El enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial de Colombia por la liberación de Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los mayores contrabandistas de cocaína del mundo, es consecuencia de las debilidades de la reforma legal adoptada en los años 90 para lograr la rendición de los narcotraficantes.
Rodríguez Orejuela, de 56 años y conocido como El Ajedrecista, jefe con su hermano Miguel del llamado cartel de Cali, de la droga, fue fue puesto en libertad el jueves por la noche, tras cumplir siete de los 15 años de su condena.
Fue el cerebro de una enorme red que durante dos décadas abasteció el mercado estadounidense de la cocaína, compuesto por 60 millones de adictos, e impuso su influencia en las entrañas del poder de Colombia.
El miércoles, la jueza Angela Moncada, de la ciudad de Tunja, capital del central departamento de Boyacá, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus a favor del narcotraficante, cuya defensa alegó privación ilegal de su libertad desde el 31 de octubre, cuando el juez Pedro Suárez había ordenado su excarcelación y la de su hermano Miguel.
El martes, un tribunal de Bogotá confirmó una condena de cuatro años de prisión para Miguel Rodríguez Orejuela, por intento de soborno a un juez, evitando así la libertad dispuesta por Suárez.
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela estaban recluidos en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, cercana a Tunja y 100 kilómetros al nordeste de Bogotá.
Los dos hermanos, condenados por distribuir más de 27 toneladas de cocaína en Estados Unidos, fueron detenidos en junio de 1995 por el Bloque de Búsqueda, un grupo de elite encargado de desmantelar el cartel de Cali.
Estados Unidos asegura que el cartel de Cali llegó a controlar 80 por ciento del tráfico mundial de cocaína.
Un año más tarde, en un fallo que muchos consideraron muy benévolo, Gilberto Rodríguez Orejuela fue sentenciado a 15 años y 38 días de prisión, y Miguel a 16 años y cuatro meses.
Esa condena es similar a la que se aplica a las mulas, personas que transportan pequeñas cantidades de cocaína en cápsulas que esconden en su ropa o aún en su estómago.
Ambos delincuentes se acogieron a la llamada política de sometimiento a la justicia, concebida por el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y que permitió, por ejemplo, la entrega a la justicia del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.
De ese modo lograron la rebaja de sus condenas, a cambio de horas de estudio y trabajo en prisión. Los dos hermanos estudiaron filosofía y derecho y trabajaron como vendedores de una tienda de combustibles instalada en un patio del penal.
Certificaciones de buen comportamiento expedidas por las autoridades carcelarias y un meticuloso cálculo del periodo de reclusión fueron esgrimidos por la defensa de los narcotraficantes como argumento para la liberación, y aceptados por el juez Suárez.
Estaríamos demostrando una vez más que el Poder Judicial en Colombia no es capaz de manejar el tema del narcotráfico, dijo este viernes el indignado ministro del Interior y encargado de Justicia, Fernando Londoño.
El ministro amenazó con el arma más temida por los jefes de la droga colombianos: la extradición a Estados Unidos. No nos queda otra solución, y de otra forma nuestro sistema judicial no sería confiable, advirtió.
Londoño insinuó que la libertad de Rodríguez Orejuela fue determinada por el gigante poder económico del ex presidiario, despertando airadas reacciones del Poder Judicial.
El presidente Alvaro Uribe replicó ante las protestas que prefería ser considerado arbitrario por cuidar la dignidad de la nación.
Es preocupante que el gobierno ponga en tela de juicio las decisiones de la justicia, olvidándose que el funcionario judicial aplica la ley que diseña el Poder Legislativo, generalmente a iniciativa del gobierno, dijo el fiscal Fabio Hernández, dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Rama Judicial (Asonal).
El gobierno de Gaviria optó por una política de acuerdos con los narcotraficantes para evitar al aparato estatal una confrontación y lucha abierta con los carteles de la droga, y buscar més bien un sometimiento de parte de éstos, señaló Hernández a IPS.
Escobar había desatado una ola de atentados que incluyeron la voladura de la sede de la policía de inteligencia de Bogotá y de un avión en vuelo, con un saldo de centenares de muertos y miles de heridos y damnificados.
En la persecución al cartel de Medellín y a Escobar, el Estado contó con la colaboración de la red delictiva de Rodríguez Orejuela, que disputaba a la otra organización el control de la exportación y del mercado mundial de cocaína.
El redactor de la ley de sometimiento, Jaime Giraldo, ministro de Justicia del gobierno de Gaviria, defendió el texto original y sostuvo que reformas posteriores lo convirtieron en una feria de rebajas para amparar la impunidad de la corrupción estatal.
Hay mucho parlamentario que ha salido de las cárceles con estos mismos beneficios. Cuando se trata de la delincuencia de cuello blanco se quedan callados, afirmó Giraldo
La influencia del narcotráfico en la política colombiana quedó expuesta cuando un proceso judicial comprobó millonarios aportes del cartel de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998).
Esas contribuciones fueron canalizadas a través de la oficina de finanzas de la campaña, a cargo del más tarde ministro de Defensa Fernando Botero Zea, quien confesó los hechos.
El abogado defensor que tramitó para Botero los beneficios de la ley de sometimiento es el ahora ministro del Interior, Londoño.
Cuando Londoño defendió a Botero hizo todo lo posible por obtener condiciones especiales para éste, sostuvo el abogado Juan de Dios Bernal, defensor del narcotraficante chileno Pedro Navarrete, recluido en la cárcel de Cómbita.
En este momento, por tratarse de los señores Rodríguez, (Londoño) se opone, dijo el abogado.
En sus inicios, la política de sometimiento parecía una solución para frenar el desborde de la delincuencia organizada en uno de los puntos más sensibles de las relaciones de Colombia con Estados Unidos: las drogas.
Conciliaba además con la consigna contra la extradición de los narcotraficantes. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, decían éstos.
Pero con sucesivas reformas penales, la extradición se abrió camino y decenas de acusados de narcotráfico han sido enviados a prisiones estadounidenses.
Hernández comentó a IPS que esgrimir la extradición y echarle el agua sucia al Poder Judicial es una forma de congraciarse con el gobierno estadounidense, pero no se resuelven los problemas de la legislación nacional.
La decisión (de liberar a Rodríguez Orejuela) fue desafortunada. Las actividades de los Rodríguez Orejuela siguen preocupándonos a nosotros y al gobierno colombiano, que ha hecho todo esfuerzo por impedir su liberación, declaró el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Ahora Gilberto Rodríguez Orejuela está libre y no le falta dinero. Hombre de estatura y perfil bajos, se inició como mensajero de farmacia y llegó a controlar 75 por ciento de las acciones del First Interamericas Bank, de Panamá. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02)
