La detención en Costa Rica de supuestos paramilitares colombianos que intentaban conseguir armas con drogas demuestra que Colombia necesita la ayuda de la comunidad internacional para combatir el narcotráfico y el terrorismo, señaló el embajador en Estados Unidos, Luis Moreno.
Se requiere un fuerte compromiso de la comunidad internacional, también de Estados Unidos, porque algunas (armas) son compradas en el mercado negro estadounidense, dijo Moreno este jueves a la radioemisora colombiana Caracol.
La detención el martes de Carlos Alí Romero, César López y el comandante Emilio, supuestos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es un duro golpe de las autoridades estadounidenses al narcotráfico y el terrorismo.
El operativo fue dirigido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
El diplomático exhortó a la comunidad internacional a que ajuste los controles para impedir la venta de armas a la guerrilla de izquierda y los paramilitares de derecha, pues son organizaciones ilegales vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.
De acuerdo al secretario de Justicia de Estados Unidos John Ashcroft, los tres detenidos son paramilitares que negociaban un intercambio de toneladas de cocaína en Estados Unidos y América Central, a cambio de un importante cargamento de armas, a un costo de 25 millones de dólares.
Un cuarto cómplice, el israelí naturalizado en Estados Unidos Uwe Jensen, fue detenido en la meridional ciudad estadounidense de Houston.
Los cuatro son acusados por la justicia estadounidense de conspiración para distribuir cocaína y de conspiración para proveer material de apoyo y recursos a una organización terrorista internacional.
La investigación estadounidense, que llevó 13 meses, sostiene que los cuatro sospechosos intentaban adquirir un cargamento de 60.000 armas a cambio de efectivo y cocaína, pero ignoraban que estaban negociando con agentes encubiertos del FBI y la DEA.
En la acusación se detalla la negociación de Romero y Jensen para comprar cinco contenedores con armas fabricadas en Rusia y otros países de Europa oriental, destinadas a armar a las AUC.
La embajada de Estados Unidos en Estados Unidos sostuvo este jueves en un comunicado que se inició el proceso de extradición de los tres colombianos detenidos en Costa Rica.
Según el comunicado, las detenciones constituyen una demostración clara del vínculo innegable entre las organizaciones que trafican con narcóticos y las organizaciones internacionales terroristas.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos responsabilizan a las AUC de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
El operativo en Costa Rica coincidió con un artículo en la revista colombiana Cambio, según el cual militares venezolanos vendieron cuantiosas armas a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La revista citó a un hombre con 10 años de militancia en las FARC, identificado como El Técnico, que habría colaborado con las autoridades para ubicar cinco pistas y aeropuertos clandestinos por donde ingresaban las armas.
Según las declaraciones de esta fuente, parte de los cargamentos son pagados con dinero del narcotráfico y otros se reciben sin pago alguno.
El artículo fue desmentido por el general de división del Ejército venezolano Raúl Isaías Baduel, quien sostuvo que el supuesto tráfico de armas para la guerrilla colombiana es un asunto recurrente.
Baduel no negó la probabilidad de casos aislados en los que personal militar se desvíe de su deber y cometa delitos de esta naturaleza, pero no puede señalarse que es una actividad nacida en el seno de las Fuerzas Armadas, sostuvo.
Sin embargo, Baduel reconoció que algunos efectivos fueron sometidos a a tribunales militares por incurrir en delitos de este tipo, por lo cual hay que afinar los controles sobre nuestros depósitos de armas y municiones.
Un ex jefe militar colombiano que no quiso dar su nombre dijo a IPS que en algunos países hay laxitud en el control y venta de armas que están ingresando al país para armar a las organizaciones ilegales.
Puede haber complicidad, porque no es tan fácil comprar un gran cargamento de armas, y no se comprende cómo las autoridades de la nación que las vende no puedan confrontar con el gobierno (del país) destinatario si realmente van o no a ese sitio, precisó la fuente.
Según el militar, falsificar documentos y suplantar el destino final de las armas es uno de los procedimientos utilizados por las organizaciones delictivas y los grupos armados para ingresar material bélico a Colombia.
Un informe de inteligencia del ejército indica que sólo la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero, tienen en su poder más de 45.000 armas, a las que se sumarían las de unos 11.000 combatientes de las AUC. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02
