La depresión económica de Argentina aumentó la brecha social y dejó a los pobres aún más expuestos al delito y la violencia, una situación agudizada por el retiro del Estado de sus funciones de seguridad y que lleva a la justicia por mano propia.
Este fenómeno quedó en evidencia en octubre, cuando vecinos del barrio Las Catonas, en las afueras de Buenos Aires, incendiaron una vivienda en la que se reunían ladrones, traficantes minoristas de droga y desarmadores de autos robados, todos amparados por el destacamento policial del lugar.
El abandono del Estado de su papel protector y la vinculación frecuente de la policía con las redes del delito, provocó este año una naturalización peligrosa de las respuestas violentas y desesperadas de personas amenazadas que procuran defenderse por sí mismas, dijo a IPS el abogado Gustavo Palmieri.
El colapso económico provocó el aumento de la delincuencia, pero también la respuesta violenta de ciudadanos desprotegidos, la complicidad de la policía con el mundo del crimen y la completa desarticulación de los organismos del Estado que deberían estar encargados de mediar en los conflictos, añadió.
Palmieri es responsable del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, integrado por abogados, sociólogos, politólogos y otros expertos que estudian los fenómenos de violencia policial y sugieren políticas de seguridad.
Los pobres son los que más sufren la delincuencia, la violencia y el llamado gatillo fácil policial, y por eso tienen reacciones desesperadas, pero, si se los consulta, muchos creen que la solución pasa por controlar a la policía y dar una mayor contención social a los jóvenes para que no caigan en el delito, explicó.
El perfil del nuevo delincuente, elaborado por dos sociólogos argentinos a pedido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que la mayoría de ellos tienen menos de 25 años y son primerizos.
El informe también sostiene que carecen de empleo y de estudios y la pobreza influye en forma contundente en su comportamiento.
Datos del Ministerio de Seguridad de la oriental provincia de Buenos Aires, donde vive casi 40 por ciento de los 37 millones de argentinos, señalan que la cantidad de homicidios creció allí de cinco a siete por día entre 2001 y 2002 y que se denuncian siete robos por hora, sólo 25 por ciento de los ilícitos reales.
El bajo porcentaje de robos denunciados es una expresión de la desconfianza de los ciudadanos en las investigaciones de la policía y en las posibilidades de resolver los casos por parte de la justicia.
Las denuncias se hacen sólo cuando hay un seguro para cobrar, comentó a IPS un agente de policía que prefirió el anonimato.
Este año, además, irrumpió en Argentina el llamado secuestro rápido con fines de extorsión, que de algunos casos excepcionales en el pasado pasó a ser ahora moneda corriente.
Los delitos aumentaron en forma pareja en general, pero el secuestro rápido se incrementó en de modo geométrico, sostuvo el informe del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Los sectores sociales medio, medio alto y alto comenzaron a vencer la inseguridad y la inacción policial con la proliferación de barrios cerrados con custodia privada, la contratación de vigilancia particular en las esquinas, guardaespaldas, alarmas, seguros y hasta la utilización de automóviles con blindaje.
Pero entre los sectores de menores recursos en Argentina, donde la pobreza abarca hoy a casi 52 por ciento de la población, muchos se vieron empujados a organizarse en grupos de autodefensa, en algunos casos de forma muy violenta, ante el abandono de los cuerpos de seguridad estatal.
Un estudio realizado por la consultora Graciela Romer indicó que 15 por ciento de los habitantes de la provincia de Buenos Aires consultados tienen armas, mientras otro 23 por ciento manifestó deseo de obtenerlas para proteger su casa, su familia o su negocio ante el incremento de la delincuencia.
La seguridad se ha deteriorado en Argentina al punto de que en los últimos meses han pasado casi inadvertidos hechos de violencia que tiempo atrás hubieran causado una verdadera conmoción.
Un ejemplo de ello fue el caso de un hombre en Lanús, una localidad en el sur de la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que este mes mató a balazos a un niño de 13 años que intentó robar los adornos del árbol navideño que tenía al frente de su casa.
Cerca de esa vivienda, una niña, también de 13 años, fue muerta cuando intentaron robarle su bicicleta, aunque en circunstancias distintas.
En esta última ocasión, la niña portaba un revólver que su madre le había entregado para que se defendiera si era asaltada, pero, en el intercambio de disparos, la falta de experiencia en el manejo de armas le costó la vida.
Los ataques de vecinos que toman la justicia en sus manos son cada vez más frecuentes en otras zonas de los alrededores de la capital argentina.
En la occidental localidad de José C Paz un hombre mató a golpes a un joven que supuestamente una semana atrás había intentado robarle su camioneta, mientras otro fue asesinado a balazos por un grupo de personas que lo señalaron de haber abusado de una niña de 12 años.
Todos esos hechos tienen similitud con la muerte a balazos de un hombre hace seis años a manos del propietario de un automóvil al que intentaba robar. Sin embargo, en esa oportunidad se registró un gran despliegue de los medios de comunicación.
Argentina está viviendo un proceso de aumento de la desigualdad social en materia de acceso a la educación, a la salud, a la justicia, pero la mayor desigualdad que tenemos hoy se observa en el terreno de la inseguridad pública, comentó Rosendo Fraga, analista del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
Los ricos confían su protección a la seguridad privada, a guardaespaldas, en cambio los más pobres no tienen esa posibilidad por falta de recursos, sostuvo Fraga, al explicar porqué los que menos tienen son quienes más piden que se aumenten las penas para los delitos contra la propiedad privada.
La desesperación muchas veces responde a esa falta de protección, añadió.
En la medida en que el Estado no cumple con su papel de proveer de seguridad pública, entonces terminamos en la ley de la selva, donde cada uno intenta protegerse solo aunque sea a costa de causar más víctimas, concluyó. (FIN/IPS/mv/dm/ip dv/02
