La Ordenanza Antiterrorista promulgada en Pakistán este mes por el presidente Pervez Musharraf no reducirá la violencia política, redundará en violaciones de derechos humanos y servirá al gobierno para acallar a los disidentes, advirtió la oposición.
La nueva norma eleva de un mes a un año el período en que la policía puede mantener detenidos a sospechosos sin acusarlos ante la justicia y sin darle a éstos la posibilidad de apelar la medida.
El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), organización encabezada por la ex primera ministra Benazir Bhutto, hoy exiliada en Gran Bretaña, manifestó su temor de que la norma sea aplicada para silenciar a la oposición.
La ordenanza es más arbitraria y draconiana que la ley anterior en la materia, vigente desde 1997, y socava seriamente la autoridad del parlamento como único elaborador de leyes, dijo el portavoz del PPP, Farhatullah Babar.
Calificada de ley negra por activistas de derechos humanos, la Ordenanza autoriza a la policía a arrestar a cualquier sospechoso de vínculos con organizaciones terroristas, así como a registrar los bienes y cuentas bancarias de los familiares del detenido.
La enmienda a la ley antiterrorista de 1997 fue anunciada el 17 de este mes, apenas un día después de la primera sesión formal del nuevo parlamento, elegido en las urnas el mes pasado, y entró en vigor de inmediato.
En apariencia, la ordenanza fue promulgada para facilitar la captura de miembros de Al Qaeda y otras organizaciones terroristas islámicas en Pakistán, pero nada impide que se aplique a la población civil.
La nueva norma es draconiana y coartará las libertades individuales, advirtió Shahid Mahmud Bhatti, secretario del Colegio de Abogados de la Alta Corte de Lahore.
Los críticos también dudan de la eficacia de la ordenanza y creen que provocará más violaciones a los derechos humanos por parte del régimen militar de Musharraf.
La experiencia ha demostrado que no se puede combatir la militancia y el terrorismo sólo elaborando leyes más y más estrictas, señaló Babar, quien promovió la voluntad política y el debido proceso para hacer respetar la ley y el orden.
La independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán criticó al gobierno por promulgar la norma pese a la oposición de varios sectores de la sociedad.
Esto sólo agravará la situación de los derechos humanos en el país. El terrorismo debe resolverse mediante políticas integrales que tomen en cuenta todos los aspectos de ese complejo problema, exhortó.
La Comisión también expresó su sorpresa porque el gobierno militar sigue elaborando normas pese a la elección de un nuevo parlamento.
La Asamblea Nacional de 342 miembros celebró su sesión inaugural el día 16, como parte de un polémico proceso de restauración de la democracia luego de tres años de dictadura militar. Al mismo tiempo, Musharraf se otorgó cinco años más de presidencia.
Fuentes del gobierno defendieron la nueva ordenanza arguyendo que, como la mayoría de los miembros de Al Qaeda ocultos en Pakistán no están implicados en actos terroristas en este país, es difícil arrestarlos o formular acusaciones contra ellos ante la justicia.
Estados Unidos acusa a Al-Qaeda, liderado por el saudí Osama bin Laden, de haber organizado los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Las fuentes oficiales pakistaníes destacaron también que este año, luego de la proscripción de ocho grupos extremistas islámicos que respaldaban al derrocado grupo Talibán de Afganistán o a los separatistas de Cachemira en India, el gobierno arrestó a unos 2.000 militantes, pero debió liberarlos en tres meses porque no pudo sustanciar las acusaciones.
De manera similar, arguyeron, algunos miembros de Al Qaeda no pudieron ser extraditados a Estados Unidos porque, según las leyes de extradición, las autoridades deben probar los cargos contra ellos primero.
Sin embargo, el gobierno entregó a Estados Unidos al menos dos colaboradores de Bin Laden (Abu Zubaida, arrestado en una operación conjunta con el FBI en la oriental Faisalabad, y Ramzi bin Al Shib, detenido en septiembre en la ciudad portuaria de Karachi), sin seguir los procedimientos de extradición establecidos.
Las autoridades pakistaníes nunca admitieron la entrega.
El diario de lengua inglesa The News opinó en una columna publicada el día 18 que no existe una explicación para esta nueva ordenanza, aparentemente vinculada a la 'guerra contra el terrorismo'.
El texto de la norma revela una ansiedad por realizar arrestos ante la más leve sospecha, sin prueba alguna. Esos poderes convertirán a la policía en un agente del terror, advirtió el periódico. (FIN/IPS/tra-en/ni/ral/mj-mlm/ip-hd/02
