La situación humanitaria de Colombia va camino de agravarse debido a planes oficialistas para aumentar las potestades del Poder Ejecutivo y fortalecer el paramilitarismo, advirtió la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Las iniciativas gubernamentales equivalen a un retorno del estado de sitio, dijo a IPS el presidente de la CCJ, Gustavo Gallón, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebrará este martes.
El estado de derecho se verá amenazado si el parlamento aprueba propuestas en discusión para recortar el presupuesto de la Corte Constitucional y eliminar las llamadas personerías, que son organismos autónomos departamentales y municipales para controlar el respeto de los derechos humanos, arguyó.
Gallón expresó también su preocupación por el aumento de la actividad de paramilitares de derecha y por un proyecto de reforma que aumenta las atribuciones de la Fiscalía, contra recomendaciones de organismos internacionales.
La CCJ, filial de la Comisión Andina de Juristas, tiene estatus de organismo consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La eliminación de las personerías significaría acabar lo poquito bueno que tiene la población colombiana en medio de esta tragedia que estamos viviendo, en medio de esta agresión tremenda que padecemos a los derechos humanos desde hace muchos años, advirtió Gallón.
La medida es impulsada por el presidente Alvaro Uribe en el marco de la reducción del gasto público, con el argumento de que el funcionamiento de las personerías cuesta unos 48 millones de dólares por año.
Activistas por los derechos humanos y sectores parlamentarios señalan que la eliminación de las personerías dejaría a la deriva la atención de unos 90.000 casos de desplazamiento forzado, más de 47.000 de violencia intrafamiliar y 63.500 otros abusos.
Además, la Procuraduría General de la Nación debería hacerse cargo de 826.000 casos penales atendidos en la actualidad por las personerías municipales, y de 25.000 casos de tutela (derecho de amparo) atendidos por las 54 personerías de municipios con más de 100.000 habitantes, destacan.
La eliminación de las personerías no sólo se discute en el parlamento, sino que el gobierno también impulsó su inclusión entre 18 asuntos que serán plebiscitados mediante preguntas acordadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, una vez que se cumplan dos trámites parlamentarios del proyecto.
Pero el presidente del Congreso, Luis Ramos, miembro de la bancada oficialista, retiró su apoyo a esa iniciativa a último momento, y ahora parece probable que las personerías se mantengan, aunque no está garantizada la aprobación de su presupuesto de funcionamiento.
El proyecto de reforma constitucional para aumentar las potestades de la Fiscalía, cuya discusión en el Senado está prevista para esta semana, permitiría a ese organismo realizar capturas, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones sin permiso previo de jueces.
Ese proyecto fue presentado por el oficialista senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, así como otro en discusión parlamentaria que alarma a Gallón, cuyo objetivo es restaurar potestades de la justicia militar para juzgar a civiles.
Las iniciativas de Pardo son contrarias a recomendaciones de la relatora especial sobre violencia contra la mujer de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la organización no gubernamental internacional Human Rigths Watch, con sede en Estados Unidos, subrayó Gallón.
Otro grave motivo de preocupación son los síntomas de fortalecimiento del paramilitarismo, mediante la creación de una red de informantes y la implementación de un sistema de soldados campesinos, previsto por la ley desde hace varios años pero nunca aplicado en gran escala, apuntó.
Además de la paramilitarización, es previsible un aumento de la militarización. Una cosa no excluye la otra, afirmó.
La red de informantes, prometida por Uribe en su campaña electoral, es un mecanismo mediante el cual civiles informan a las autoridades sobre actividades insurgentes y reciben pago semanal por ello, en los llamados lunes de recompensa.
El sistema de soldados campesinos es una modalidad de servicio militar con dedicación parcial, en la cual se permite pernoctar en el hogar, y se impulsa para aumentar el peso de las fuerzas de seguridad en zonas con fuerte presencia guerrillera.
Los involucrados reciben durante 10 semanas instrucción militar, junto con clases de ética, civismo, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
¿Qué tan útiles pueden ser los soldados campesinos que reciben una arma y un entrenamiento, sin que haya quien los controle? ¿Qué hacen esos soldados en la media jornada que se les asigna?, preguntó Gallón.
Ese sistema es un estímulo al paramilitarismo, en parte activo y en parte pasivo, porque no existe ni se siente ni se ve, como tampoco existía antes, una política orientada a enfrentar el fenómeno por parte del actual gobierno, explicó.
El 28 de noviembre, los primeros 380 soldados campesinos se incorporaron a la Quinta Brigada del ejército, con sede en la ciudad de Bucaramanga, capital del centrooriental departamento de Santander.
La idea es que ustedes ayuden a combatir el terrorismo que ha afectado la gobernabilidad en muchos municipios, les dijo, a manera de bienvenida, el deneral Duvan Pineda.
El gobierno espera contar en corto plazo con 10.000 nuevos soldados campesinos, según la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez.
Uno de los beneficios de ese sistema es el ahorro, porque incorporar a la misma cantidad de soldados mediante el servicio militar común costaría tres veces más, y si se tratara de soldados profesionales, seis veces más, comentó Alfredo Rangel, ex asesor del Ministerio de Defensa.
Las autoridades también se proponen reincorporar a unos 20.000 agentes policiales jubilados, para llegar a la meta de 140.000 policías.
El principal centro de gravedad del conflicto colombiano es el control del territorio, y el objetivo gubernamental es recuperar ese control, o por lo menos contener la expansión de los grupos guerrilleros y paramilitares hacia nuevas zonas del país, opinó Rangel.
El plan de soldados campesinos debe implementarse primero en zonas relativamente tranquilas, para extenderse luego a áreas cuyo control haya sido recuperado previamente por las fuerzas regulares y el conjunto del Estado, añadió. (FIN/IPS/yf/dm mp/hd ip/02
