Luiz Inácio Lula da Silva eligió como prioridad económica, una vez que asuma el gobierno de Brasil este miércoles, reformar la previsión social para reducir el déficit fiscal y corregir una de las grandes desigualdades del país.
Modificar el sistema previsional es un desafío político tan grande como es, en términos operacionales y económicos, erradicar el hambre entre los 54 millones de pobres brasileños, la principal meta social anunciada por Lula para sus cuatro años de mandato.
El mismo izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que en pocas horas más se hará cargo de la presidencia y defiende reformas previsionales profundas, ayudó a rechazar medidas con el mismo objetivo del actual presidente Fernando Henrique Cardoso, precisaron miembros del gobierno saliente.
La fuerte resistencia de sindicatos, políticos y trabajadores en general, en especial funcionarios públicos, permitió que la oposición, aunque muy minoritaria, impidiera la aprobación de propuestas para aumentar el mínimo de edad jubilatoria y exigir contribuciones de los funcionarios públicos retirados.
Sin embargo, una amplia reforma de ese sistema es considerada indispensable para equilibrar las cuentas del gobierno, ya que la previsión constituye la segunda mayor fuente del déficit público, sólo superada por los intereses de la deuda.
El futuro ministro de la Previsión, Ricardo Berzoini, anunció que promoverá un cambio radical, como es la unificación de las reglas de jubilación, poniendo fin a los dos regímenes actualmente en vigor.
Los trabajadores del sector privado se jubilan con un ingreso máximo de 1.561 reales (unos 445 dólares), mientras los funcionarios públicos lo hacen con montos iguales a los de sus colegas en actividad y a veces hasta superiores por la promoción de rango al retirarse.
En la actualidad, dos tercios de los 20 millones de jubilados y pensionistas del sector privado ganan sólo el salario mínimo, fijados en 200 reales (unos 57 dólares). La brutal reducción de ingresos obliga a muchos a seguir trabajando después del retiro, en general en el sector informal de la economía.
En cambio, los jubilados de la administración nacional, de los gobiernos estaduales y municipales reciben en promedio ocho veces más que quienes trabajaron en la actividad privada.
Esa distorsión significa que el sector público responda por más de tres cuartos del déficit de la previsión social, calculado este año en 70.000 millones de reales (20.000 millones de dólares) por el ministro saliente, José Cechin.
Así, pocos millones de los llamados inactivos del servicio público cuestan tres veces más, en términos de déficit público, que 20 millones de jubilados de las empresas privadas o del trabajo por cuenta propia.
Esa antigua desigualdad no era cuestionada hasta que se agravó en las dos últimas décadas por la reducción del techo impuesto a la jubilación privada. Pero ahora se hizo intolerable, no por cuestiones éticas, sino por el desequilibrio de las finanzas públicas.
El gobierno de Lula tendrá que doblegar los intereses de las propias bases del PT, donde se destacan los funcionarios públicos, además de la oposición parlamentaria, para impulsar su reforma previsional.
Berzoini, miembro del PT y ex presidente del Sindicato de Bancarios de Sao Paulo, cree que será posible convencer de la necesidad de la medida a la población, incluso a los afectados. No habrá previsión social segura para nadie si quiebra el país, argumentó.
Su propuesta, aún en elaboración, es que haya un sistema único, con un techo, similar al fijado para el sector privado. Los que quieren elevar sus ingresos después del retiro deberán contribuir a fondos de pensión.
Pero los cambios no perjudicarían a los funcionarios públicos ya jubilados, cuyos derechos adquiridos serían respetados.
En tanto, para los empleados estatales en actividad se definiría una regla de transición, aplicándose el régimen actual para el periodo trabajado hasta que se apruebe el nuevo sistema unificado.
Todo indica que no será fácil la aprobación parlamentaria de la medida en elaboración, ya que se trata de una enmienda constitucional que exige mayoría de 60 por ciento de los diputados y senadores, en dos votaciones en cada una de las ramas legislativas.
La coalición gubernamental, que asumirá este miércoles, encabezada por el PT la suma de pequeños partidos, dispone sólo de 240 diputados en 513 y de 40 por ciento del Senado de 81 miembros, admitió el coordinador político del futuro gobierno, José Dirceu.
Pero Lula espera que la búsqueda de un pacto social, en el que deben estar involucrado todos los sectores del país, pueda contribuir a la aprobación de proyectos polémicos como este de la previsión social.
Para eso está constituyendo un Consejo de Desarrollo Económico y Social, que tendrá representantes del gobierno, de empresarios, sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y de organizaciones no gubernamentales, para apoyar iniciativas necesarias al progreso de Brasil.
Obtener consenso en torno a la reforma previsional es el primer objetivo encargado al secretario de ese Consejo, Tarso Genro, otro dirigente del PT.
Genro fue alcalde de Porto Alegre, la meridional ciudad brasileña que se convirtió en símbolo del modo de gobernar del PT, que la administra desde hace 14 años con intensa participación popular. (FIN/IPS/mo/dm/ip/02
