Compañías petroleras francesas sobornaron a funcionarios de Africa y recurrieron a violaciones de derechos humanos en Asia sudoriental para asegurarse lucrativos contratos, según investigaciones judiciales en París.
Elf Aquitaine, séptima empresa petrolera del mundo y principal compañía industrial francesa, pagó en 1995 unos 190 millones de dólares al entonces dictador de Nigeria, general Sani Abacha, según evidencia obtenida por fiscales franceses.
Ese dinero permitió a la compañía, cuyo proceso de privatización comenzó en 1994, asegurarse contratos para la perforación de pozos petroleros. Abacha murió en 1999.
Philippe Jaffré, entonces jefe ejecutivo de Elf Aquitaine, confirmó esos pagos interrogados esta semana por el fiscal Renaud Van Ruymbeke.
Jaffré también admitió que la firma pagó en 1995 comisiones ilegales a los aún hoy presidentes Omar Bongo, de Gabón, y Gnassingbè Eyadéma, de Togo, para que intercedieran ante Abacha.
El empresario aceptó responsabilidad por los pagos. Los campos petroleros nigerianos eran extraordinariamente lucrativos. El pago de comisiones ilegales parecía una necesidad obvia, pues no había otro modo de alcanzar un acuerdo amistoso, dijo.
Hay países donde las personas no diferencian entre el dinero público y el privado, agregó, y mencionó personalidades francesas del pasado que amasaron fortunas para sí mismas, sus familias y amigos, y que al mismo tiempo sirvieron a Francia.
Jaffré dijo, de todos modos, que algunos intermediarios aparentemente recibieron más dinero que el previsto, unos 70 millones de dólares en total. Los fiscales los identificaron como Gilbert Chagoury y Ely Calil, empresarios nigerianos allegados a Abacha, así como el libanés Samir Traboulsi.
Los tres fueron acusados de abuso de la propiedad pública y de tráfico de influencias. Bongo y Eyadéma no fueron acusados. Bongo, incluso, visitó París en varias ocasiones este año.
Jaffreé y Elf Aquitaine también son acusados de pagar armas utilizadas en la guerra civil en Congo-Brazzaville en 1997, en que murieron más de 10.000 personas y más de un millón debieron abandonar el país.
Funcionarios congoleños declararon ante la justicia que Elf Aquitaine pagó armas para equipar a las tropas del ex presidente Pascal Lissouba.
El actual mandatario, general Denis Sassou Nguesso, y el traficante de armas Jacques Monsieur revelaron el pacto luego de que Lissouba perdiera la guerra y se exiliara en Londres. Sin embargo, Elf Aquitaine negó cualquier involucramiento en el conflicto.
Cualquiera hubiera sido la política de Francia hacia Africa, la única preocupación de Elf Aquitaine era el petróleo. Dejemos a los historiadores explicar y resolver los misterios antiguos, dijo el portavoz de TotalFinaElf, Jacques de Naurois. Elf Aquitaine se fusionó con Total en 1999.
Consultado si Elf Aquitaine estuvo involucrada en tráfico de armas, De Naurois contestó: No.
La investigación judicial sobre pagos ilegales efectuados por Elf Aquitaine comenzó en 1994 y se prevé que concluya en la primera mitad del año próximo. Cuarenta y dos ex empleados de la empresa fueron objeto de pesquisa y algunos ya fueron condenados a prisión.
La compañía petrolera francesa también es acusada de pagar comisiones ilegales a intermediarios y a funcionarios franceses y de otros países, entre ellos Alemania y Venezuela.
Los fiscales acusan también a la empresa TotalFina de entregar dinero al ejército de Birmania para que secuestrara a personas con el fin de obligarlas a trabajar en la construcción de un gasoducto de 700 kilómetros de longitud a Tailandia, ya en funcionamiento.
Esta acusación se basa sobre las declaraciones de dos ex trabajadores forzados de los denominados batallones Total que hoy viven en un país no especificado de Asia sudoriental y de soldados birmanos desertores.
El gasoducto en cuestión es considerado la inversión extranjera más importante realizada en la historia de Birmania. TotalFinaElf lo opera junto con la compañía estadounidense Unocal y otras dos empresas de Asia sudoriental.
Un tribunal federal estadounidense sentenció la semana pasada que los trabajadores birmanos denunciantes demostraron ampliamente la complicidad de Unocal en violaciones de derechos humanos, lo que abrió paso a un juicio civil.
Pero TotalFinaElf rechaza las acusaciones, pues, según su portavoz, Michel Hourcard, el grupo respeta un código de conducta y siempre actuó con transparencia.
En sus declaraciones, Hourcard también condenó los embargos y campañas de boicot contra regímenes dictatoriales como el birmano, que, dijo, dejan a la población local sola frente a los represores y bloquea toda apertura derivada del desarrollo económico.
Esta es la tercera investigación judicial contra TotalFinaElf en menos de dos años.
La fiscalía también la acusa de negligencia por la explosión de una refinería cerca de la meridional ciudad francesa de Toulouse el 21 de septiembre de 2001, que mató a 31 personas, dejó heridas a 3.000 y destruyó decenas de miles de viviendas.
La empresa también es acusada por el hundimiento del buque tanque Erika, cerca de la costa atlántica francesa en diciembre de 1999. El barco cargaba 120.000 toneladas de productos químicos peligrosos que se extendieron a lo largo de 500 kilómetros de costas francesas. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/mj/ip/02
