Más de 30.000 ciudadanos de Burkina Faso huyeron del vecino Costa de Marfil desde mediados de septiembre, 2.000 de ellos en la última semana, víctimas de un plan para expulsar a los extranjeros, según funcionarios de Ouagadougou.
Los expulsados regresaron a Burkina Faso en autobuses alquilados por el gobierno de este país a través de Ghana, dado que la frontera con Costa de Marfil está cerrada desde el 20 de septiembre, un día después del estallido de una rebelión del ejército marfileño.
Más de 40.000 personas quedaron sin hogar en Costa de Marfil a causa de la violencia estallada el 19 de septiembre, informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El gobierno marfileño decidió la demolición de 40 asentamientos precarios, además de otros 11 que ya fueron demolidos, habitados mayoritariamente por ciudadanos de países vecinos.
La crisis en Costa de Marfil está exacerbada por la xenofobia, afirmó Halidou Ouedraogo, presidente del Movimiento Burkinés para los Derechos Humanos y Populares.
Ouedraogo criticó el alto precio pagado por los extranjeros, principalmente de Burkina Faso, Mali y Guinea, desde el comienzo de la rebelión. Muchos de ellos son víctimas de extorsiones y humillaciones, sostuvo.
El sentimiento de xenofobia en Costa de Marfil, alguna vez un bastión de estabilidad en Africa occidental, comenzó con su crecimiento económico que atrajo en los años 90 a millones de trabajadores de países vecinos más pobres.
Costa de Marfil es el principal productor de cacao del mundo y el segundo de café.
Unos 2,2 millones de burkineses, 800.000 ciudadanos de Malí y 230.000 de Guinea viven en ese país, donde trabajan principalmente en plantaciones de cacao y café, según estadísticas oficiales.
La violencia en Costa de Marfil amenaza la paz en la región y constituye un paso atrás en derechos humanos y democracia, dijo Ouedraogo.
La mayoría de los burkineses que regresaron a su país huyeron de Abidján, la capital económica de Costa de Marfil. Otros regresaron de las regiones centrales de Daloa y Tiebissou.
Hicimos los arreglos para ayudar a regresar a aquellos que deseen hacerlo, explicó Mariam Lamizana, ministra de Asuntos Sociales de Burkina Faso.
El programa de repatriación de unos 7.000 burkineses costará al gobierno el equivalente a 692.000 dólares.
Los repatriados perdieron todo en Costa de Marfil. Encontré mi casa destruida cuando regresé del centro, contó Albert Konto, 24, que trabajaba como cocinero en Abidján y vivía en un asentamiento precario.
Las autoridades marfileñas quemaron todas las viviendas de algunos asentamientos ilegales por sospechar que allí se ocultaban algunos de los amotinados.
Gracias a Dios que estamos aquí de vuelta. Caritas, una organización no gubernamental, nos ha dado comida y vestimenta en las últimas dos semanas, dijo Konto, quien juró nunca más volver a pisar Costa de Marfil.
El Movimiento Burkinés para los Derechos Humanos y Populares exhortó a la Unión Africana y a la Comisión Africana para los Derechos Humanos y Populares a que intervengan para poner fin a los masivos y recurrentes violaciones a los derechos humanos en Costa de Marfil.
El gobierno marfileño acusó a Burkina Faso de otorgar asilo a soldados renegados, cuyos camaradas controlan hoy la mitad norte de Costa de Marfil.
Ouagadougou negó las acusaciones, aunque reconoció que ha admitido a desertores del ejército marfileño por causas humanitarias.
El canciller Youssouf Ouedraogo reafirmó el lunes el compromiso nacional de recibir a cualquier africano en problemas, siempre que no intente desestabilizar a otros países usando el nuestro como base.
Autoridades marfileñas también criticaron el apoyo de Ouagadougou al ex primer ministro marfileño Alassane Ouattara, que fue impedido de participar en las elecciones presidenciales de 2000 porque sus padres nacieron en Burkina Faso. (FIN/IPS/tra-en/bo/sz/mn/mlm/hd/02
