El presidente de Francia, Jacques Chirac, afronta nuevas acusaciones de corrupción que se remontan a su periodo al frente de la alcaldía de París (1977-1995).
El gobierno municipal de París elevó esta semana a un tribunal del fuero civil una demanda contra personas desconocidas, aunque alude sin mencionarlos a Chirac y a su esposa Bernadette, por mal uso de fondos públicos, referidas a compras realizadas por el ayuntamiento entre 1987 y 1997.
El actual gobierno de la ciudad, encabezado por el opositor Partido Socialista, sostiene que Chirac y su esposa destinaron más de dos millones de dólares de fondos públicos, 1,4 millones al contado, en gastos domésticos.
La auditoría interna de la alcaldía calculó que Chirac y su esposa gastaron 130 dólares diarios en frutas y verduras y 50 dólares diarios en té y fiambres, incluso en días en que no se encontraban en la residencia oficial ni recibían visitas.
La mayoría del dinero fue utilizado para otros propósitos ajenos a los que el presupuesto que la alcaldía le destinaba, según la acusación.
Chirac goza de inmunidad en su carácter de jefe de Estado, pero su esposa sí puede ser procesada por mal uso de propiedades públicas.
El actual alcalde de París, Bertrand Delanoe, consideró justificado presentar una demanda contra personas desconocidas, dijo a la prensa la vicealcalde Anne Hidalgo.
Algunas de las acusaciones contra Chirac se difundieron en febrero, poco antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales. El mandatario afirmó entonces que todos los gastos de la alcaldía durante su periodo fueron controlados por la oposición y por una oficina auditora independiente.
Delanoe presentó ahora una demanda formal. Su administración también publicó 24 informes internos sobre hechos de corrupción durante el periodo de Chirac en la alcaldía en el sitio del gobierno capitalino en la red informática mundial Internet (http://www.paris-france.org).
Solo cuatro de esos informes fueron publicados completos. En los restantes se eliminó el nombre de algunas personas involucradas para evitar demandas por difamación.
El vicefiscal general de Francia, François Foulon, se había negado el mes pasado a iniciar una investigación judicial, debido a que los supuestos actos de malversación habrían prescripto de acuerdo con una ley denominada estatuto de limitación.
Varios abogados cuestionaron el criterio de Foulon, para quienes el periodo de prescripción establecido en el estatuto comienza en el momento en que los delitos fueron detectados y no en el que fueron supuestamente cometidos.
La interpretación de Foulon implicaría el cierre de 90 por ciento de los (juicios por) casos de corrupción en Francia, sostuvo el máximo dirigente de la Unión de Abogados Franceses, Bruno Marcus.
Al presentar el caso ante un tribunal civil, la alcaldía pasó por encima del dictamen de la Fiscalía General y ahora un fiscal estará obligado a investigar el caso.
De los 24 informes divulgados por la alcaldía parisina a través de Internet, seis se refieren a desvíos ilegales de fondos para financiar gastos del partido de Chirac, la Unión por la República (RPR). La investigación judicial de esos casos ya había comenzado y aún no concluyó.
Entre las prácticas mencionadas en esos informes figura el empleo de dirigentes del RPR como funcionarios de la alcaldía y contratos que sobrepasan los 45.000 dólares, monto más allá del cual debe llamarse a licitación pública.
La oficina de auditoría interna de la alcaldía afirma que Chirac ignoró esos casos, a pesar de que recibió información al respecto.
El caso más conocido se refiere al denominado cartel de corrupción en la zona e Ile-de-France, en los suburbios de París. Un puñado de empresas privadas obtuvieron contratos irregulares por 3.300 millones de dólares entre 1989 y 1995, según los informes.
Los fiscales actuantes en el caso afirman que el RPR recibió 86 millones de dólares de ese grupo de empresas. Otros partidos políticos habrían recibido sobornos menores, agregaron. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/mj/ip/02
