La población venezolana acató de modo parcial este lunes la cuarta huelga general en un año convocada por la oposición política, sindical y empresarial en reclamo de un referendo consultivo sobre la permanencia en el gobierno de Hugo Chávez.
Sin embargo, la guerra de cifras fue la constante durante el día entre opositores que proclamaron el éxito y fuentes del gobierno que señalaron el fracaso de la huelga, que comenzó a la hora 10:00 GMT y cuya duración no fue fijada por los organizadores reunidos en un comando permanente.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, aseguró que la paralización de actividades afectó 80 por ciento de la actividad económica, mientras que la ministra del Trabajo, María Iglesias, afirmó que 80 por ciento de los trabajadores acudieron a su lugar de tareas.
Los reportes de medios de comunicación llegados del interior del país indicaron que la huelga fue acatada en la mayor parte de las industrias manufactureras privadas y tiendas comerciales, la educación, la construcción, los servicios de salud, el transporte terrestre interurbano y en algunas aerolíneas y petroquímicas.
En cambio, permanecieron activos los sectores claves del petróleo y del gas, la industria pesada y las empresas de electricidad, telecomunicaciones y de agua potable.
En Caracas, continuaron funcionando el transporte público subterráneo y de autobuses, aunque el resto de la vida capitalina reflejó la aguda polarización política de Venezuela.
El este caraqueño, donde se concentra la clase media y alta, estaba casi desierto, mientras la zona oeste, en la que reside la población de menos recursos, bullía de actividad y una gran vía del centro se convirtió en un mercado de comestibles, organizado por el gobierno y custodiado por militares.
Cova dijo que la huelga comprende a 16 millones de los 23,2 millones de venezolanos, en tanto Iglesias replicó que quienes producen 85 por ciento del producto interno bruto del país están trabajando normalmente.
El objetivo de la huelga es despejar la ruta democrática, para que el (Poder) Ejecutivo presente a la Mesa de Negociación una propuesta electoral como salida pacífica a la crisis, dijo a IPS el diputado Timoteo Zambrano, del socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo, uno de los delegados de la opositora Coordinadora Democrática.
La Mesa de Negociación fue instalada gracias a los oficios del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, quien admitió el fin de semana que el juego está trancado, aunque insistió en que continuará con sus esfuerzos y pidió que nadie se crea dueño de la verdad.
A ese ámbito concurren seis representantes gubernamentales y otros tantos de la oposición, que congrega a la CTV, la asociación empresarial Fedecámaras y a la Coordinadora Democrática, que reúne a 34 partidos y organizaciones no gubernamentales.
La Mesa también debe buscar acuerdos para fortalecer los tribunales de contralor electoral, conformar la llamada Comisión de la Verdad destinada a establecer planes para desarmar a la población civil e investigar los sangrientos incidentes de comienzos de abril.
Una multitudinaria marcha opositora al gobierno terminó el 11 de abril en un confuso tiroteo en el que murieron 18 personas, para derivar al día siguiente en un movimiento cívico militar que derrocó por dos días a Chávez, en medio de desórdenes y saqueos, con un saldo de otros 68 muertos.
El diputado Zambrano precisó que la propuesta opositora es efectuar un referendo consultivo el 2 de febrero de 2003, en el que se pregunte al electorado si está de acuerdo o no con solicitarle a Chávez que renuncie inmediatamente a la presidencia.
Por su parte, el diputado oficialista Nicolás Maduro, también miembro de la Mesa, insistió ante IPS en que el gobierno considera esa consulta inconstitucional, pues se trata de disfrazar un referendo revocatorio, alternativa que la Constitución contempla como posible aunque a partir de agosto de 2003.
Zambrano destacó que el referendo revocatorio es la única propuesta que no puede hacer el gobierno, pues equivaldría a que todos, oficialismo y oposición, le pidiéramos al presidente la renuncia, e insistió en que Chávez quiere ganar tiempo y patear el tablero.
La Mesa sólo ha logrado elaborar una especie de listado de alternativas electorales posibles, como los referendos consultivo y revocatorio, una enmienda constitucional que recorte el actual periodo de gobierno -que vence en 2006- o la convocatoria a una asamblea constituyente, como la que elaboró una nueva Constitución en 1999.
El presidente de CTV, Carlos Ortega, uno de los líderes de las cuatro huelgas contra Chávez de diciembre de 2001, de abril, de octubre y de este lunes, anunció que está dispuesto a convertir este paro pasivo en uno activo, y tomar pacíficamente las calles para exigir la salida electoral.
Pero Maduro acusó a la oposición de pretende reeditar el libreto de abril. Sin embargo, los venezolanos estamos preparados y ya no podremos ser emboscados como en abril, advirtió.
En tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Robert Zimmermann, expresó en una rueda de prensa en Washington su preocupación por la crisis que afronta Venezuela y recomendó elecciones nacionales como única solución posible a la crisis política.
Zimmerman instó al gobierno y a la oposición venezolana a actuar con moderación y responsabilidad con los derechos democráticos.
Grupos de partidarios de Chávez recorrieron este lunes las calles del centro de Caracas en apoyo al gobierno, mientras que la oposición convocó a golpear cacerolas por la noche en protesta.
A su vez, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, pidió al pueblo mantenerse en sus casas, no caer en provocaciones y seguir el paro (huelga) en la búsqueda de espacios electorales para encontrar una salida a la crisis. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
