Los ministros de Justicia e Interior de los países del Mercosur y de Bolivia y Chile aprobaron este viernes en Salvador, Brasil, un acuerdo para otorgar residencia legal en cualquiera de estas naciones a todos los ciudadanos del bloque.
El acuerdo deberá ser refrendado por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrantes del Mercosur (Mercado Común del Sur), y de Bolivia y Chile como miembros asociados, durante la cumbre del bloque que se celebrará en Brasilia el 6 y 7 de diciembre.
Su vigencia será inmediata en Argentina, Bolivia y Chile, pero en Brasil, Paraguay y Uruguay dependerá de la ratificación parlamentaria, dijo a IPS el ministro de Justicia de Brasil, Paulo de Tarso Ribeiro.
El objetivo central es legalizar la presencia de centenares de miles de inmigrantes indocumentados en los seis países. Sólo en Paraguay residen 380.000 brasileños en estas condiciones, conocidos como brasiguayos, señaló el ministro.
No obstante, el convenio logrado en la nororiental Salvador no contempla la libre circulación de personas, como entre los 15 países que integran la Unión Europea.
Eso vendrá en un segundo momento, pero la regularización de la residencia representa un gran avance y ayuda a impulsar la integración económica, sostuvo Ribeiro.
Tendrá además un efecto social relevante, pues pondrá fin a condiciones que favorecen la explotación de trabajadores sin papeles y la marginación de extranjeros que no contribuyen a los sistemas de previsión social y quedan sin derechos, argumentó.
El acuerdo favorecerá tanto a quienes deseen mudarse de un país a otro del Mercosur, Bolivia y Chile, como a aquellos que ya emigraron en forma irregular.
Según el acuerdo alcanzado por los ministros, la residencia será concedida inicialmente por un periodo de dos años, ante la presentación de documentos que comprueben la nacionalidad del interesado y la ausencia de antecedentes penales.
Luego se podrá obtener la residencia permanente mediante la comprobación de condiciones para el sustento propio y familiar.
Se garantizará a los inmigrantes del Mercosur ampliado iguales derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas que los ciudadanos nativos, en particular el derecho a trabajar y ejercer cualquier actividad lícita.
También se asegurará igualdad de derechos en remuneración, condiciones de trabajo y seguro social, así como el derecho a transferir dinero a sus países de origen.
Los seis países se comprometerán además a divulgar estos derechos en las comunidades de inmigrantes y a combatir en conjunto el empleo ilegal de trabajadores extranjeros.
Es necesario combatir el tráfico de personas que somete la mano de obra a la explotación y degradación, sostiene la justificación del acuerdo.
Es lo que venimos reclamando hace mucho a favor de los indocumentados, una amnistía general e irrestricta para ellos, dijo a IPS el sacerdote católico Luiz Bassegio, coordinador del Servicio Pastoral de Inmigrantes de Sao Paulo.
La integración no puede limitarse al área financiera y comercial, tiene que contemplar a los seres humanos, observó Bassegio.
Pero la medida debe ser aplicada en forma general y facilitada sin trabas, porque una amnistía a los inmigrantes ilegales dispuesta en Brasil hace algunos años sólo regularizó la residencia de unos 38.000 extranjeros, sostuvo.
La Pastoral estima que en Brasil hay medio millón de inmigrantes irregulares, de los cuales 200.000 son bolivianos y unos 100.000 paraguayos.
De igual modo, muchos brasileños enfrentan condiciones similares en países vecinos. Además de los brasiguayos, Bassegio aseguró que unos 15.000 brasileños residen en Bolivia y trabajan en la extracción de caucho natural en los bosques amazónicos.
El ministro Ribeiro discrepó con las cifras de la Pastoral, señalando que la población afectada es mucho menor, aunque admitió las dificultades para contar con datos confiables.
De acuerdo a Ribeiro los inmigrantes bolivianos sin documentos en Brasil no superarían 50.000 y los paraguayos 20.000. Además unos 20.000 brasileños residen irregularmente en Argentina y hay 5.000 argentinos en esa condición en territorio brasileño.
Bassegio y Ribeiro coincidieron en que la legalización de los indocumentados y la libertad de migración dentro del Mercosur ampliado serán benéficas para todos, rescatarán la dignidad de una población significativa y favorecerán la integración.
Pero es posible que la decisión enfrente resistencias en Paraguay, donde la Cámara de Diputados aprobó el mes pasado una ley prohibiendo que los extranjeros posean tierras cercanas a la frontera.
El proyecto aún debe votarse en el Senado, pero indica la hostilidad que despierta la presencia de los brasiguayos en Paraguay, muchos de los cuales poseen tierras en zonas fronterizas. (FIN/IPS/mo/dcl/pr/02
