El sistema de salud pública de El Salvador ha sido paralizado por una huelga de tres meses contra su privatización, y el déficit de servicios puede crear caos social en enero.
Cerca de 85 por ciento de los 11.500 funcionarios del estatal Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) se han sumado a la huelga, lanzada el 19 de septiembre y cuyas consecuencias se agudizaron el 24 de este mes, cuando los grandes hospitales públicos cesaron todos sus servicios, incluso los de emergencia.
Eso ocurrió pese a la presión del gobierno, que hace más de tres meses decidió retener los salarios de los huelguistas, como medida de presión para que regresaran a sus labores.
Se calcula que unos 1.100 de los funcionarios en huelga son médicos de diferentes especialidades. Los demás son personal de enfermería y otros trabajadores de los hospitales, y todos piden que el presidente Francisco Flores frene la aplicación de políticas que consideran tendentes a la privatización.
A esa demanda se suman las de liberar a cinco dirigentes sindicales que fueron encarcelados, reinstalar a varios funcionarios despedidos y pagar los salarios retenidos.
El conflicto está en muy mal momento, y estamos seguros de que se va a poner peor en enero, dijo a IPS el cirujano Isaías Cordero secretario general del sindicato de médicos del ISSS.
Los médicos en huelga han decidido formar brigadas y atender a personas enfermas en plazas públicas de distintas comunidades, pero no dentro de los hospitales, indicó.
Para nosotros esta Navidad y este Año Nuevo no son una época de celebración sino de preocupación, agregó Cordero, quien advirtió que el mes próximo podrían sumarse a la huelga empleados públicos de educación, acueductos y transporte.
El gobierno promovió una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica, que no ha logrado resultados. En la actualidad, las conversaciones están interrumpidas.
El propio Flores dirigió un mensaje a por cadena de radio y televisión a los médicos huelguistas, a cada uno de los cuales ofreció el pago por adelantado de hasta 1.500 dólares por volver a trabajar.
Si tú, médico del Seguro Social, aún no te has reincorporado, puedes hacerlo y recibir recursos por adelantado que podrás amortizar trabajando horas extras, dijo.
El mandatario salvadoreño pidió realizar todas las consultas y cirugías que se suspendieron, y advirtió a los especialistas que serían reemplazados por otros médicos si no reanudaban sus labores.
Sin embargo, los dirigentes sindicales dijeron a IPS que no habrá reincorporación al trabajo ni se permitirá el ingreso de otros médicos a los hospitales, hasta que el gobierno deje de lado sus políticas privatizadoras.
No importan los costos, los trabajadores estamos en pie de lucha y llegaremos hasta las últimas consecuencias, aseguró a IPS Ricardo Monge, secretario general del sindicato de trabajadores del ISSS.
Con nuestra lucha estamos enviando un mensaje a América Latina y al mundo. No podemos dejar que los poderosos arrasen con el patrimonio que pertenece al pueblo, añadió.
El conflicto se politizó al involucrarse en él los principales partidos de derecha y de izquierda.
La gobernante Alianza Republicana Nacional (Arena) y el opositor Partido de Conciliación Nacional (PCN), ambos de derecha, criticaron con dureza la huelga, apoyada por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que reafirmó su oposición a las políticas neoliberales de Flores.
Arena y el PCN llamaron a cesar la huelga, con el argumento de que pone en peligro la salud de miles de salvadoreños, y alegaron que la privatización de algunos servicios sanitarios mejoraría la atención a los usuarios.
No podemos obligar a los médicos a que retomen sus puestos, por eso es que la invitación ha sido a que reflexionen, indicó el vicepresidente Carlos Quintanilla.
El gobierno no puede permitir que la huelga se mantenga durante meses, y en las próximas semanas podría tomar medidas, advirtió.
En octubre pareció próximo un acuerdo, cuando el gobierno emitió un decreto para prohibir la privatización de los servicios de salud, pero los parlamentarios de Arena y el PCN derogaron esa norma en el unicameral Congreso el 19 de diciembre, y eso llevó las negociaciones a punto muerto.
Algunos analistas piensan que el conflicto y su desenlace influirán sobre la conducta de los ciudadanos en las elecciones municipales y parlamentarias del 16 de marzo, pero señalan que podría beneficiar tanto a la izquierda como a la derecha. (FIN/IPS/nms/mp/lb he/02
