Continúa en aumento la mayoría relativa de los ciudadanos del septentrional País Vasco español que se oponen a la independencia de esa comunidad autónoma, según una encuesta realizada por la coalición nacionalista moderada que la gobierna y divulgada este jueves.
El sondeo fue realizado en octubre, días después de que el presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, anunciase un plan para convertirlo en un Estado libre asociado con España, en régimen de soberanía compartida.
Ese plan fue rechazado por el gobernante Partido Popular (PP) y por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que es el mayor de la oposición.
Según la encuesta, los vascos encuestados en octubre que expresaron desacuerdo con la independencia fueron 34 por ciento del total, tras ser 31 por ciento en mayo y 24 por ciento en 1998.
En el extremo opuesto, los partidarios de la independencia fueron en octubre 25 por ciento de los consultados, la misma proporción que en 1998 y tres puntos porcentuales más que en mayo.
Treinta y dos por ciento de los entrevistados en octubre dijeron que estarían en acuerdo o desacuerdo con la independencia, según las circunstancias.
Mucho menos divididas estuvieron las opiniones de los encuestados sobre la violencia, rechazada por 86 por ciento del total. Eso implica una fuerte condena a las acciones del grupo ilegal ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o sea Patria Vasca y Libertad en lengua vasca).
La Comunidad Autónoma Vasca, una de las 17 que integran España, está formada por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Los nacionalistas entienden que también es vasca la Comunidad de Navarra, cuyos ciudadanos resolvieron lo contrario en un referendo realizado en 1979.
El sector nacionalista también reivindica como partes integrantes del País Vasco a tres regiones de Francia.
Las comunidades autónomas españolas tienen poderes Ejecutivo y Legislativo propios, elegidos en comicios libres y con amplias facultades, entre ellas las vinculadas con la educación, que en el País Vasco se imparte en lengua vasca y castellana.
Del Ejecutivo vasco depende una policía autónoma, responsable del control del tráfico y de la seguridad ciudadana.
El rey de España, Juan Carlos, se refirió a la vigencia de la Constitución en su discurso de Nochebuena, y eso fue interpretado como una alusión a las reivindicaciones nacionalistas vascas.
La Carta Magna tiene como principal virtud vertebrar a España como nación plural, y es integradora de su rica diversidad, garantizando los derechos y libertades de todos los españoles por igual, sostuvo.
Ese marco constitucional legitima a la sociedad democrática para combatir toda actividad terrorista, contando con los medios que proporciona el Estado de Derecho, alegó el monarca.
El terrorismo es rotundamente inmoral, aseveró.
En la actualidad, y como fruto de las elecciones realizadas en junio de 2001, el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión, Eusko Alkartasuna, suman 33 diputados en el Parlamento Autónomo vasco, de 75 integrantes.
El PP tiene en ese cuerpo 19 diputados, el PSOE 13, la proetarra Euskal Herritarrok siete, e Izquierda Unida, basada en el Partido Comunista, tres diputados.
Los comicios de 2001 determinaron que la bancada de Euskal Heritarrok, que tenía 14 legisladores, disminuyera a la mitad.
Euskal Herritarrok cambió su nombre por Batasuna, y están en marcha sendos procesos de ilegalización para ambas denominaciones, por presunta complicidad con ETA.
Uno de esos procesos fue incoado por el juez Baltasar Garzón, y el otro lo inició el gobierno central ante el Tribunal Supremo, por mandato parlamentario.
El ministro de Justicia, José María Michavila, hizo este jueves un balance de las actividades oficiales contra ETA y afirmó que ese grupo está más asfixiado que nunca.
ETA surgió en los años 60, bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), y al comenzar la transición democrática de 1976-1977, todos sus presos fueron amnistiados. Un sector de ese grupo renunció a la violencia y otro aún la ejerce, con asesinatos selectivos y atentados indiscriminados.
Michavila anunció que el gobierno propondrá una reforma del Código Penal para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas impuestas a condenados por actos de terrorismo que no se arrepientan de haberlos cometido.
Los presos etarras gozan de los mismos derechos que los demás condenados del país, entre ellos los de estar alojados en celdas individuales, con computadoras para su uso personal, recibir cara a cara a visitantes y acceder a libertad condicional tras cierto tiempo de cumplir sus condenas.
Uno de los últimos casos de libertad condicional de un etarra fue el de Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a 298 años de cárcel por seis asesinatos cometidos en 1978 y 1979.
Gil cumplió 12 años de prisión y en octubre de este año salió en libertad condicional sin haber dado muestras de arrepentimiento, según el servicio de Instituciones Penitenciarias.
A partir de ahora, los terroristas sabrán que no les saldrá barato pegar tiros en la nuca, comentó a IPS el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, al conocer el anuncio de Michavilla.
Hay que actuar desde el Estado de Derecho con firmeza democrática contra los terroristas, afirmó.
El PSOE también respaldó la iniciativa gubernamental anunciada por Michavilla, pero su portavoz parlamentario Luis Caldera pidió que se convoque a la comisión del Pacto Antiterrorista (formada por el PP y el PSOE) para discutir en forma conjunta ese proyecto y uno de contenido similar que prepara su partido.
Pero el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, dijo que el proyecto es un acto de venganza y acusó al gobierno presidido por José María Aznar de ser indulgente con el terrorismo de Estado, mientras al de ETA le cae todo el peso de la ley.
Es sarcástico que Aznar presente este tipo de iniciativas cuando el general (Enrique) Rodríguez Galindo ha pasado las Navidades en su casa.
Ese militar fue condenado a 71 años de prisión por los secuestros y asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, perpetrados bajo el gobierno del PSOE (1983-1996) que precedió al actual del PP. (FIN/IPS/af/mp/ip/02
