Legisladores de Estados Unidos, incluso del gobernante Partido Republicano, cuestionan un sistema informático que desarrolla el Departamento de Defensa (Pentágono) para rastrear bases de datos con información privada de ciudadanos de este país y del extranjero.
El proyecto Total Information Awareness (acceso o conocimiento de información total, TIA) tiene el objetivo de crear una gran base de datos virtual y centralizada que incluya registros financieros, clínicos, de comunicaciones y de viajes de todas las personas que vivan en Estados Unidos o que ingresen en el país.
El plan, que puso en pie de guerra a organizaciones de derechos civiles, fue alentado después de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington por el almirante retirado John Poindexter, uno de los principales involucrados en el escándalo Irán-Contras en los años 80.
Poindexter encabeza desde comienzos de este año la Oficina de Acceso a la Información de la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada (DARPA), el departamento del Pentágono que desarrolla, junto con el sector privado, herramientas tecnológicas para uso militar.
El militar debió abandonar el puesto de consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) a raíz del escándalo, y luego se dedicó al sector de la tecnología informática por casi 15 años.
El sistema TIA podría rastrear patrones de conducta de los ciudadanos —a través del análisis de su uso de la red informática mundial Internet, historias clínicas y compras con tarjetas de crédito— para determinar quién podría participar en agresiones contra Estados Unidos.
La preocupación entre las organizaciones de derechos civiles, que describen el programa como un intento de establecer un estado vigilante, surgió cuando el diario The New York Times difundió a comienzos de este mes detalles del proyecto.
Estas críticas se suman a las formuladas por algunas medidas del gobierno tras los atentados del año pasado, entre ellas la ampliación de las potestades de espionaje del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como por el respaldo de los tribunales a detenciones sin orden judicial de supuestos terroristas.
La cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe la búsqueda y captura de personas sin motivo razonable, es una de las más delicadas del orden jurídico nacional. Además, las fuerzas armadas tienen prohibida la participación en tareas de mantenimiento del orden interno y de vigilancia.
Esto podría originar una tormenta para las libertades civiles en Estados Unidos, dijo el director del no gubernamental Centro para la Privacidad de la Información Electrónica, Marc Rotenberg.
Una vez que el Pentágono desarrolle el proyecto TIA, esa tecnología podría ser entregada al FBI o a cualquier otra agencia de seguridad. El resultado sería un sistema de vigilancia nacional del público estadounidense, sostuvo Rotenberg.
Si el Pentágono se sale con la suya, todo estadounidense, desde un granjero de Nebraska a un banquero de Wall Street, se encontraría bajo la mirada cibernética acusadora de un poderoso aparato de seguridad nacional, agregó la activista Laura Murphy, de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).
Los activistas por los derechos civiles se unieron en sus críticas con derechistas, para quienes el temor al terrorismo parece haber sido superado por su histórico rechazo al fortalecimiento de las instituciones del gobierno central.
Muchos derechistas manifiestan creciente ira hacia uno de los suyos, el secretario de Justicia (fiscal general) John Ashcroft, quien luego de los atentados del 11 de septiembre amplió las facultades de los fiscales federales y del FBI a expensas de las libertades individuales.
El Departamento de Justicia parece estar fuera de control. Es la mayor amenaza del país a la libertad personal, se lamentó el recién retirado líder de la mayoría del gobernante Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Dick Armey.
Por su parte, el diputado ultraderechista Bob Barr, calificó el proyecto TIA de escandaloso. Cualquiera debería imaginarse que la planificación por parte del Pentágono de un sistema para recoger datos personales obtuviera un poco más de atención, dijo.
El diario The New York Times exhortó al Congreso legislativo a clausurar el programa y a no permitir su reanudación hasta que realizara una investigación exhsustiva, mientras The Washington Post dijo que, al menos, debería designarse un comité externo para supervisar el plan antes de su implementación.
El Pentágono ha insistido en que el proyecto es inocuo y que, cuando sea establecido, los sistemas de rastreo serán dirigidos por agencias internas sometidas a las habituales salvaguardias constitucionales y legales.
Es absurdo pensar que la DARPA esté tratando, de algún modo, de convertirse en otra agencia policial, dijo el subsecretario (viceministro) de Defensa a cargo de compras, logística y tecnología, Edward C. Pete Aldridge.
El propósito de la DARPA es demostrar la factibilidad de esa tecnología. Si resulta útil, (el proyecto TIA) se volcará a la comunidad de inteligencia, contrainteligencia y vigilancia de la ley como herramienta para ayudarla en su batalla contra el terrorismo doméstico, agregó Aldridge.
El funcionario aseguró que sólo se asignaron hasta ahora al proyecto 10 millones de dólares. Sin embargo, el activista Rotenberg citó documentos de la DARPA según los cuales se asignaron el plan TIA 243 millones de dólares desde el 11 de septiembre de 2001.
Tampoco ayuda a la causa del proyecto TIA que Poindexter sea el máximo funcionario a su cargo. El impávido almirante, fumador de pipa y graduado con honores en la Academia Naval, fue el principal miembro del gobierno de Reagan condenado por mentirle al Congreso por el escándalo Irán-Contras.
En los años 80, el gobierno apeló a un sistema ilegal por el cual lo obtenido por ventas clandestinas de armas a su archirrival Irán se utilizó para financiar a la oposición armada a la revolución sandinista en Nicaragua.
Sin embargo, Poindexter, quien nunca se mostró arrepentido por sus acciones durante la presidencia de Reagan, logró la absolución porque el acuerdo de inmunidad que había pactado con el Congreso para brindarle su testimonio dejaba sin efecto la acusación, según el tribunal que procesó la apelación.
El presidente (George W. Bush) cree que el almirante Poindexter sirvió muy bien a nuestra nación, dijo en enero el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, al anunciar su designación al frente de la DARPA.
John Poindexster tiene pasión y entusiasmo por este proyecto, afirmó meses más tarde Aldridge.
El escudo de la Oficina de Acceso a la Información que Poindexter encabeza es el símbolo masónico de la pirámide con un ojo y el lema latino Scientia Est Potentia (el conocimiento es poder). (FIN/IPS/tra-eng/jl/mj/ip hd/02
