El gobierno de Perú respondió con dureza este miércoles a las críticas de Santiago contra la orden municipal de cierre de una fábrica de fideos chilena, instalada en una zona de la capital peruana declarada reserva natural.
La crisis entre los dos países estalló esta semana, cuando el Concejo Municipal Metropolitano de Lima decidió no prorrogar el plazo para que la empresa Luchetti desaloje antes de dos semanas su fábrica de la reserva ecológica de los Pantanos de Villa.
La disputa entre el gobierno limeño y Luchetti por el retiro de su planta productora de pastas de esa zona del sur de la ciudad se arrastra desde hace más de cinco años, pero se constituyó en cuestión de Estado con el intercambio de fuertes declaraciones de portavoces de Perú y de Chile.
El canciller peruano, Allan Wagner, dijo este miércoles a una radio de Lima que el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre su país y Chile no puede aplicarse en el caso Luchetti, pues la firma construyó su planta industrial en los Pantanos de Villa en 1997, antes de que entrara en vigor el convenio.
Wagner respondió así al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Chile, Jorge Tarut, quien adujo ese acuerdo bilateral para amenazar con recurrir a un arbitraje internacional en respaldo de Luchetti.
La empresa chilena se instaló en la capital peruana gracias a un permiso del municipio de Chorrillos, con jurisdicción sobre Pantanos de Villa, pero el Concejo Metropolitano de Lima no autorizó el funcionamiento de la fábrica en un principio debido a que la zona elegida cuenta con protección ambiental.
El litigo entre las dos autoridades municipales quedó zanjado poco después de modo irregular, luego que Andronio Luksic, propietario de la firma y líder de una de las corporaciones más grandes de Chile, lograra el respaldo del ex jefe del Servicio de Inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos.
El descubrimiento el año pasado de un vídeo en el que aparece Luksic sobornando a Montesinos, hoy preso por delitos de corrupción, determinó que la Municipalidad Metropolitana de Lima reabriera el caso y revocara la licencia de operación de la empresa.
Además, las autoridades decidieron el 16 de este mes no ampliar el plazo otorgado a Luchetti para que desactivara la planta de los Pantanos de Villa.
Luchetti acudió entonces en demanda de apoyo al gobierno chileno de Ricardo Lagos y anunció el martes que en las próximas 48 horas demandará al estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD).
Hasta ahora, portavoces del gobierno de Alejandro Toledo se limitaron a señalar que el asunto era de carácter municipal y que, si la empresa consideraba que la decisión del Consejo Metropolitano de Lima lesionaba alguno de sus derechos, debería recurrir a los tribunales de la justicia peruana.
El área de los Pantanos de Villa contiene unas 80 hectáreas de humedales situadas en el extremo sur de Lima, a unos 600 metros de la playa de Villa, encajonadas por expansivas urbanizaciones. Es considerada la principal reserva de oxígeno de esta capital de ocho millones de habitantes.
Los humedales son zonas donde la presencia de agua dulce proporciona vida a diversas variedades de especies vegetales y animales, pero están en franca destrucción por acción del hombre, según consigna la edición de septiembre de la revista National Geographic.
La Convención Internacional de Ramsar de 1971, a la cual Perú adhirió en 1991, incluye a los Pantanos de Villa entre los ocho humedales protegidos en su territorio y que el estado debe proteger.
Jorge Alvarez, miembro del Foro Ecológico, una entidad conformada por organizaciones no gubernamentales que han asumido la defensa de los Pantanos de Villa, indicó que esa área de humedales se ha reducido 25 por ciento en los últimos años.
Luchetti no es el primer caso de una instalación industrial en los Pantanos de Villa, pero es la gota que rebasó el vaso, por sus dimensiones, las irregularidades e infracciones cometidas en los trámites de instalación y por el sospechoso interés de la empresa por instalarse en ese lugar, apuntó el activista.
Alvarez explicó que construir en la zona vecina al pantano es más caro que en otro lugar, porque los cimientos son más costosos, y por eso se sospecha que Luchetti se instaló allí para hacer un uso indebido y peligroso de los cursos de agua subterránea que alimentan y mantienen el humedal.
No hay que olvidar que, casi al igual que el trigo, el agua es una de las materias primas importantes en la elaboración de fideos, agregó.
Por su parte, Miguel Quispe, vecino de la fábrica de Luchetti, aseguró el día 6 al diario limeño La República que la empresa tiene tres pozos subterráneos de más de 300 metros de profundidad para extraer agua del subsuelo.
Si eso es cierto, Luchetti está atentando directamente contra la conservación del humedal, puntualizó Alvarez.
La empresa chilena desmintió que haga uso de aguas subterráneas en la fabricación de pastas de trigo, y en el comunicado difundido este miércoles informa que se abastece de agua a través de una tubería de más de un kilómetro y que su desagüe es arrojado a la red del alcantarillado de la ciudad.
Luchetti también sostuvo que en la decisión municipal de desalojo primaron criterios políticos y no técnicos y aludió al informe técnico emitido en octubre por el Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú, el cual establece que la planta no se encuentra en el interior de la zona protegida.
También informó que cuenta con una certificación internacional de 1999, que fue confirmada sin observaciones en los años siguientes por la empresa alemana RWTUV.
La firma chilena añadió que en sus inmediaciones funcionan otras dos industrias, pertenecientes a las empresas transnacionales de origen estadounidense 3M y Kimberly Clark, que no han sido cuestionadas por el Municipio de Lima.
El abogado de Luchetti en Perú, Jorge Avendaño, indicó este miércoles que los tribunales internacionales decidirán si corresponde o no que vean la demanda que se presentará contra el Estado peruano. (FIN/IPS/al/dm/en ip/02
