Grupos humanitarios de México advirtieron este miércoles que el sistema de justicia flaquea, pues aún permanecen impunes los autores intelectuales de la matanza de 45 campesinos perpetrada hace cinco años en Acteal, en el meridional estado de Chiapas.
El juez Gabriel Félix condenó el martes a 36 años de prisión a 18 indígenas por el asesinato de los 45 campesinos que pertenecían a un grupo de simpatizantes del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con lo que ahora llegaron a 77 los sentenciados en los últimos años por ese hecho.
Las nuevas condenas no borran la impunidad en Acteal, señalaron fuentes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo regentado por los jesuitas que ha seguido de cerca el proceso judicial de este caso.
También opinó en igual sentido el grupo Fray Bartolomé de las Casas, dirigido por el ex obispo católico de Chiapas Samuel Ruiz. Las autoridades deberían investigar a fondo para determinar quienes fueron los autores intelectuales del crimen y aclarar de dónde salieron las armas, apuntó.
Mientras siga sin aclararse quién o quiénes auspiciaron o auspician la operación de grupos paramilitares en Chiapas, señalados como los culpables de la matanza de 45 campesinos, la impunidad prevalecerá, sostiene un comunicado de la organización no gubernamental Fray Bartolomé de las Casas.
Los grupos humanitarios aseguran que la matanza de Acteal fue perpetrada por paramilitares en colusión con policías y militares, cuya misión sería enfrentar al EZLN.
La matanza cometida el 22 de diciembre de 1997, cuando el grupo perteneciente a la organización civil católica Las Abejas oraba por la paz en Chiapas, costó la vida de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres.
Ese hecho cimbró la política mexicana y expuso las tensiones que prevalecían en Chiapas, uno de los estados más pobres y violentos de México.
El crimen se dio en momentos en que se acentuaban las diferencias entre el gobierno del Ernesto Zedillo (1994-2000) y el EZLN respecto del diálogo de paz, suspendido en 1996.
Esa guerrilla, que no realiza acciones violentas desde la segunda semana de 1994, afirma que en Chiapas nada ha cambiado desde que en 2000 asumió la presidencia Vicente Fox, el primer mandatario ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en siete décadas.
El EZLN se mantiene atrincherado en la selva chiapaneca y se niega a hablar con el gobierno luego de que el Congreso legislativo aprobara el año pasado una ley sobre derechos indígenas diferente a la que promovían los guerrilleros.
La Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (Cciodh), conformada por políticos, religiosos, intelectuales, sindicalistas, periodistas y activistas de 14 países, entregó al gobierno un informe en que advierte que en Chiapas no se respetan los derechos humanos, continúa la militarización y operan grupos paramilitares.
Esa organización, integrada por diputados, sindicalistas activista y miembros de grupos humanitarios europeos, se creo precisamente luego de la matanza de Acteal.
Los abogados de los indígenas sentenciados por el crimen afirman que sus defendidos son inocentes y que se los usa para justificar una supuesta impartición de justicia expedita.
No obstante, el juez Félix argumentó en su fallo contra 18 indígenas que hay elementos más que suficientes para acreditar la culpabilidad de los acusados.
Según las investigaciones de la Procuraduría (fiscalía), los 77 indígenas sentenciados, en su mayoría afines al PRI, se organizaron para asesinar a los 45 campesinos.
El gobierno de Fox asegura que tiene una voluntad inquebrantable para promover la paz en Chiapas, niega que se mantenga una militarización masiva en ese estado y lamenta que el EZLN no quiera dialogar.
Pero la Cciodh sostuvo que los grupos paramilitares no han sido desarmados ni desarticulados en Chiapas, el problema de los desplazados de guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse y, además, hay una situación generalizada de impunidad.
El ejército mexicano, en los dos años que lleva Fox en el gobierno, retiró varias guarniciones de Chiapas, tal como pedía el EZLN, y fueron liberados más de 20 acusados de apoyar a los insurgentes.
Además, el gobierno apoyó un proyecto de ley indígena que contenía reivindicaciones zapatistas y comandantes del EZLN viajaron a la capital sin contratiempos para promover sus posiciones. Fox, por otra parte, invitó en numerosas ocasiones a los jefes guerrilleros a dialogar sin condiciones previas.
Sin embargo, las organizaciones humanitarias y el EZLN insisten en que no existen cambios en el escenario de guerra en Chiapas. (FIN/IPS/dc/dm/hd ip/02
