Indígenas y campesinos de la septentrional sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, aseguraron que están prisioneros en su propio territorio por la aplicación del estado de conmoción interior, que les impide circular libremente y acceder a los alimentos.
A la creciente presencia de grupos armados ilegales se suman ahora las restricciones impuestas por el estado de conmoción interior, decretado en agosto por el presidente Alvaro Uribe, dijeron a IPS representantes de unos 5.000 campesinos e indígenas de 70 localidades afectadas por la medida.
Uribe echó mano a la figura contemplada en la Constitución para contar con facultades especiales para enfrentar la escalada de violencia de insurgentes de izquierda y paramilitares de derecha.
El estado de conmoción interior faculta a las Fuerzas Armadas a controlar el tránsito de personas y alimentos en las zonas conflictivas y a detener sin orden judicial a cualquiera que consideren sospechoso.
El secretario de la Asociación Indígena Tayrona, Jeremías Torres, dijo a IPS que las comunidades locales ”se sienten humilladas” por la creciente presencia de hombres armados en la sierra Nevada de Santa Marta, que se extiende por los departamentos de Magdalena, Guajira y César, frente al mar Caribe.
”Esos hombres hacen retenes (puestos de control), nos piden cédulas (de identidad) que no usamos en nuestra cultura, nos impiden llevar alimentos e intentan reclutar a nuestros jóvenes”, dijo Torres en referencia a guerrilleros y paramilitares que se disputan el territorio utilizado como corredor del tráfico de armas y de drogas.
El campesino Jorge González, presidente de la asociación comunal de la aldea de Santa Clara, consideró injustificado que él y sus vecinos deban solicitar permiso al ejército para comprar alimentos en los centros urbanos más próximos.
González relató que a fines de octubre 140 indígenas y campesinos marcharon durante 36 horas desde la zona alta de la sierra, reclamando a los grupos ilegales y al ejército que los excluyeran del conflicto.
”Pedimos concretamente el desbloqueo de las vías para poder subir alimentos y que se nos deje caminar libremente por la sierra, que es nuestro hogar”, sostuvo González.
Según las denuncias de los campesinos, antes de las restricciones los comercios locales adquirían unos 3.600 dólares de mercaderías por semana, mientras ahora las autoridades apenas les permiten adquirir productos por 500 dólares semanales.
Se trata de evitar que los grupos armados se abastezcan de alimentos utilizando a los campesinos para sus compras, alegó el ejército.
La Defensoría del Pueblo consideró preocupante la situación de la sierra Nevada de Santa Marta, en un informe que registra 60 actos violatorios de los derechos humanos cometidos este año en la zona.
Entre junio de 2000 y octubre de este año, 33 indígenas murieron en ”asesinatos selectivos” atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), añadió el informe.
La Defensoría recomendó al Ministerio del Interior que ”ponga en marcha un plan de emergencia que garantice los derechos fundamentales y colectivos de los indígenas y campesinos de la sierra Nevada de Santa Marta”.
El gobierno admitió que ”existen dudas sobre el manejo de los derechos humanos por parte de la fuerza pública” en algunas zonas donde se aplican medidas especiales, y se comprometió ”a hacer todo lo que esté a su alcance para velar porque los derechos humanos sean respetados”.
Organizaciones no gubernamentales indicaron que existen aspectos ambiguos en las medidas, que pueden traer consecuencias no deseadas y exhortaron a discutir las nuevas reglas de juego con todos los sectores locales para evitar abusos.
Según algunos lídres indígenas, sus comunidades son las principales víctimas del conflicto, pese a haberse pronunciado por la convivencia pacífica y haber reclamado a los grupos armados que las consideren neutrales.
