La libre circulación de personas en el Cono Sur de América ampliará al área social y laboral un proceso de integración prácticamente limitado hasta ahora al comercio.
La Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) formalizará el 6 y 7 de diciembre en Brasilia el Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados Parte, aprobado el viernes por los ministros de Justicia y del Interior de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y de sus socios externos Bolivia y Chile.
La decisión permitirá a los habitantes de cualquiera de los seis países obtener residencia permanente en otro del área, si presenta documentos comprobando su nacionalidad y ausencia de antecedentes penales. Es decir, se abre paso a la legalización de centenares de miles de inmigrantes indocumentados.
Obtenida la residencia legal, los inmigrantes tendrán los mismos derechos civiles y laborales que los ciudadanos naturales del país en que se radiquen.
Abrir las fronteras al ser humano, y no sólo a mercancías y al capital, es uno viejo reclamo de sindicatos y organizaciones de asistencia a los emigrantes, que han criticado los acuerdos exclusivamente comerciales.
Pero la libre circulación de personas en una comunidad de naciones exige más que facilidades para la residencia de extranjeros, señaló a IPS Valdir Vicente Barros, secretario de Finanzas de la Confederación General de Trabajadores de Brasil y miembro del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur.
Es necesario igualar los derechos de los ciudadanos en los distintos países del Cono Sur, para hacer efectiva la libertad de tránsito y no generar desequilibrios, explicó Barros.
Armonizar o uniformizar las legislaciones laborales y previsionales es condición básica para que se pueda alcanzar la libre circulación, destacó Silvia Portela, asesora de relaciones externas de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical brasileña.
Esa es una tarea para muchos años, dijo Portela, dadas las diferencias entre la legislación de los seis países comprometidos en el proyecto.
Brasil, por ejemplo, tiene un sistema de previsión social diferente del de sus socios y sólo ha adoptado 30 por ciento de las disposición de un protocolo de cooperación en materia de seguridad social ya aprobado por el Mercosur, advirtió Portela.
Los sindicalistas, reunidos en Sao Paulo el jueves y viernes para preparar sus propuestas a la Cumbre del Mercosur en diciembre, fueron sorprendidos por la decisión de los ministros de Justicia y de Interior de aprobar el Acuerdo de Residencia.
El subgrupo de Trabajo 10 del Mercosur, de asuntos laborales, debería haber discutido el asunto, pero no se reúne desde el semestre pasado, debido a la paralización del bloque, indicó Portela.
La libre circulación tendrá una implementación muy compleja y se enfrentará a resistencias en varias categorias profesionales, observó el sociólogo Joao Paulo Veiga, del Centro de Estudios de Cultura Contemporánea, de Sao Paulo.
Los abogados brasileños, por ejemplo, no aceptarán al menos antes de 10 años la competencia de extranjeros, pronosticó Veiga.
Pedro Giménez, presidente de la Central Unica de Trabajadores de Paraguay, señaló que el Congreso de su país tiende a oponerse a los acuerdos firmados por el gobierno.
La Cámara de Diputados de Paraguay votó en octubre un proyecto para prohibir que propietarios extranjeros sean titulares de tierras cerca de las fronteras. La propuesta debe ser aún aprobada poor el Senado, pero representa una amenaza para los 380.000 brasileños que viven en Paraguay, que en buena parte son hacendados.
La legalización de esos emigrantes, conocidos como brasiguayos es un objetivo del Acuerdo de Residencia favorable a Brasil.
Pero la iniciativa apoyada por los ministros interesa a todos, ya que los otros países involucrados también tienen emigrantes irregulares en las naciones vecinas, señaló el sacerdote Luiz Bassegio, coordinador del Servicio Pastoral de Migrantes, de la Iglesia Católica de Sao Paulo.
Su condición de indocumentados somete a esa masa de población a discriminación y la relega al trabajo precario e incluso en condiciones de esclavitud, advirtió el ministro de Justicia de Brasil, Paulo de Tarso Ribeiro.
El momento parece adecuado para la aprobación de una iniciativa que es exigida hace mucho tiempo por los movimientos sociales.
La crisis en varios países del Cono Sur eliminó resistencias. Argentina, por ejemplo, se oponía al libre tránsito en la década pasada, cuando su moneda fuerte y el crecimiento de su economía ejercían una fuerte atracción sobre los inmigrantes, legales o indocumentados, observó Veiga.
La inclusión de la mano de obra en el proceso de integración representa un paso importante en el Cono Sur y aumentará la cohesión necesaria para hacer frente a las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas, concluyó el investigador. (FIN/IPS/mo/ff/pr/02
