La adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional (CPI) pone a la justicia local, a partir de este viernes, ante el desafío de demostrar que puede enfrentarse a los crímenes de genocidio y contra la humanidad.
La CPI tiene a partir de ahora, al sumar a Colombia, jurisdicción en 77 países para juzgar, salvo alguna excepción, a responsables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad cuando esos delitos no sean abarcados por las leyes del estado donde fueron cometidos.
El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, en un acto simbólico para celebrar la entrada en vigor del también llamado Estatuto de Roma, se despojó en una conferencia de prensa del chaleco antibalas de 7,5 kilogramos de peso con el que se protegía de eventuales atentados.
Mockus dijo que a partir de este viernes deja en manos del tribunal internacional la protección de su vida y la de todos los colombianos, porque está confiado en que el Estatuto de Roma y la educación protegen.
También invitó a todos los ciudadanos a exigir ante la CPI que sean castigados también todos los que cometan crímenes de guerra.
Por su parte, Jimmy Chamorro, autor de la ley para ratificar el tratado mundial, dijo que con la entrada en vigor de este instrumento se está sentando un precedente importante para demostrar que las violaciones de los derechos humanos no quedarán impunes.
La CPI fue creada en el marco del Estatuto de Roma, firmado por 139 países en una reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998 en la capital italiana.
Ese tribunal, instalado el 1 de julio en La Haya, aunque su integración total no se logrará antes del año próximo, no intervendrá en delitos cometidos antes de su ratificación por el país en que se investiga el caso.
También contempla excepciones para comenzar a juzgar determinados delitos, como es le caso de Colombia, que excluyó de la competencia de la CPI por los próximos siete años a los llamados crímenes de guerra.
De este modo, la CPI no tendrá competencia durante ese lapso para delitos que atentan contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
En cambio, quedará bajo la jurisdicción del tribunal mundial el genocidio y los delitos contra la humanidad, perpetrados con frecuencia por los paramilitares de derecha y las guerrillas izquierdistas.
El analista político Luis Valencia explicó a IPS que entre los crímenes que podrán ser juzgados por la CPI, en caso de no sean esclarecidos por la justicia colombiana, se encuentran el secuestro, el desplazamiento forzado y las masacres.
No obstante, el tribunal mundial no tendrá competencia por siete años en delitos tan graves como la toma de rehenes, el uso de armas no convencionales y el reclutamiento de menores de 18 años, los cuales están contemplados en el artículo 8 del Estatuto de Roma como crímenes de guerra.
Esta excepción está permitida en el artículo 124 del Estatuto, que, según analistas, fue promovido por algunos países, como Estados Unidos y Francia, al final de la conferencia que redactó este instrumento para evitar someter a sus militares y funcionarios al tribunal.
Valencia sostuvo que al CPI, antes de entrar en vigencia, en Colombia ya había sido una institución en crisis, tanto por la excepción como por la sistemática campaña de Estados Unidos para debilitar su aplicación.
Alvaro Uribe asumió el gobierno el 7 de agosto, dos días después de que el Congreso legislativo ratificara el Estatuto de Roma, una verdadera papa caliente para él.
Además, Uribe debe decidir sobre el pedido de Washington de firmar un acuerdo bilateral para dejar fuera del alcance de la CPI a los soldados y funcionarios estadounidenses destinados en territorio colombiano.
El comisionado para la Paz, Luis Restrepo, aseguró que la cláusula de salvedad, la excepción de siete años de gracia para enjuiciar los crímenes de guerra, es una garantía para facilitar un posible proceso de paz con la guerrilla, y que no implica impunidad para nadie.
Restrepo agregó que la justicia colombiana es competente para el conocimiento de los crímenes de guerra, por lo tanto no debe haber ningún tipo de impunidad.
Organizaciones no gubernamentales consideran que, si bien es cierto que la CPI no pondrá fin a todas las violaciones de los derechos humanos, es un mecanismo que permitirá afrontar los altos niveles de impunidad que existen en el país. (FIN/IPS/yf/dm/hd/02
