Familiares de secuestrados por insurgentes de izquierda y organizaciones pacifistas de Colombia pidieron este martes al gobierno evitar operativos militares de rescate y seguir buscando un acuerdo humanitario de canje de prisioneros.
El gobierno de Alvaro Uribe debe evitar cualquier acción militar que ponga en peligro la vida de los secuestrados, dijo a IPS Ana Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), que reúne a casi 30 grupos no gubernamentales que impulsan una solución negociada al conflicto armado interno.
Redepaz se unió a familiares de 12 diputados en poder de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el occidental departamento del Valle del Cauca, para reclamar a Uribe que continúe con los esfuerzos en busca del canje pacífico de secuestrados por guerrilleros presos.
La liberación de manos de las FARC del obispo de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Jorge Jiménez, en una operación del ejército la semana pasada, no es garantía de que toda acción militar permita que el resto de los secuestrados pueda regresar sanos y salvos, advirtieron.
Bernal reconoció el éxito de la operación que liberó a Jiménez y al sacerdote que lo acompañaba Desiderio Orjuela, pero indicó que no es bueno dejarse llevar sólo por la euforia de la fuerza y de la guerra.
La activista puntualizó que el gobierno y las FARC tienen que buscar alternativas para concretar un acuerdo para el intercambio de prisioneros por razones humanitarias.
El convenio de este tipo que se llevó a cabo durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) permitió la liberación de casi 300 soldados y policías secuestrados por guerrilleros detenidos.
En los rescates a sangre y fuego, como el que se produjo el jueves de la semana pasada para liberar a los dos religiosos, no siempre se puede proteger la vida de los rehenes, apuntó Bernal.
Dos casos dolorosos de rescates fallidos, que terminaron con la muerte de los secuestrados fueron los de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo, en 2000, y el de Diana Turbay, hija del ex presidente Julio César Turbay (1978-1982), en la década del 80.
Por su parte, Fabiola Perdomo, familiar de uno de los 12 diputados secuestrados a mediados de 2001, comentó que un rescate en una acción del Ejército es muy riesgoso.
Las condiciones en el departamento del Valle del Cauca, con zonas de amplio dominio guerrillero, son muy diferentes a las que existen en el central departamento de Cundinamarca, donde fue liberado el presidente del Celam y el sacerdote Orjuela.
No olvidamos otros operativos que fueron nefastos para los secuestrados, por eso insistimos en una política negociada, dijo Perdomo, quien lidera un movimiento de organizaciones civiles que apoyan el acuerdo humanitario.
Perdomo sostuvo que el movimiento de familiares de secuestrados por la guerrilla trabaja para lograr que las partes se sienten a negociar alrededor de una mes y que, pese a las malas noticias por parte del grupo subversivo, aún cree que el acuerdo humanitario es posible.
El gobierno de Uribe y las FARC aún no se han logrado sentar las bases mínimas para trabajar en el proyecto de intercambio humanitario de prisioneros, que es impulsado por Redepaz, además de otra iniciativa similar respaldada por un grupo de intelectuales.
Camilo González, director de la Asamblea por la Paz, uno de los grupos por ese intercambio, comentó a IPS que la propuesta está basada en los principios del derecho internacional humanitario y es respaldada por la Iglesia Católica, sindicatos y asociaciones empresariales.
El ex canciller Augusto Ramírez, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), consultora del gobierno, apuntó que la propuesta de las organizaciones humanitarias y la de los intelectuales tienen en común la referencia a normas del derecho internacional humanitario.
Por tanto, entiende que es viable un acuerdo para el intercambio humanitario de prisioneros sin que por ello se altere el estatus de cada parte, del Gobierno y de la guerrilla.
Quienes se oponen a los proyectos de canje aducen que, de llevarse a cabo, el gobierno estaría reconociendo el estatus de beligerancia de los rebeldes.
Analistas políticos indican que las FARC mantiene secuestrado a un grupo de políticos precisamente para presionar al Congreso para que apruebe una ley de canje que permitirá poner en libertad a muchos guerrilleros presos.
El gobierno reconoció en agosto, durante una entrevista con familiares de los 12 diputados secuestrados por las FARC, que explora procedimientos humanitarios para lograr la liberación de los políticos, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de los 12 diputados retenidos en bases del Valle del Cauca, las FARC mantiene secuestrados al ex gobernador del sudoriental departamento de Meta Alan Jara, a otros cinco legisladores, a casi 50 policías y militares y a unos 800 civiles.
La canciller Carolina Barco indicó el lunes que en el gobierno existe la mejor voluntad para llegar a un acuerdo humanitario y que se está a la espera de una respuesta del grupo insurgente.
Se trata de canalizar el diálogo a través de la ONU y de la Cruz Roja, agregó.
Las FARC, por su parte, confirmaron el domingo que no aceptan una mediación de la ONU para negociar la liberación de secuestrados a cambio de guerrilleros.
Raúl Reyes, unos de los jefes insurgentes, señaló en varios foros que considera innecesario sentar a las Naciones Unidas con la representación del gobierno colombiano para un problema que es entre la insurgencia y el Estado. (FIN/IPS/yf/dm/hd/02
