La Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador pidió al Congreso la derogación de la ley de amnistía, que protege a los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes españoles y dos colaboradoras, cuyo decimotercer aniversario se cumple este sábado.
La procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, explicó a IPS que esa institución tenía el imperativo moral de emitir un pronunciamiento sobre el caso, porque es grave el silencio mantenido hasta ahora en torno al caso.
La entidad cuestionó el proceder de la Fiscalía General y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un informe basado en la investigación al respecto realizada en 1993 por la Comisión Nacional de la Verdad y en recomendaciones hechas en 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, los profesores Martín Baró, Joaquín López, Amando López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, y la empleada doméstica Elba Julia Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos fueron muertos en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por el batallón Atlacatl del ejército.
La UCA programó una serie de actividades culturales y religiosas para este sábado en su sede ubicada en San Salvador, con el fin de conmemorar el aniversario del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de sus dos asistentes.
La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en el marco de los acuerdos de paz firmados en 1992 en México entre el gobierno salvadoreño y el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas.
Esa Comisión, constituida para investigar los delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra civil entre 1980 y 1992, identificó a los responsables de la masacre en la UCA.
Según su investigación, los autores intelectuales fueron los generales René Ponce, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto y ex ministro de Defensa y Seguridad Pública, Juan Bustillo, comandante de la fuerza aérea, Juan Zepeda, viceministro de Defensa Nacional, Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, y el coronel Francisco Fuentes, jefe de la Primera Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas.
En tanto, por la autoría material del asesinato fueron condenados por la justicia a 30 años de prisión el coronel Guillermo Benavides Moreno y el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos. Pero ambos resultaron favorecidos por la ley de amnistía de 1993 y hoy se encuentran en libertad.
El tribunal que juzgó el caso absolvió, de manera inexplicable a juicio de organizaciones humanitarias, al resto del batallón de Infantería Atlacatl, integrado por 36 efectivos y calificado de escuadrón de la muerte.
La UCA considera, además, que también son responsables de la masacre, por omisión, el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y su ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios.
Es grave que durante 10 años esta Procuraduría no se hubiese atrevido a dar una respuesta a los asesinatos de monseñor Oscar Arnulfo Romero y de los jesuitas españoles. Consideramos que era una obligación ética pronunciarnos al respecto, señaló a IPS la procuradora Carrillo.
A pesar de la trascendencia que pueda tener el informe para las organizaciones humanitarias, Carrillo admitió que las autoridades no quieren esclarecer el asesinato de los sacerdotes españoles.
El vicerrector de la UCA, Rodolfo Cardenal, coincidió con Carrillo al afirmar que no existe ninguna posibilidad política de que la ley de amnistía sea derogada, porque los que hoy están en el poder son los que respaldaron las atrocidades del pasado.
Cardenal comentó que el proceder de las autoridades se explica por el miedo a juzgar a las personas que están involucradas, porque ellas todavía tienen poder.
La Procuradora indicó con énfasis que, luego de presentado el informe el 30 de octubre, las respuestas de parte de las autoridades y en especial de la Fiscalía General han sido negativas.
No existe interés en que se juzgue a los autores intelectuales del crimen, porque ello podría incomodar a algunos personajes famosos, lo que no significaba que la Procuraduría deba quedarse callada.
La funcionaria aseguró que ella y miembros de la Procuraduría han sido amenazados y presionados, por lo que procedieron a presentar la respectiva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son sede en Washington.
Manifestamos nuestra preocupación porque la situación podría tener un desenlace muy serio, y así lo hemos informado a la comunidad internacional.
Para Carrillo, el proceder de la Fiscalía General, encabezada por Belisario Artiga, es muy grave, porque ese organismos tiene la obligación, con ley de amnistía o sin ella, de investigar el asesinato de los jesuitas, perpetrado en las residencias aledañas a la UCA.
Los argumentos de la Fiscalía y del tribunal de paz de San Salvador, sobre que el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras ya prescribió, fueron descalificados de manera categoría por la Procuradora.
Es evidente que los crímenes de los jesuitas son contra la humanidad y de guerra, y en estos casos el tiempo no es un factor determinante, y así lo consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntó
Lamentó que los principios jurídicos establecidos por la Constitución sean atropellados para proteger a los autores intelectuales del asesinato.
Con el afán de que el crimen no quede impune, la UCA presentó en marzo de 2000 una denuncia contra los autores intelectuales del asesinato, pero fue declarada improcedente por la Fiscalía, la cual aseveró que existían impedimentos para juzgar a los responsables por estar amparos por la ley de amnistía.
La UCA acudió entonces a la Sala Constitucional que declaró que en este caso la ley de amnistía era inaplicable. En diciembre de 2000, sin embargo, la Fiscalía solicitó a la jueza tercera de paz que declarara sobreseimiento en los crímenes de los jesuitas.
Tanto Carrillo como Cardenal insistieron en que mientras los responsables de los crímenes de guerra, de monseñor Arnulfo Romero y de los jesuitas españoles no sean castigados, la reconciliación de los salvadoreños será inalcanzable.
En los 12 años de guerra civil en El Salvador murieron 75.000 personas, entre los que se cuentan los asesinatos de 17 sacerdotes, cinco monjas, miles de laicos, así como el arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero y el obispo militar Joaquín Ramos.
La Iglesia Católica salvadoreña finalizó el 1 de noviembre el proceso diocesano de canonización de Romero, asesinado por un francotirador de ultraderecha el 24 de marzo de 1980. (FIN/IPS/jem/dm/hd/02
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