Una coalición internacional de más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) pidió al gobierno de Estados Unidos el compromiso de no emplear minas antipersonales si lanza un ataque contra Iraq.
Esa coalición, llamada Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés) y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997, aseguró que Washington ya ha acumulado mas de 90.000 minas antipersonales en varios países, para su eventual uso en una guerra en Medio Oriente.
El empleo de minas terrestres antipersonales en Iraq revertiría casi una década de compromiso estadounidense con la meta de total eliminación de esas armas, y desafiaría el amplio repudio internacional a las mismas, del cual participan los más estrechos aliados militares de Estados Unidos, comentó Jody Williamss, quien compartió ese premio con la ICBL en 1997.
Washington no debería emplear minas antipersonales en Iraq ni en ninguna otra parte, añadió.
Sembrar minas antipersonales en Iraq debilitaría el apoyo al liderazgo estadounidense en el mundo, y ofendería a los Estados firmantes del tratado para prohibir esas armas, advirtió William H. Luers, presidente de la ONG Asociación Estadounidense de las Naciones Unidas (UNA-USA, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.
También bloquearía los propios esfuerzos de Washington para impulsar en el mundo la tarea humanitaria de retirar minas antipersonales, que se desarrolla en Afganistán, Angola, Camboya y Líbano, entre otros países, pronosticó.
El gobierno de Estados Unidos ha brindado pleno apoyo a la campaña Adopte un Campo Minado, lanzada en 1999 por la UNA-USA con la meta de eliminar las minas terrestres antipersonales de países devastados por la guerra, añadió Luers.
Esa campaña ya permitió reunir más de 6.200 millones de dólares donados por ciudadanos estadounidenses para la remoción de minas en Afganistán y otros cinco países muy afectados por ellas armas, despejar más de tres millones de metros cuadrados, e iniciar trabajos en curso en otra superficie equivalente.
Los actuales compromisos de Washington con la remoción de minas son mayores que los de cualquier otro gobierno, pero si Estados Unidos usa tales armas en Iraq, enviará un mensaje muy negativo y contradictorio a sus aliados en esa tarea, subrayó Luers.
El Tratado de Prohibición de Minas Terrestres entró en vigencia en 1997, ha sido ratificado por 146 países y es apoyado por todos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), excepto Estados Unidos.
Grecia y Turquía, dos integrantes de la OTAN cuya histórica disputa por Chipre los mantiene al borde de la guerra, se comprometieron a firmar en forma simultánea ese tratado.
La posición en la materia de Washington, impulsada sobre todo desde el Departamento (Ministerio) de Defensa, es condicionar la firma del tratado en 2006 a que Estados Unidos disponga para entonces de alternativas desarrolladas y probadas a las minas terrestres.
El gobierno encabezado por el presidente George W. Bush estudia planes para un ataque contra Iraq que incluyen la posibilidad de usar minas antipersonales, según un informe divulgado el mes pasado por la Oficina General de Contabilidad, un organismo del Congreso para el contralor del Poder Ejecutivo.
Los autores de ese informe indicaron que las minas antipersonales no fueron eficaces en términos militares cuando se las usó en la Guerra del Golfo de 1991, y que en ese conflicto contra Iraq resultaron incluso contraproducentes en algunos casos.
En la Guerra del Golfo hubo por lo menos 81 bajas estadounidenses causadas por minas antipersonales iraquíes o de origen desconocido, afirmaron.
La participación de cualquier país en operaciones militares conjuntas con un ejército que emplee minas antipersonales sería una clara violación del espíritu del tratado contra tales armas, advirtió la ICBL a potenciales aliados de Washington contra Iraq que han ratificado ese tratado.
El tratado establece la prohibición de apoyar en cualquier forma el uso de minas antipersonales, y la obligación de rehusarse a participar en cualquier operación que involucre el uso de esas armas, apuntó.
La coalición de ONG también objetó el transporte de minas antipersonales por territorio de países que firmaron el tratado, que obliga a todos los Estados a abstenerse en cualquier circunstancia de asistir, estimular o inducir de algún modo actividades prohibidas por la propia convención.
Las motivos para prohibir las minas antipersonales sobre los cuales hay básico consenso de la comunidad internacional son tres.
El primero es que causan daño en forma indicriminada, el segundo es que tienen efectos indeseables excesivos en relación con su utilidad militar, ya que casi 90 por ciento de sus víctimas han sido civiles, y el tercero es que causan sufrimiento innecesario, en violación de las convenciones de Ginebra para regular la guerra. (FIN/IPS/tra-eng/td/ml/mp/ip/02
