La comunidad homosexual expresó satisfacción por la aprobación este viernes en la legislatura de la capital argentina de la norma que legaliza las uniones de un mismo sexo, pero advirtió que la meta es la igualdad de derechos con las parejas heterosexuales.
Buenos Aires se convirtió así en el primer distrito de América Latina en otorgar reconocimiento legal a las parejas de hecho con independencia de sexo u orientación sexual, como señala la iniciativa que había sido presentada hace 16 meses.
El proyecto fue aprobado en general en la madrugada de este viernes, con 29 votos a favor y 10 en contra, tras cinco horas de tensos debates en la última sesión del año de la Legislatura de la Ciudad de Buenos por la presencia de miembros de la asociación de homosexuales y de grupos vinculados a la Iglesia Católica.
La Comunidad Homosexual Argentina, impulsora de la iniciativa, está conforme con el resultado de la votación, pues es un avance, aunque se trata de un reconocimiento mezquino de nuestros derechos, señaló a IPS el presidente de la entidad, César Cigluitti.
Para nosotros, gay y lesbianas, la meta es la igualdad total de los derechos civiles respecto de los heterosexuales, lo cual significa avanzar hacia el matrimonio civil, la adopción y el derecho a la sucesión del cónyuge, detalló Cigliutti, un activista desde hace 18 años de la comunidad homosexual.
La norma establece que las parejas de homosexuales con residencia en Buenos Aires podrán anotarse a partir de abril en un registro de uniones de hecho, para obtener un certificado que les otorga derechos hasta ahora reservados a matrimonios civiles de heterosexuales.
Para ello, las parejas de gay y lesbianas deberán demostrar mediante testigos que mantienen una convivencia de dos años como mínimo.
Con ese certificado, la pareja de hecho podrá compartir los beneficios del seguro médico del cónyuge que sea titular de la prestación y se respetarán derechos humanos básicos, como poder ingresar a la terapia intensiva de un cónyuge enfermo, un beneficio exclusivo hasta ahora para uniones legales.
También los homosexuales podrán acceder a los partes médicos del cónyuge hospitalizado o faltar al trabajo con permiso en caso de fallecimiento de la pareja.
Los homosexuales somos ciudadanos a la hora de votar, pero cuando se trataba de esos derechos humanos teníamos un trato diferente y discriminatorio, explicó Cigliutti.
Este activista, que mantiene una convivencia estable desde hace cinco años con su pareja, comentó que los problemas que tienen las parejas heterosexuales de hecho para compartir las prestaciones médicas de uno de ellos se multiplican cuando se trata de homosexuales y requieren acreditar el vínculo.
Recibimos todo tipo de burlas, ironías, y el trámite nunca se concreta, aseguró.
La nueva situación legal de parejas de hecho en Buenos Aires es un avance respecto de la norma nacional, que reconoce esas uniones sólo entre heterosexuales y sólo para algunos trámites en los casos de quienes demuestren una convivencia de al menos cinco años.
La norma aprobada este viernes por la Legislatura de la capital argentina no sólo admite por primera vez la unión de parejas del mismo sexo sino que reduce también a dos años la exigencia de convivencia para obtener los beneficios a los matrimonios de hecho de personas de distinto sexo.
El certificado también podrá servir como prueba en casos de litigios, como por ejemplo la división de bienes, para trámites de pensión o para cobrar la jubilación del cónyuge cuando una enfermedad o la edad avanzada le impidan hacerlo por su cuenta.
La autora del proyecto, la jurista especializada en derecho de familia Graciela Medina, consideró que la iniciativa no contempla el matrimonio, pues es una institución a su juicio reservada a parejas heterosexuales.
Medina prefirió entonces restringir la legalidad a las uniones de hecho, incluyendo a heterosexuales y homosexuales.
La experta explicó este viernes que el proyecto reconoce mínimos derechos a las parejas homosexuales que conviven, e informó que existen proyectos de ley similares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
La medida despertó resistencias entre legisladores que esgrimieron cuestiones religiosas para argumentar que la homosexualidad va contra la naturaleza humana o que los gay y lesbianas son enfermos. Otros se opusieron señalando razones de tipo económico o de prioridades.
Las razones presupuestarias están fuera de discusión, porque el costo que acarrea la creación del registro es extremadamente menor al gasto que significaría para el Estado tener que hacerse cargo del auxilio y el cuidado, en la salud y en la pobreza, de compañeros o compañeras homosexuales, comentó Medina.
Asimismo, la jurista consideró que no se trata de evitar el debate porque es menos prioritario que las cuestiones de la pobreza o el hambre.
Reconocer derechos humanos no es reconocer un producto sofisticado. No porque seamos un país del Sur ni porque vivamos una crisis tenemos que, además, ser inhumanos, argumentó. (FIN/IPS/mv/dm/hd ip/02
