El presidente de la República Democrática de Congo (RDC), Joseph Kabila, suspendió a tres ministros, un embajador y a otro alto funcionario acusados en un informe de la ONU de saquear diamantes, oro y otros recursos minerales.
La prensa estatal publicó este martes el decreto al respecto. Kabila afirmó, además, que los funcionarios deberán ser investigados. Las autoridades informaron a quienes posean información incriminatoria a aportarla.
Los ministros acusados por el Panel de Expertos de la ONU sobre Explotación Ilegal de Recursos Naturales y Otras Riquezas de RDC, considerados intocables hasta hace pocos días, son los de Seguridad, Mwenze Kongolo, el de Estado para la Presidencia, Katumba Mwanke, y el de Planificación, Denis Kalume.
Kabila también suspendió al embajador de RDC en Zimbabwe, Mawampanga Mwanananga, y al administrador general del Estado, Kazadi Nyembwe.
Entre los acusados también figura el ex jefe ejecutivo de la empresa minera estatal MIBA, Jean Charles Okoto, destituido junto con otros funcionarios de la compañía a fines de octubre. Okoto fue canciller del anterior gobierno, encabezado por el hoy fallecido padre del actual presidente, Laurent-Desiré Kabila.
Kabila se manifestó, a través de su portavoz Evariste Boshab, satisfecho por el informe del panel de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), según el cual el conflicto de cuatro años en RDC fue originado por la codicia de aquellos que invadieron el país.
El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra considerando el informe, que también acusa a funcionarios de Zimbabwe, principal aliado de RDC durante la guerra civil, y de los ejércitos de Ruanda y de Uganda, que apoyaban a los rebeldes que combatían en el este del país.
El informe asegura que la guerra, iniciada el 2 de agosto de 1998, dio a funcionarios civiles y militares la posibilidad de amasar a hurtadillas e ilegalmente una fortuna en diamantes, oro y otros minerales.
La suspensión de los funcionarios se decretó luego de que líderes religiosos protestantes, católicos, kimbangistas y musulmanes exigieran en una conferencia de prensa a fines de octubre la renuncia de los acusados en el informe y su procesamiento.
Los religiosos también pidieron sanciones inmediatas para los países próximos implicados en el saqueo de los recursos minerales de RDC.
En el punto culminante de la guerra civil, 50.000 soldados de países vecinos o próximos participaban en la guerra civil en RDC, acompañando al gobierno o a alguna organización insurgente. La presencia militar extranjera se redujo a unos pocos miles tras los acuerdos de paz firmados este año.
Los insurgentes eran respaldados por Ruanda y por Uganda, mientras el gobierno recibió apoyo militar de Angola, Namibia y Zimbabwe.
Más de dos millones de civiles murieron a causa del hambre y las enfermedades propiciadas por el conflicto, advirtieron agencias internacionales.
Es una vergüenza que nuestros líderes se aprovechen de una guerra que empobreció a nuestro pueblo para llenarse los bolsillos, sostuvo el arzobispo católico de la oriental ciudad de Kisangani, Laurent Monsengwo.
El informe de la ONU causó pánico en círculos del gobierno. Mwanke y Kongolo fueron acusados de acordar con compañías mineras extranjeras empresas de riesgo compartido en las que figuran como accionistas individuales y no como representantes del Estado de RDC.
Los funcionarios evitaron contestar preguntas de la prensa y dejaron que el gobierno hablara por ellos.
No tenemos intención de negar las acusaciones del panel de la ONU ni el resultado de sus investigaciones. Pero confiamos en que el sistema judicial del país demuestre que son inocentes, dijo poco después de la divulgación del informe el ministro de Información, Kikaya bin Karubi.
Estábamos en medio de una guerra, un estado soberano en guerra debe usar todos los recursos disponibles para salvaguardar la integridad de su territorio. No nos avergonzamos de decir que creamos empresas de riesgo compartido con compañías extranjeras para respaldar los esfuerzos de guerra, agregó Bin Karubi.
Al mismo tiempo, el fiscal general Luhonge Kabinda Ngoyi afirmó que en RDC todos son iguales ante la ley. Y el ministro de Justicia, Ngele Masudi, advirtió que los ministros estaban autorizados a actuar como lo hicieron por la ley nacional de inversiones.
Según esta norma, el Estado debe ser representado sólo simbólicamente en empresas de gran escala, explicó Masudi.
No hay modo de que un gobierno soberano esté en un pie de igualdad con ejércitos de ocupación que sistemáticamente saquearon nuestros recursos, argumentó el ministro. (FIN/IPS/tra- eng/jk/sz/mn/mj/ip/02
