El combate contra las leyes que coartan la libre expresión y las presiones sobre los medios de comunicación pondrá a prueba en 2003 a las autoridades de América Latina y el Caribe, donde fueron asesinados 261 periodistas en los últimos cuatro años.
Este año fue uno de los peores de la última década para el ejercicio del periodismo en la región, pues crecieron las restricciones y agresiones de gobiernos y de grupos criminales, señalaron dos de las principales organizaciones internacionales que velan por los derechos de los profesionales de prensa.
Colombia, Haití, Panamá y Venezuela encabezan la lista de países con mayor retroceso de la libertad de expresión y donde se impusieron más obstáculos al ejercicio del periodismo, dijeron a IPS portavoces de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la asociación latinoamericana Periodistas Frente a la Corrupción (PFC).
RSF, con sede en París, mantiene su mirada preocupada sobre Haití y Venezuela, pues se han multiplicado las agresiones contra periodistas, la mayoría de ellas cometidas por agentes del Estado, dijo a IPS el director de la esa entidad para América, el francés Régis Borgeat.
También Colombia es otro foco de constante atención para RSF, ante la muerte en los últimos 12 meses de cinco periodistas y colaboradores en el ejercicio de sus funciones, al igual que las restricciones que sufren los periodistas en Cuba y México.
La situación en Colombia ya era dramática… y ahora nos preocupa el intento del gobierno de Alvaro Uribe de imponer restricciones a la prensa extranjera, agregó Borgeat.
La empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que de 1988 a este año fueron asesinados 261 periodistas en América Latina y el Caribe. Se detalla que 112 murieron en Colombia, 37 en México, 21 en Guatemala, 20 en Brasil, 19 en Perú y el resto en otros países de la región.
La SIP añadió que en 2000 fueron muertos siete periodistas latinoamericanos, en 2001 otros 11 y este año ocho. Aunque la cantidad de muertes se redujo en 2002, se asegura que las agresiones aumentaron.
Las agresiones contra periodistas están en constante aumento, ya que pasaron de 114 en 2001 a 170 este año, dijo a IPS la estadounidense Linda Hemby, portavoz de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC).
La organización PFC, con sede en El Salvador, proporciona recursos y otros servicios a los periodistas dedicados a investigar actos de corrupción. También les ofrece respaldo cuando sufren represalias o afrontan decretos, leyes y fallos que socavan su labor.
Hemby sostuvo que las represalias y el recrudecimiento de políticas estatales son producto de un mejoramiento en el periodismo de investigación en la región, sobre todo en la cobertura de casos de corrupción.
Para PFC, en México está amenazado el secreto profesional, como se comprobó este mes con la citación por parte del gobierno a siete periodistas de los diarios La Jornada y El Universal para que revelaran sus fuentes de información.
Panamá es otro de los países de la región con concentra la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas, debido a la existencia de una gran cantidad de las llamadas leyes mordaza, que restringen la labor de los periodistas.
Según PFC, casi 100 de los más de 200 periodistas panameños activos enfrentan querellas judiciales desde fines de 2000, muchas de las cuales están relacionadas con investigaciones de actos de corrupción.
Más de 40 de esas demandas fueron iniciadas por funcionarios, entre ellos por la propia presidenta Mireya Moscoso, el procurador General, José Antonio Sossa y el juez Winston Spadafora.
Lo que está pasando en Panamá ya es un escándalo continental, señaló a IPS la periodista panameña Mónica Palm, reportera y columnista del diario La Prensa, quien corre el riesgo de ser detenida en los próximos días.
Palm publicó en marzo comentarios sobre el empresario panameño Mayor Alfredo Alemán, quien tras la publicación se sintió ofendido y presentó una demanda por injurias y calumnias.
Alemán era el propietario de un banco, declarado en quiebra en 1996, el cual supuestamente era utilizado para el lavado de dinero por parte de narcotraficantes colombianos.
En Panamá, la libertad de expresión es una utopía. Si bien no estamos a nivel de Cuba, aquí las presiones del gobierno y de los sectores económicos poderosos son enormes, añadió la periodista.
Tanto RSF como PFC han insistido en su preocupación por la gran cantidad de leyes mordaza que siguen vigentes en Panamá y que datan de hace más de tres décadas.
A pesar de haberlo prometido en campaña, los últimos tres gobiernos democráticos de Guillermo Endara, Ernesto Pérez- Balladares y Mireya Moscoso han incumplido su promesa de derogar estas leyes.
Periodistas y activistas coincidieron en que el panorama para los comunicadores de América Latina y el Caribe no es nada halagüeño e hicieron un llamado a la comunidad internacional para presionar y revertir esta situación. (FIN/IPS/nms/dm/cr ip/02
