La Asamblea General de la ONU condenó una vez más este martes el embargo de Estados Unidos contra Cuba, al tiempo que el gobierno de Fidel Castro señaló las debilidades de los acuerdos migratorios entre ambos países ante un nuevo caso de piratería aérea.
La 57 sesión de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aprobó por 173 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones una moción que indica la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de cuatro décadas, presentada por undécimo año consecutivo por Cuba.
La ONU ha aprobado resoluciones contra el embargo estadounidense, que Cuba denomina bloqueo, desde 1992, cuando fuera votada por primera vez a favor por 59 gobiernos, tres en contra y 71 abstenciones.
El canciller cubano Felipe Pérez Roque consideró este martes que el triunfo de La Habana en la ONU profundiza el aislamiento de la política de embargo de Estados Unidos, además de remarcar su fracaso.
En tanto, en una declaración divulgada también este martes en la prensa estatal, la cancillería cubana calificó de secuestro el desvío el lunes de una aeronave del tipo AN-2 hacia territorio estadounidense, con 10 personas a bordo, incluido un menor de edad.
El pequeño avión fumigador, tripulado por Nemencio Carlos Alonso Guerra, partió desde la noroccidental provincia de Pinar del Río y aterrizó poco tiempo después en un aeropuerto de Cayo Hueso, en el meridional estado estadounidense de Florida.
Las autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos dijeron que el grupo de cubanos se encuentra bajo custodia de ese departamento, con el fin de ser entrevistados para determinar su situación migratoria.
Se trata del segundo incidente de este tipo en dos años, luego de que en septiembre de 2000 también una avioneta dedicada a tareas de fumigación de plantaciones, que había partido de manera clandestina desde esa misma provincia, cayera al mar con 10 emigrantes cubanos a bordo.
Los nueve pasajeros de esa aeronave que lograron sobrevivir recibieron protección del gobierno estadounidense.
Las autoridades cubanas calificaron ese hecho un acto de piratería aérea.
El secuestro de naves aéreas está tipificado claramente como un delito de terrorismo en el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del año 1970, del que Estados Unidos y Cuba son Estados Parte, precisó el comunicado oficial del gobierno de Castro.
Pérez Roque insistió en que la responsabilidad de que delitos como este secuestro se cometan recae sobre Washington, que mantiene en vigor y aplica la llamada ley de ajuste cubano.
Esa legislación de 1996 concede a inmigrantes cubanos la posibilidad de obtener residencia en Estados Unidos aun cuando hayan ingresado sin cumplir los requisitos legales en materia migratoria.
A juicio de la cancillería, la ley de ajuste cubano, con su tratamiento privilegiado y excepcional, estimula con fines propagandísticos la emigración ilegal desde Cuba.
El presidente estadounidense George W. Bush confirmó el 7 de este mes que los ciudadanos cubanos son la única excepción dentro de las leyes de inmigración, que establecen la deportación para quienes ingresen de modo irregular a ese país.
No devolvemos a la gente porque van a ser perseguidos, dijo Bush respecto de Cuba. Los acuerdos migratorios vigentes desde mediados de los años 90 estipulan la devolución a la isla de los cubanos interceptados en el mar, que no deberán ser hostilizados. Este año han sido repatriados más de 600 cubanos.
Pero las personas que logren tocar tierra son amparadas por la ley de ajuste, en lo que se conoce como política de pies mojados y pies secos.
La cancillería dijo que no es casual que el secuestro de la aeronave se haya producido poco días después de que Bush defendiera la existencia de una legislación especial para los cubanos.
Asimismo, indicó que los convenios obligan a Washington a adoptar medidas para impedir el uso de la violencia por parte de quienes intenten llegar a Estados Unidos desde Cuba mediante el desvío forzoso de aeronaves y embarcaciones.
En tanto, Washington ha responsabilizado a La Habana de provocar este tipo de fugas, al impedir la salida legal a inmigrantes con visa estadounidense.
El código penal cubano sanciona con privación de libertad de siete a 15 años a quien organice o promueva la salida no autorizada del territorio nacional de personas con destino a un tercer país.
La condena puede extender a 20 años de cárcel e, incluso, puede llegarse a la sentencia de muerte para quien sustraiga, aprese o se apropie de una nave o aeronave, la desvíe, de su ruta o interfiera sus actividades normales, o ponga en peligro la seguridad de las mismas.
Los problemas migratorios son los únicos que hasta ahora lograron reunir en torno a una mesa de negociaciones a los dos países, cuyas mayores contradicciones se concentran en el embargo económico y comercial.
Cuba sostiene que las restricciones estadounidenses le han causado pérdidas por más de 70.000 millones de dólares, además de impedir la plena realización de derechos humanos básicos de los cubanos, como los de salud y la alimentación. (FIN/IPS/pg/dm/ip if/02
