La polarización en Venezuela entre oficialistas y opositores amenaza los derechos humanos y ha causado la muerte de 71 personas desde el último trimestre de 2001, señaló este martes la organización no gubernamental (ONG) humanitaria Provea.
La oposición tiene derecho a la manifestación y a la huelga, pero el gobierno debe garantizar el acceso a alimentos y el libre tránsito, advirtió Provea, (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, que divulga un informe anual sobre la situación humanitaria del país cada 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Este martes, en la novena jornada del llamado paro cívico contra el presidente Hugo Chávez, la provisión de combustible mejoró tras la militarización de algunos centros de despacho de camiones cisterna, pero escasearon la leche, los jugos y los enlatados de gran demanda, entre otros productos.
Provea y otras 10 ONG humanitarias sostuvieron que para resolver el conflicto es preciso recurrir al mecanismo democrático por excelencia: la consulta popular, en una declaración en la cual pidieron a la población no atender ningún llamado a la violencia.
Esa demanda coincide con la de los impulsores del paro cívico, convocado por las mayores organizaciones de trabajadores y empresarios y por los 34 grupos de la Coordinadora Democrática, para pedir un referendo en febrero de 2003 sobre la permanencia de Chávez en el poder.
Sin embargo, con el paso de los días han aumentado los reclamos de renuncia inmediata del mandatario.
Millares de partidarios del gobierno y de la oposición realizan manifestaciones callejeras en las principales ciudades y en los alrededores de instalaciones petroleras, desde el comienzo de la medida de fuerza.
Estamos a tiempo de ver cuál salida construimos, porque estamos en riesgo de violencia, advirtió el coordinador de Provea, Carlos Correa.
De los 71 muertos mencionados en el informe, 61 perdieron la vida en abril, en circunstancias relacionadas con un frustrado golpe de estado y con la exitosa reacción de los seguidores de Chávez, seis en otros sucesos en Caracas, y cuatro fueron líderes campesinos asesinados por sicarios.
En la noche del lunes al martes, cinco emisoras de televisión privadas de Caracas y cinco más de otras ciudades fueron rodeadas durante un par de horas por centenares de partidarios de Chávez que manifestaron su enojo por la cobertura de la huelga que realizaron esos medios de comunicación, por considerarla parcial.
En Caracas no hubo violencia física, pero las emisoras de otras ciudades fueron atacadas por grupos de exaltados, y tres de ellas sufrieron destrozos de mobiliario, maquinaria y otros equipos.
Los hechos fueron condenados de inmediato por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien conduce en Caracas una mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, hasta ahora infructuosa.
Quiero expresar mi más enérgica condena a tales actos, que ponen en grave riesgo la libertad de expresión en Venezuela, dijo Gaviria, quien departía con directivos de emisoras privadas de televisión cuando se produjeron los hechos de violencia.
Los medios de comunicación tienen derecho a tener una línea editorial, pero no a torcer los hechos en función de esa línea. Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pero no a agredir. La única salida es dialogar para cambiar las actitudes de los medios y de los manifestantes, aseveró Correa.
Liliana Ortega, de la ONG Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (cuando se produjo el llamado caracazo contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez) consideró escandaloso el cerco a las emisoras de televisión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección a medios y periodistas en Venezuela, destacó.
No sé si hay algún funcionario del gobierno venezolano que esté consciente de lo que significa desacatar esas medidas provisionales de la Corte Interamericana. El último desacato fue en el régimen de (el ex presidente de Perú) Alberto Fujimori y le llegó el final que todos conocemos, comentó Ortega.
Periodistas, directores y publicistas de medios de comunicación reunidos este martes en Caracas se declararon en emergencia ante las agresiones continuas de parte del gobierno, que anoche funcionaron como un plan coordinado, según su portavoz Ivéyise Pacheco, directora del tabloide caraqueño Así Es.
Nicolás Maduro, dirigente del oficialista Movimiento Quinta República, deploró los actos de vandalismo, pero opinó que las manifestaciones frente a las televisoras fueron protestas de gente cansada de nueve días de noticias negativas sobre el presidente Chávez.
Correa sostuvo que el conflicto incluye un grave problema de reconocimiento del otro.
Cuando gobierno y oposición hablan de pueblo, se refieren al sector de la población que los acompaña, y la ausencia de acuerdos estimula la violencia, explicó.
Una consulta popular que ayude a reducir la violencia debe ser producto de un acuerdo entre las partes y no la imposición absoluta de una de ellas, enfatizó Provea.
La ONG consideró necesario que el marco de una consulta popular incluya un árbitro electoral confiable para todas las partes, presencia de observadores internacionales y compromiso de los medios de comunicación de dar cabida a la diversidad de opciones.
Pero más allá de la consulta electoral, la inclusión social de las mayorías excluidas es un componente vital de la profundización de la democracia, destacó Provea.
La adopción de medidas progresivas en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales debe ser parte de los acuerdos a que lleguen las partes en conflicto, agregó. (FIN/IPS/hm/mp/hd ip/02
