La repetida fórmula de un año para olvidar no sirve para aludir al mal desempeño económico de América Latina en 2002, porque la recesión deja como porfiado recuerdo un renovado aumento de la pobreza, acompañado del deterioro de los ingresos y de los servicios sociales.
Los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que este año la cantidad de pobres creció en unos siete millones, de los cuales seis millones corresponden a la categoría de indigentes o de extrema pobreza, debido sobre todo al colapso de Argentina.
Con ello, las personas que no puede cubrir sus necesidades esenciales suman 221 millones, una cantidad que equivale a 44 por ciento de la población de la región, mientras que la indigencia dentro de ese porcentaje trepó de 2001 a este año de 18,6 a 20 por ciento de los latinoamericanos.
América Latina y el Caribe vivió un ciclo de moderado crecimiento económico entre 1990 y 1997, que le permitió reducir cinco por ciento la pobreza, aunque continuó siendo mayor en tres puntos porcentuales al indicador de 1980, precisó el secretario ejecutivo de Cepal, el economista colombiano José Antonio Ocampo.
Los años 80, con la crisis de la deuda externa de por medio, pasaron a la historia como la década perdida para el desarrollo latinoamericano. Una situación que se reprodujo en el escenario económico registrado de 1997 a 2002.
En estos cinco años, la región se caracterizó por un estancamiento del crecimiento económico y de la lucha contra la pobreza y, en algunos casos, por un franco retroceso, señaló Ocampo.
No es, por lo tanto, exagerado afirmar que la población latinoamericana se ha visto afectada por las negativas consecuencias de media década perdida, apuntó.
María Becerra, de 33 años, habitante de un campamento (conjunto de viviendas precarias) en el municipio Peñalolén, de Santiago, se queja de que este año empeoraron sus condiciones de vida.
Mi marido, albañil, estuvo seis meses sin trabajo y se fue a buscar empleo al norte (del país), pero no he vuelto a saber de él. Me dejó sola con los cinco críos, la mayor de 12 y el menor apenas de dos años, contó la mujer a IPS.
Becerra, convertida forzadamente en jefa de hogar de la noche a la mañana, trabaja por horas como empleada doméstica, mientras la mayor de sus hijas se encarga del cuidado de los hermanos más pequeños por la tarde, cuando no va al colegio municipal.
Así, esta mujer pasó en 2002 a formar parte de ese 40 por ciento de latinoamericanos que conforman una fuerza laboral informal, carente de contratos de trabajo, de previsión y cuyo acceso a los servicios sociales es muy dificultoso.
La economía informal y las desregulaciones no han sido una solución real para corregir las desigualdades en América Latina.
Las remuneraciones al trabajo, entendidas como salarios y ganancias, representan alrededor de 80 por ciento de los ingresos en la región, según los cálculos más actuales de Cepal, basados en estadísticas de 1999.
Los hombres jefes de hogar aportan alrededor de 45 por ciento de los ingresos, mientras las contribuciones de las mujeres, en aumento, alcanzan a 32 por ciento. El aporte de las personas de entre 15 y 24 años es de 12,5 por ciento y el de los mayores de 65 años de 3,3 por ciento.
La acción del Estado en cuanto al suministro de servicios sociales básicos, en este panorama de salarios deprimidos por la crisis, debería ser un instrumento de lucha contra la extrema pobreza y de asignación de recursos en pro de una distribución más equitativa de los ingresos.
Sin embargo, aunque no existen estudios actualizados del impacto de la media década perdida en materia de servicios básicos, no es arriesgado estimar un fuerte deterioro de los mismos en aquellos países, como Argentina, más golpeados por la recesión.
El gasto público social por habitante en la región era hasta 1997 de 225 dólares por habitante, de los cuales menos de un tercio, 73 dólares, correspondía al área social básica de educación, salud y agua potable rural y de bajo costo.
En un estudio de los expertos Enrique Ganuza, Arturo León y Pablo Sauma, con información de 13 países, se estableció que el dinero destinado a servicios sociales básicos era sólo 12,4 por ciento del gasto público total.
Para alcanzar la meta de una cobertura total de los servicios sociales básicos se calculaba entonces que era necesario aumentar los recursos hasta 20,4 por ciento del gasto público, meta que a la luz de la evolución económica de los últimos cinco años se hace prácticamente inalcanzable.
La región, con la caída del producto en torno a uno por ciento para este año, está muy lejos de llegar al crecimiento que se requiere para alcanzar en 2015 la meta de reducir a la mitad la población pobre, como se estableció en la Cumbre del Milenio de 2000 convocada por la Organización de las Naciones Unidas.
Para lograr ese objetivo, América Latina debería crecer a razón de cuatro por ciento como promedio anual, pero los países con mayor pobreza deberían hacerlo a un ritmo de siete por ciento, los de pobreza media a 4,1 por ciento y los de menor pobreza a 2,9 por ciento, según Cepal.
Ocampo advirtió que depender sólo del crecimiento económico no reducirá la cantidad de pobres e indigentes sino que se requiere de políticas económicas que, además de buscar la ampliación de la base productiva y el aumento del producto nacional, contemplen la redistribución progresiva de los ingresos.
Es decir, el viejo dilema de siempre, que no encuentra solución en el mercado como único regulador de la economía. (FIN/IPS/ggr/dm/if dv/02
