Francia aumenta su presencia militar en Costa de Marfil, mientras organizaciones de derechos humanos manifiestan temor de que la guerra civil conduzca a un baño de sangre.
El ejército francés envió 300 soldados esta semana al puerto de Abidjan, lo que eleva sus presencia militar en el país africano a 2.600 uniformados. Francia comenzó a enviar sus tropas poco después del inicio de la guerra civil, el 19 de septiembre.
Al reforzar su aparato militar (en Costa de Marfil), Francia pretende facilitar una solución política al conflicto e impedir una catástrofe humanitaria, aseguró el canciller francés, Dominique de Villepin. Nuestra única intención es garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses y extranjeros, agregó.
De Villepin manifestó su pleno respaldo a los esfuerzos diplomáticos de gobiernos africanos para poner fin a la guerra civil. Mandatarios de Africa occidental pidieron la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Francia aspira a que las negociaciones se celebren en París, con la presencia de todos los líderes de la región que buscan una solución, afirmó el ministro.
La intervención francesa en Costa de Marfil solo sirvió para que el gobierno de Laurent Gbagbo reorganizara y renovara el equipamiento de su ejército y para salvar al presidente del colapso que se avecinaba por la escalada insurgente, afirmaron críticos en París.
El ejército francés impuso un cese de las hostilidades en el centro y en el occidente del país, lo cual permitió que el gobierno consolidara el control sobre Yamoussoukro, la capital, y el puerto de Abidjan, centro económico del territorio.
Las fuerzas francesas también protegen las plantaciones de cacao en el occidente y el puerto de San Pedro, en el occidente. Costa de Marfil es el principal productor mundial de cacao.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó que Costa de Marfil está a punto de ingresar en un estado de guerra generalizada.
La organización con sede en Londres propuso una movilización internacional inmediata para impedir un baño de sangre similar al sufrido por Ruanda en 1994, cuando en dos meses combatientes de la etnia mayoritaria hutu dieron muerte a 500.000 miembros de la minoría tutsi y hutus moderados.
Amnistía acusó al gobierno de Costa de Marfil y a los rebeldes de cometer crímenes originados por el odio étnico, y sostuvo que las fuerzas gubernamentales realizaron ejecuciones sumarias, la mayoría contra habitantes del norte del país.
Cuatro de los 16 millones de habitantes de Costa de Marfil son descendientes de las vecinas Malí y Burkina Faso, la mayoría de los cuales viven en el norte del país, cerca de la frontera con esas dos naciones.
Fuerzas del gobierno acosaron a simpatizantes de la Unión de Republicanos, el partido político del ex primer ministro Alassane Outtara, a quien se impidió ser candidato en las elecciones presidenciales de 2000 porque su apellido es característico de la población septentrional y, por lo tanto, no podía ser considerado ciudadano.
Amnistía informó el jueves sobre la aparición de tumbas masivas en la ciudad de Bouaké, controlada por fuerzas rebeldes. Además, a comienzos de este mes fueron descubiertos unos 120 cuerpos de supuestos extranjeros en una tumba masiva en la occidental región de Monoko-Zohi, región disputada por el gobierno y los rebeldes.
Escuadrones de la muerte cercanos al gobierno asesinaron a dirigentes opositores, especialmente en Abidjan, según diversos informes. Algunos sobrevivieron gracias a la protección francesa. Outtara vive en la embajada de Francia desde el 19 de septiembre.
Francia rechazó todo uso de la violencia y toda violación de los derechos humanos, y, a pesar de su propia presencia militar en el país africano, toda interferencia extranjera, y alertó que la guerra civil podría generalizarse en Africa occidental. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/mj/ip/02
