Francia, escenario en 1789 de la más importante revolución contra la monarquía absolutista que ha ocupado un lugar destacado en la vanguardia de los derechos humanos y políticos, dio este año un histórico giro a la derecha.
El derechista Jean Marie Le Pen ingresó en abril, con apenas 17 por ciento de los votos, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de mayo. El presidente derechista Jacques Chirac, quien a la postre resultó elegido, obtuvo entonces 19,6 por ciento de los sufragios.
Le Pen, de 75 años, realiza campañas políticas desde los años 60 caracterizadas por el odio racial y duros ataques a los inmigrantes, a los que acusa de todos los males de Francia.
Al elegir a Le Pen para que participara en la ronda final con el presidente Jacques Chirac, el electorado dejó en el camino al candidato socialista y entonces primer ministro Lionel Jospin, quien obtuvo 17 por ciento de los votos.
Chirac se convirtió entonces en el símbolo de la resistencia democrática a Le Pen, pese a que tuvo el más bajo apoyo para un ex presidente en la segunda vuelta desde 1958. El 5 de mayo, en la ronda final, fue elegido con 82 por ciento de los votos para un segundo periodo hasta 2007.
Pero, de hecho, Chirac mantuvo en su campaña posturas similares a las de Le Pen. El presidente francés condenó lo que llamó un aumento de la inseguridad bajo el gobierno socialista que encabezó hasta este año Jospin, a quien acusó de ser blando con la delincuencia.
Después del triunfo de su Unión por la Mayoría Presidencial en las elecciones parlamentarias de junio, Chirac puso en práctica muchas medidas represivas que Le Pen había prometido.
El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, prohibió actividades hasta este año no consideradas delictivas, como la tradicional forma de mendigar de los gitanos y las reuniones de inmigrantes pobres en lugares públicos.
Además, el gobierno está construyendo nuevas prisiones para adolescentes, rompiendo con una antigua tradición de defensa a la infancia en las leyes francesas.
Las nuevas reglas también limitan el contacto entre los sospechosos de haber cometido delitos y sus abogados en las primeras 36 horas de detención.
El gobierno de Chirac también ha tomado medidas para sacar del territorio a los refugiados e impedir que otros ingresen, en tanto procura acuerdos con varios países para que los inmigrantes vuelvan a su lugar de origen.
Las autoridades prevén clausurar el campamento para refugiados de Sangatte, en la costa noroccidental, donde 60.000 inmigrantes clandestinos, la mayoría afganos y kurdos, recibían alimento, refugio y asesoría legal.
Lo que ahora tenemos es el programa de Le Pen puesto en práctica por un así llamado gobierno democrático, dijo el principal dirigente de la Unión de Abogados Franceses, Bruno Marcus.
El nuevo gobierno quiere transformar la sociedad francesa en un estado policial, dijo el presidente de la no gubernamental Liga de Derechos Humanos, Michel Tatiana.
Por su parte, el presidente de la Unión Francesa de Magistrados, Ulrich Schalchi, acusó a Sarkozy de fortalecer las potestades de la policía en perjuicio del Poder Judicial.
Los medios de prensa conservadores apoyan las medidas represivas en nombre de la lucha mundial contra el terrorismo.
El canal privado de televisión TF1 señaló en una serie de programas que las comunidades musulmanas radicadas en los alrededores de las ciudades más importantes de Francia son reservorios del terrorismo islámico.
Es precisamente por esos adolescentes criminales que el gobierno creará centros educativos cerrados a comienzos de marzo, afirmó días atrás en televisión la periodista Claire Chazal. Los centros educativos cerrados son el eufemismo oficial para referirse a las prisiones para menores.
Estos informes televisivos fueron una lamentable propaganda. Tenían el objetivo de hacer creer a la gente que el Islam en las afueras de las ciudades es un terreno fértil para el terrorismo, pero sin aportar ninguna prueba, sostuvo el periodista Daniel Scheiderman, del periódico Le Monde.
El gobierno señala que las nuevas leyes expresan el deseo del pueblo de erradicar el crimen, y ya está preparando una serie de medidas represivas para 2003.
El ministro de Justicia, Dominique Perben, anunció una reforma de la fiscalía general y del organismo oficial a cargo de la lucha antiterrorista.
El ministro será quien a partir de ahora designará a los fiscales para los casos más graves, una medida que muchos ven como una amenaza a la separación de poderes.
Las nuevas reformas incluso autorizarían a la policía provocar actos criminales si contribuyen a llevar a buen término una investigación. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/rp/mj/02
