El secretario general de la OEA, César Gaviria, logró este viernes sentar al gobierno y a la oposición de Venezuela en torno de una mesa de negociaciones, para buscar salida electoral a una profunda y peligrosa división política de la sociedad.
Esta es la responsabilidad más grande que he tenido en mi vida, junto con la presidencia de Colombia (1990-1994), pues el enfrentamiento amenaza con destruir las instituciones democráticas venezolanas, declaró Gaviria al inaugurar el diálogo.
Los delegados del gobierno de Hugo Chávez y de la oposición tendrán en las próximas semanas la imperiosa obligación de encontrar soluciones, las cuales sólo serán satisfactorias si son fruto del acuerdo y no lesivas a los intereses de unos y otros, advirtió.
Las conversaciones serán garantizadas por el grupo de facilitador, conformado por la propia OEA (Organización de Estados Americanos), el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El grupo tripartito verificará que se puedan cumplir los acuerdos a los que eventualmente se llegue, indicó Gaviria.
La delegación oficial está integrada por el vicepresidente José Vicente Rangel, los ministros Roy Chaderton, de Relaciones Exteriores, Aristóbulo Istúiriz, de Educación, y María Iglesias, de Trabajo, el gobernador del occidental estado de Táchira, Ronald Blanco, y el dirigente del gobernante Movimiento V República (MVR), Nicolás Maduro.
En tanto, la oposición estará representada por Timoteo Zambrano (socialdemócrata), Alejandro Armas (ex MVR), el gobernador del centroocciental estado de Yaracuy, Eduardo Lapi, el empresario Rafael Alfonso, el sindicalista Manuel Cova y Américo Martín, por las organizaciones no gubernamentales.
Las disputas políticas venezolanas se agudizaron la segunda semana de abril, cuando una huelga general de tres días y una marcha callejera en Caracas, convocadas por sindicatos y empresarios, desembocaron en el golpe de estado cívico-militar que alejó del gobierno a Chávez por dos días.
Movilizaciones en favor del gobierno y militares leales posiblitaron que Chávez retomara la presidencia el 14 de abril, tras tres días de disturbios que dejaron 85 personas muertas.
La oposición a Chávez reúne a la Coordinadora Democrática, conformada por 34 partidos y grupos de la sociedad civil, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras, la principal asociación empresarial del país, y a jefes militares pasados a retiro por su participación en la sublevación de abril.
Ese conjunto de organizaciones presentaron el lunes más de un millón de firmas para solicitar un referendo consultivo, que permita a los electores pronunciarse sobre la continuidad de Chávez en el gobierno.
Pero el gobierno entiende que la Constitución no contempla esa consulta y pide esperar hasta agosto de 2003, cuando se cumple la mitad del mandato presidencial y la ley fundamental permite la realización de un referendo revocatorio.
La violencia verbal y física ha acompañado las últimas manifestaciones de una y otra parte en las calles de Caracas.
Además, en una de cuyas plazas decenas de oficiales investigados por la intentona de abril, uniformados, sin tropas bajo su mando pero acompañados desde el 22 de octubre por decenas de civiles, exigen la renuncia de Chávez.
A ese marco de enfrentamientos se sumó un grupo de oficiales sin mando de tropas, que se declararon en rebeldía y permanecen desde el 22 de octubre en la plaza de Altamira, en el oriente de Caracas.
Los responsables de la crisis tienen que hacer más para evitar la intemperancia verbal, el lenguaje hiriente, provocador y pendenciero que marca el debate, advirtió Gaviria, quien observó que muchos contendores contradicen los valores democráticos que dicen defender.
La agenda de negociación comprende una salida electoral a la crisis, el fortalecimiento de las autoridades electorales y de la llamada Comisión de la Verdad, encargada de investigar los incidentes de la crisis institucional de abril, entre otros puntos.
El austero edificio de un seminario católico, en las afueras de Caracas, albergará a los negociadores, que el gobierno pidió llamar mesa de diálogo y la oposición de negociación y acuerdo, y que no tiene plazo fijo para finalizar su labor.
Sin embargo, la oposición señaló que sólo negociará hasta el 4 de diciembre, cuando vence el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral atienda su pedido de convocar un referendo consultivo.
No haremos el papel de idiotas o estúpidos. Si el oficialismo traba el referendo consultivo, estará decretando el paro cívico nacional, dijo el presidente de la CTV, Carlos Ortega, que prepara una huelga general por tiempo indeterminado en apoyo de la consulta que busca la oposición.
Gaviria dio en el blanco del debate al destacar que el enfrentamiento se explica en normas de la Constitución de 1999, esgrimida por el gobierno, la oposición civil y los militares disidentes en apoyo de sus respectivas posiciones.
Se debe respetar la Constitución, pero una solución satisfactoria sólo puede surgir del acuerdo entre el gobierno y la Coordinadora Democrática, sostuvo Gaviria.
En privado, políticos de uno y otro bando admiten que el problema para convenir una consulta electoral está en que Chávez perdería un referendo consultivo mientras que a la oposición le sería difícil imponerse en uno de tipo revocatorio de mandato.
El referendo consultivo es válido con el número de electores que asista al comicio, mientras que la revocatoria del mandato requiere que voten en contra 3,8 millones de los 12 millones de electores habilitados. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
