Un organismo especializado de la ONU calificó este miércoles de derecho humano indispensable el acceso al agua, que debe ser considerada un bien social y cultural y no un producto básico de carácter económico.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) precisó a los gobiernos su deber de aplicar el derecho al agua de manera progresiva y sin discriminaciones, un paso sin precedentes según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La declaración del Comité se efectuó en la forma de un Comentario General, que representa una interpretación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La adopción del documento fue precedida de un debate, con participación de representantes del sector público, de empresas privadas y de instituciones independientes, que giró fundamentalmente en torno a la propiedad del recurso y la conveniencia de la privatización de los sistemas de explotación.
La declaración final omitió opiniones sobre la privatización, porque los integrantes del Comité convinieron en no politizar el tema, señaló en forma extraoficial uno de sus integrantes, que pidió reserva del nombre.
Sin embargo, el Comentario General del Comité definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud.
La OMS, apenas divulgada este miércoles la decisión del Comité, se apresuró a calificarla de un paso sin precedentes.
La declaración representa un impulso fundamental para los esfuerzos por lograr los objetivos de reducir a la mitad, en 2015, la cantidad de personas en el mundo sin acceso al agua y a los servicios de saneamiento, dijo la directora general de la OMS, Gro Harlem Brudntland.
El Comité está integrado por 18 expertos en derechos humanos designados por los gobiernos, pero que actúan a título individual. El pronunciamiento del organismo antecede a la celebración en 2003 del Año Internacional del Agua, declarado por la ONU.
El comentario del Comité será presentado en el Foro Mundial sobre el Agua y en la Conferencia Ministerial sobre el Agua, que se realizarán en marzo en la ciudad japonesa de Kyoto.
Uno de los miembros del Comité, Eibe Riedel, de Alemania, actuó como relator del organismo sobre la cuestión del agua y especificó que el examen del problema se realizaba desde el ángulo de las consecuencias individuales, sin atender primordialmente el aspecto de los estados.
Tampoco se tuvieron en cuenta los tratados sobre aguas transnacionales ni las regulaciones sobre riego.
Las cifras mencionadas en el debate en el Comité aludieron a los 1.100 millones de personas en el mundo que hoy no tienen acceso al agua y de unos 2.400 millones que no disponen de letrinas.
Unas 3.000 millones de personas sufrirán en 2025 las consecuencias de la escasez de agua si no se actúa rápido, advirtió el senegalés El-Hadji Guissé, relator especial sobre el derecho al agua de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU.
Guissé lamentó que el agua se haya convertido en una mercancía vendida al mejor postor y que las modalidades de su gestión estén sometidas a la ley de la corrupción.
En su país, Senegal, los servicios del agua fueron privatizados en beneficio de una sociedad francesa y a partir de allí se dispone de menos agua y además su calidad es deficiente, apuntó.
El mismo caso se verifica en otras naciones africanas, donde las empresas transnacionales que adquieren todos los pozos de agua están únicamente animadas por el espíritu del lucro, describió.
Por su parte, Jean Ziegler, relator especial para el derecho a la alimentación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, precisó la experiencia de la central ciudad boliviana de Cochabamba, donde el precio del agua se duplicó después de la privatización.
Las protestas populares de 1999 en las calles de Cochabamba obligaron al gobierno a revisar su política sobre la propiedad de la prestación de los servicios de agua, sostuvo Ziegler.
En contraste, Jack Moss, representante de la compañía privada Suez, especializada en la explotación de servicios de agua, opinó que la privatización de los servicios puede ser considerada como una salvación masiva ante la carencia de agua, según la información divulgada por la ONU.
Simon Walker, experto de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, observó la tendencia de algunos gobiernos que presionan a autoridades de otros países para que privaticen algunos sectores de la actividad pública.
Esos estados no tienen obligación alguna de hacerlo, sostuvo Walker.
Una representante de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Mireille Cosy, aclaró que el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios no requiere la privatización ni tampoco la desregulación de alguna de esas actividades.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está integrado, además del alemán Riedel, por Mahmoud Samir Ahmed, de Egipto, Clement Atanga, de Camerún, Rocio Barahona Riera, de Costa Rica, y Viriginia Bonoan-Dandan, de Filipinas, que lo preside actualmente.
También son miembros Dumitru Ceausu, de Rumania, Abdessatar Grissa, de Túnez, Paul Hunt, de Nueva Zelanda, Yuri Kolosov, de Rusia, Giorgio Malinverni, de Suiza, y Jaime Marchán Romero, de Ecuador.
La nómina se completa con Sergei Martynov, de Belarús, Ariranga Govindasamy Pillay, de Mauricio, Kenneth Osborne Rattray, de Jamaica, Walid M. Sa'di, de Jordania, Philippe Texier, de Francia, Nutan Thapalia, de Nepal, y Javier Wimer Zambrano, de México. (FIN/IPS/pc/dm/hd dv/02
