El Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso duras condiciones a dos de los países más pobres del mundo, Nicaragua y Zambia, pese a su compromiso de permitir a los países prestatarios más control sobre sus respectivas economías.
La institución financiera había adoptado hace tres meses una serie de pautas para otorgar más autonomía a los prestatarios en la conducción de sus programas económicos, pero la semana pasada impuso a Nicaragua y Zambia nuevas condiciones que, según los críticos, provocarán efectos desastrosos en esos países.
El Fondo exigió a Nicaragua, un país centroamericano empobrecido por dictaduras, desastres naturales y guerras civiles, que privatice sus recursos hídricos a cambio de un crédito, aunque el parlamento nacional suspendió todos los planes de privatización.
Las empresas e instalaciones a privatizar incluyen a la firma estatal Hidrogesa y las represas hidroeléctricas.
Asimismo, el FMI anunció a Zambia, un país africano devastado por la deuda externa, la mala administración y las enfermedades, que postergará la condonación de 1.000 millones de dólares de su deuda hasta que venda su banco comercial estatal, el Zambia National Commercial Bank.
Las exigencias del Fondo provocaron la furia de funcionarios, líderes opositores y grupos de la sociedad civil de los países involucrados y otros.
Según los críticos, las nuevas condiciones contradicen totalmente la afirmación del FMI de que se está convirtiendo en una institución de no intervención.
En octubre, el Fondo publicó nuevas pautas en sustitución de las de 1979, consideradas excesivas, contraproducentes e invasoras de las políticas nacionales.
Funcionarios del FMI, entre ellos el director gerente Horst Koehler, anunciaron ceremoniosamente que reducirían las condiciones de sus créditos y otorgarían a los países prestatarios mayor autonomía en la determinación de sus programas económicos.
Los funcionarios afirmaron que la institución dejaría de imponer condiciones estructurales detalladas y retomaría su mandato original de controlar políticas monetarias y fiscales.
Pero las nuevas exigencias a Zambia y Nicaragua demuestran que el Fondo tiene dificultades para abandonar su hábito de presionar a los países pobres y que las necesidades de los pueblos afectados es de importancia mínima, señalaron los críticos.
Zambia está negociando el alivio de su deuda externa de más de 6.500 millones de dólares a través de la iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), del FMI y el Banco Mundial.
Pero para concederle la reducción de su deuda, el Fondo le exige la venta de sus empresas públicas, una medida que dejaría sin empleo a decenas de miles de personas.
Líderes opositores y sindicales de Zambia están indignados y anunciaron que resistirán la presión del FMI con todas sus fuerzas.
Nicaragua, cuyo presidente Enrique Bolaños goza del apoyo de Estados Unidos, no manifestó oposición oficial a las nuevas condiciones de la sociedad civil, pero grupos de la sociedad civil expresaron su descontento.
Los grupos Public Citizen (estadounidense), Centro Humboldt, Centro de Estudios Internacionales y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtieron que las exigencias del FMI significarán un desastre para los 4,8 millones de nicaragüenses.
La privatización exigida por el Fondo podría conducir a exportaciones de agua y al aumento del precio de las tarifas, enriqueciendo a las grandes empresas a expensas del pueblo, advirtieron los críticos.
Además, agregaron, el FMI pasa por alto una ley aprobada por unanimidad en agosto por la Asamblea Nacional de Nicaragua que suspendió todas las concesiones privadas de agua hasta que se realice un debate nacional sobre el asunto.
Una vez más, el FMI pasa por encima de una democracia, lamentó Sara Grusky, de Public Citizen.
El FMI realiza un salto olímpico por encima de las decisiones de la Corte Suprema, la Oficina del Controlador General, la Asamblea Nacional y la Constitución de nuestro país, añadió Ruth Herrera, representante del grupo nicaragüense Red Nacional de Defensa del Consumidor.
Economistas del Fondo replicaron que la institución se propuso reformar sus condiciones de crédito, no abolirlas. (FIN/IPS/tra-en/em/ml/mlm/dv/if/02
