, una organización ambientalista con sede en California.
El informe se basa en una investigación realizada en el terreno por la IRN en colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG) Weed, Urgewald, Declaración de Berna e Iniciativa Halifax.
Al menos 1,2 millones de personas serán reubicadas antes de que el histórico valle del río Yangtzé quede sumergido río arriba de la represa, que será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica del mundo.
Se prevé que el embalse comenzará a inundarse en abril y para junio alcanzará una profundidad de 135 metros y una extensión de 500 kilómetros hasta Chongqing, el futuro centro industrial del interior del país.
Como resultado, las gestiones de reubicación de los residentes del área a sumergir se intensificaron, aumentando la tensión entre las autoridades responsables de la construcción del dique y municipios y aldeas locales destinados a desaparecer bajo el agua.
Creemos que la cuestión de la reubicación no está recibiendo la atención necesaria, porque la compensación y la reubicación de aquellos que pierden sus hogares y su sustento son una gran confusión, comentó Doris Shen, de IRN, una de las autoras del informe.
La represa de Tres Gargantas, con una capacidad de generación prevista de 18.200 megavatios, ha sido el sueño de las autoridades chinas por más de 80 años.
Se prevé que proveerá energía eléctrica a decenas de millones de hogares, además de hacer el río más navegable, incluso para buques oceánicos, y controlar las inundaciones que han asediado al valle del Yangtzé durante milenios.
Pero numerosos grupos ambientalistas y científicos se oponen al proyecto con el argumento de que extinguirá especies únicas de flora y fauna, transformarán el embalse en una sentina y reducirán la fertilidad en la llanura sujeta a inundaciones, río abajo.
Varios arqueólogos también protestaron contra el proyecto porque inundará monasterios de varios siglos de antigüedad y otras reliquias históricas, religiosas y culturales.
Pero el aspecto más polémico del proyecto, aparte de su costo de 30.000 millones de dólares como mínimo, es el destino de las personas que desarraigará.
El informe de IRN, titulado Derechos humanos pisoteados en Tres Gargantas y basado en entrevistas con personas afectadas, revela que la compensación a los reubicados es inferior al valor de reemplazo de sus propiedades.
Además, las tierras y los empleos prometidos a los desplazados de áreas urbanas y rurales ya no están disponibles.
La tierra ofrecida resultó ser de calidad inferior, y de los casi 600.000 desplazados hasta el momento, más de 100.000 debieron abandonar del todo el área de Tres Gargantas, dice el informe.
Ademas, autoridades locales desviaron aparentemente gran parte del presupuesto de reubicación hacia otros proyectos, como la construcción de hoteles, caminos y otras obras de infraestructura.
Existe la creencia generalizada de que funcionarios locales utilizaron el proyecto como una oportunidad para llenar sus propios bolsillos, señaló IRN, y agregó que se han documentado varios casos de malversación de fondos.
A estos problemas se agrega el hecho de que el gobierno no estableció un mecanismo independiente para considerar las quejas de las personas desplazadas, y como resultado, éstas no tienen otro recurso que la protesta pública.
Las protestas muchas veces resultaron en incidentes de violencia excesiva de la policía contra los manifestantes, muchos de los cuales terminaron en prisión.
Asimismo, funcionarios de seguridad expulsaron por la fuerza a muchas personas que se negaban a abandonar sus hogares, y en algunos casos quemaron sus casas.
Estos problemas no sólo pusieron en aprietos al gobierno chino, sino también a las agencias de créditos para exportación de Canadá, Alemania, Suecia, Suiza y Brasil, que ofrecieron fondos principalmente para la compra de equipos producidos por empresas de esos mismos países.
China también pidió fondos al Banco Mundial y al Export-Import Bank de Estados Unidos, pero éstos decidieron no participar debido a las posibles consecuencias ambientales y sociales del proyecto.
Las agencias de créditos de exportación y los gobiernos que los respaldan son responsables del impacto de la represa de Tres Gargantas, incluso de los problemas de reubicación y las violaciones a los derechos humanos, acusó Fraser Reilly-King, coordinador del Grupo de Trabajo sobre la agencia de créditos para la exportación de Canadá.
IRN instó a todos los gobiernos que participen de una u otra forma en los intentos de presionar a Beijing para que mitigue el impacto de la represa y otorgue a los reubicados una compensación adecuada, que les permita mejorar o al menos mantener su anterior nivel de vida.
La Red también ereclamó la creación de un mecanismo independiente de presentación de quejas y la libertad de los manifestantes encarcelados. (
