La polémica se instaló en Brasil respecto de cómo será implementado el programa de ”hambre cero”, anunciado como prioridad por el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, y al que, obviamente, nadie se opone.
Lula informó que una de sus primeras medidas en cuanto se haga cargo del gobierno el 1 de enero será crear la Secretaría de Emergencia Social, para hacer del combate contra el hambre la ”marca de su administración”, con la meta de asegurar en cuatro años tres comidas diarias a todos los brasileños.
Pero la forma de encarar esa lucha, como la distribución de bonos o tarjetas electrónicas para adquirir alimentos, ha motivado críticas de quienes entienden que representa ”un retroceso”, por ser un mecanismo burocrático que favorece la corrupción sin evitar la desviación de finalidad.
Esos papeles se pueden convertir en moneda paralela a la oficial, el real, como ya ocurre en otros casos, advirtieron los opositores a ese mecanismo establecido en el plan ”hambre cero”.
La fórmula elegida le quita a los pobres la libertad de compra para cubrir otras necesidades, como medicamentos, ropa o el pago del transporte, que podrían satisfacer si la ayuda se hiciera en dinero, argumentaron distintas personalidades tanto ajenas a Lula como de su propio entorno.
”El beneficiado debe decidir qué hacer con el dinero” y no el Estado que desconoce sus verdaderas necesidades, sostuvo uno de esos críticos, el actual ministro de Previsión Social, José Cechin. Además, los bonos pierden valor en el mercado al ser usado para otros fines, acotó.
También defiende la ayuda en efectivo el propio senador Eduardo Suplicy, correligionario de Lula en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y principal difusor en Brasil de la renta básica universal e incondicional, un ingreso mínimo como derecho de todos desde el nacimiento hasta la muerte.
Por su parte, Rosa María Marques, experta en políticas sociales y consultora de la Organización Panamericana de Salud, atacó la modalidad elegida para implementar el plan pues entiende que condicionar la asistencia refleja el prejuicio de que la población pobre es incapaz de elegir lo que más le conviene.
En tanto, otras críticas señalan que es exagerado afirmar que hay 44 millones de personas sujetas al hambre, un cuarto de la población de Brasil.
Se cuestiona, además, la dispersión de esfuerzos en un nuevo programa de asistencia, ignorando los existentes, como la merienda escolar, las becas para familias pobres que mantienen sus hijos en la escuela y ayudas de complementación de ingresos.
José Graziano da Silva, el principal impulsor del plan ”hambre cero”, contrarrestó esos cuestionamientos señalando que el proyecto busca la seguridad alimentaria, no sólo atender a los hambrientos. Las críticas parten de quienes no leyeron o no comprendieron su amplitud, se quejó.
Da Silva explicó que se trata de un conjunto de 21 líneas de acción, combinando políticas estructurales, como reforma agraria y extensión de la previsión social a trabajadores informales, y otras específicas y locales, como la distribución de las boletas canjeables por alimentos y ampliación de la merienda escolar.
Sin embargo, el blanco principal del programa anunciado por Lula es el hambre y no la pobreza en general, hecho que orienta sus acciones. Por eso, uno de sus objetivos es estimular la producción alimentaria en el país, explicó Graziano.
En consecuencia, se busca también inducir a que los beneficiados utilicen los recursos en la compra de alimentos, ampliando un mercado que favorecer la reforma agraria y la agricultura familiar, es decir en pequeñas unidades que emplean básicamente la familia como mano de obra.
El proyecto se inspira en un programa puesto en marcha en Estados Unidos durante la crisis de los años 30, que también se basó en bonos para asistir a los pobres, pero principalmente para aumentar la producción agrícola.
El Foro Brasileño de Seguridad Alimentaria, constituido por movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, destacó que el futuro gobierno fuera a adoptar una política pública en busca de erradicar el hambre en todo el país, sin exclusiones.
”Aplaudimos la decisión de hacerlo bajo la coordinación de una secretaría directamente vinculada a la presidencia”, dijo a IPS el economista Francisco Menezes, uno de los coordinadores del Foro y codirector del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
La idea inicial de crear un ministerio no sería eficaz, pues ya se comprobó en el pasado en el marco de otras iniciativas para responder a problemas similares, opinó.
Es también positivo el compromiso de abrir una instancia de participación de la sociedad civil en la conducción del programa, restableciendo el Consejo de Seguridad Alimentaria, que fuera desactivado por el actual gobierno de Fernando Henrique Cardoso, observó.
Menezes relativizó las críticas a los instrumentos pensados para implementar el programa ”hambre cero”, destacando que ”en un país tan extenso y complejo no se puede aplicar una política única, sino distintas”, adaptadas a las condiciones locales.
Es correcto, por ejemplo, fijar la seguridad alimentaria como meta general, pero en la actualidad algunas partes de Brasil enfrentan situaciones de emergencia, como la sequía en el nordeste. Allí hay que actuar de inmediato con bonos o canastas alimentarias, lo que sea factible, sostuvo.
También la participación y el control social asumirán formas variadas, partiendo de los gobiernos municipales en algunos casos o de organizaciones no gubernamentales o mixtos en otros.
Las acciones ya en marcha pueden ser mantenidas, pero exigen la complementación anunciada por Graziano, señaló Menezes. Es el caso de la merienda escolar, que en muchos casos ofrece a los alumnos de la enseñanza básica su única comida diaria con calidad nutritiva.
En los bolsones de pobreza, las vacaciones son un ”un horror” para muchos niños, pues en ese lapso se ven privados del almuerzo en la escuela, dijo el economista.
Una posible medida para resolver esa situación es extender la merienda al periodo vacacional y a niños que están fuera de la escuela primaria por tener menos de siete años o más de 14.
