La organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo aseguró este miércoles que se apoyó en datos consistentes para denunciar a Ernestina Herrera, dueña del grupo periodístico Clarín y arrestada el martes por presunta adopción ilegal de dos niños que pueden ser hijos de desaparecidos.
La poderosa empresaria, de 77 años, fue detenida por falsificación de documento público, a partir de una investigación judicial sobre irregularidades en su adopción de quienes hoy se llaman Marcela y Felipe Noble Herrera, mediante trámites iniciados en 1976.
Pero la causa correspondiente, a cargo del juez federal Roberto Marquevich e iniciada en 1995 por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo (APM), Estela de Carlotto, está caratulada como supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios.
APM recibió hace muchos años denuncias consistentes de que los hijos adoptivos de Herrera le fueron entregados por el poder militar de entonces, señaló De Carlotto, líder de ese grupo dedicado desde hace 25 años a buscar a hijos de desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).
El juez estudió desde 1995 los trámites de adopción, que en principio parecían legales, y llegó a la conclusión de que estaban plagados de irregularidades evidentes, inconsistencias y contradicciones, explicó.
Esta situación no nos agrada en absoluto, pero si hay dos jóvenes robados hay delito, y en cambio si la adopción es legal el juez lo tiene que decir, sintetizó la activista, quien regresó este miércoles a Buenos Aires tras recibir en Roma una distinción de manos del presidente de Italia, Carlo Ciami.
Integrantes de APM intentaron muchas veces dialogar con Herrera sobre las denuncias en su contra, pero ella nunca aceptó recibirlas, indicó la vicepresidenta de la organización, Rosa Roisinblit.
Nos recibía su secretario, a quien lo único que le interesaba era saber quién nos había acercado la denuncia, relató.
Herrera tampoco aceptó que los jóvenes se sometieran a estudios genéticos que prueben su filiación, y Marcela y Felipe Noble, quienes podían presentarse a esos exámenes contra la voluntad de su madre adoptiva, los eludieron con el argumento de que les podrían causar daños psicológicos, añadió.
Si se niegan es porque tienen algo que ocultar, comentó Roisinblit, quien apuntó que los estudios genéticos, probatorios de filiación con 99 por ciento de certeza, pueden ser realizados en forma compulsiva, si media una orden especial de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso nos vimos obligadas a acudir a la justicia, explicó.
APM suele recibir informes anónimos sobre adopción o presunta retención indebida de quienes podrían ser hijos de desaparecidos. En los últimos años, muchos jóvenes se presentaron en forma voluntaria ante ese grupo para que se les realicen exámenes de material genético, porque tienen dudas sobre su identidad.
Roisinblit destacó que hubo unos 500 casos de niños desaparecidos, en muchos casos nacidos durante el cautiverio de sus madres. De ese total, las abuelas encontraron a 73, a menudo adoptados de manera ilegal y a sabiendas de lo que había ocurrido con ellos.
Pero de esos 73, 14 vivían en armonía con padres adoptivos que los acogieron sin saber que eran desaparecidos, y los familiares biológicos han aceptado que esos jóvenes permanezcan en los hogares en que crecieron, subrayó Roisinblit.
No somos arrebatadoras de niños. Lo que nos interesa es el tema de la identidad, aseveró.
Herrera fue arrestada sin una previa citación del juez para una declaración indagatoria, y pasó la noche del martes en una celda ubicada en la sede de la división de delitos complejos de la Policía Federal.
La detenida es accionista principal del diario Clarín, uno de los que más ejemplares edita en América Latina, y también dueña del Canal 13 de televisión, del canal por cable Todo Noticias, de Radio Mitre, del diario deportivo Olé, y de otros medios de comunicación.
En la noche del martes, la empresa Arte Gráfico Editorial Argentino, editora de Clarín, afirmó en un comunicado que la detención fue abusiva e ilegal, y destacó que la justicia en ningún momento citó a Herrera.
Dos denuncias anteriores contra Herrera por el mismo asunto fueron desestimadas, por el mismo Marquevich en 1995 y por el juez Adolfo Bagnasco en 1998, por carecer de elementos básicos y esenciales para darles sustento, alegó la firma.
Detención arbitraria de la directora de Clarín fue este miércoles el principal titular de ese diario.
Herrera presentó el 13 de mayo de 1976 dos testigos de que una recién nacida había sido dejada ante la puerta de su casa, en una caja de cartón. La justicia le otorgó primero la guarda provisoria de la niña, y luego su adopción legal.
El 7 de julio de ese año, una mujer se presentó a entregar a Felipe en el mismo juzgado en que se tramitaba el caso de Marcela, y el mismo día la dueña de Clarín compareció allí para pedir su adopción, concedida también tras un periodo de guarda provisoria.
En los dos trámites de adopción intervino la jueza Ofelia Hejt, quien falleció luego.
El abogado de Herrera, Eduardo Padilla, sostuvo este miércoles que su clienta es víctima de un abuso del juez.
No existe en el expediente ningún elemento de juicio que justifique la medida (del arresto), y mucho menos ante la actitud de la señora, que siempre estuvo a disposición del juzgado, arguyó.
Padilla comentó que su cliente está en una celda sin ventanas, detrás de una doble puerta de rejas, pero no incomunicada.
En el caso de que Marquevich ordene la prisión preventiva de Herrera tras tomarle declaración, el abogado pedirá que el arresto sea domiciliario, en atención a que la empresaria es diabética y padece también una enfermedad cardíaca. (FIN/mv/mp/hd/02
