Familiares de secuestrados por la guerrilla insisten ante el gobierno de Colombia para que comience a negociar lo más rápido posible un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros con los grupos insurgentes.
Las condiciones están dadas para que el gobierno de Alvaro Uribe y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inicien contactos para un canje de guerrilleros presos por secuestrados en poder de ese grupo rebelde, dijeron a IPS líderes de organizaciones de familiares, políticos y ex funcionarios.
Yolanda Pulecio, madre de la ex senadora y ex candidata presidencial Ingrid Betancurt secuestrada por las FARC en febrero, señaló a IPS que alienta la esperanza de que en Colombia se pueda volver a hablar de paz, porque el presidente quiere, definitivamente, hacer un intercambio.
Hemos tenido apoyo total de Europa, en particular de Francia, una actitud que se manifestó en el hecho de que Betancurt haya sido nombrada ciudadana honoraria en centenares de ciudades europeas, apuntó.
El carácter humanitario del canje de prisioneros que se impulsa por parte de organizaciones de familiares de políticos, militares, policías y civiles en manos de la guerrilla ha sido alentado por el papa Juan Pablo II, a quien han acudido Pulecio y otras personalidades.
Precisamente, el secuestro el lunes 11 del presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Zipaquirá, Jorge Jiménez, y del sacerdote Desiderio Orjuela a manos de un presunto grupo de las FARC sería para presionar al gobierno en ese sentido, según el presidente de la Cámara de Diputados, William Vélez.
También el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Pedro Rubiano, tras condenar el secuestro de los dos religiosos y sumarse al pedido del Papa de su inmediata liberación, confirmó su posición favorable al intercambio humanitario de prisioneros, para que las personas en poder de la guerrilla vuelvan a casa.
La guerrilla mantiene secuestrados a unas 900 personas, muchas de las cuales llevar más de cinco años de cautiverio, entre las que se encuentran 45 policías y soldados, alrededor de 30 dirigentes políticos, alcaldes y legisladores, y alrededor de 800 civiles.
La intención de la insurgencia es intercambiarlos por cerca de 400 guerrilleros presos.
El próximo paso es que la guerrilla y el gobierno se sienten a conversar sin condiciones previas, indicó a IPS Carlos Lozano, quien en la última etapa del fallido proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC integró la llamada comisión de notables.
Lozano, ex director del semanario comunista Voz, comentó que un elemento a favor de un acuerdo es que tanto el gobierno como la guerrilla entienden que el intercambio no está atado a la reanudación de conversaciones de paz.
Las condiciones están dadas para que las partes decidan reunirse sin intermediarios, para definir un temario y la logística, lo cual no descarta el acompañamiento internacional y local, precisó.
Analistas políticos señalaron que el gobierno cuenta con cobertura constitucional para intentar un acuerdo humanitario como el planteado, pues hace una década Colombia ratificó el llamado Protocolo II de Ginebra sobre humanización de la guerra.
Ese convenio internacional es un protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
El ex procurador General de la Nación Jaime Bernal opinó que Uribe puede ampararse también en la declaración en vigor del estado de conmoción interior, que faculta al gobierno y a las fuerzas de seguridad a realizar acciones sin previa intervención de la justicia.
También monseñor Rubiano dijo a mediados de octubre que la Iglesia Católica apoyaba un acuerdo humanitario entre el gobierno y los grupos insurgentes, con mecanismos especiales que impidan que la insurgencia saque ventaja del eventual convenio.
Asimismo, el propio Uribe se reunió el 27 de septiembre, al regreso de su viaje a Estados Unidos, con la jerarquía católica para pedirle sus buenos oficios al respecto y sirviera de puente para obtener el visto bueno del Vaticano.
Expertos sostienen que Uribe está dando un manejo confidencial a la posibilidad de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros con la guerrilla.
Marleny Orjuela, presidenta de Asfamipaz, organización que agrupa a familiares de soldados y policías en poder de la guerrilla, precisó a IPS que sus parientes llevan entre 1.095 y 2.005 días en cautiverio.
No es justo que nuestros hijos, por portar un uniforme, lleven todos estos años de prisión, retención o secuestro, manifestó.
Orjuela añadió que hay expresa voluntad política a favor del intercambio por parte de Vélez y del presidente del Senado, Luis Ramos.
Sin embargo la activista puntualizó que todavía falta más unidad entre las distintas organizaciones de familiares de personas en poder de la guerrilla.
Las últimas pruebas de supervivencia recibidas por Asfamipaz datan de agosto y correspondieron a 11 oficiales y suboficiales, presumiblemente retenidos en el nororiental departamento de Antioquia.
En cambio, hace 19 meses que nada se sabe del destino de 28 secuestrados que estarían en un campamento a cargo del jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, conocido por su nombre de guerra Mono Jojoy, ni de otros seis que se supone en manos de un comando liderado por el ex negociador insurgente, Joaquín Gómez.
Orjuela precisó que los contactos con jefes guerrilleros han sido prácticamente imposibles desde que Pastrana, quien entregó el gobierno a Uribe el 7 de agosto, diera por finalizado el diálogo de paz con las FARC y desactivara la zona desmilitarizada en el Caguán, en el meridional departamento de Caquetá.
La dirigente de familiares de militares y policías secuestrados abogó porque el gobierno decrete una nueva zona desmilitarizada.
Empero, una propuesta de las FARC en ese sentido es considerada inviable, tanto por el gobierno de Uribe como por distintos sectores, dado que la insurgencia pide la desmilitarización de los departamentos de Caquetá y Putumayo.
En Putumayo, fronterizo con Ecuador y donde existen vastas zonas de cultivo de coca, se encuentra la base militar de Tres Esquinas, puntal de la lucha antinarcóticos y contrainsurgente enmarcada en el Plan Colombia, financiado en parte por el acuerdo de asistencia militar con Estados Unidos.
Camilo González, de la Comisión Nacional de Conciliación, dijo a IPS que el principal escollo para avanzar en una cuerdo es la polarización y el incremento de la confrontación armada interna y el hecho de que hay fuerzas internacionales comprometidas con la situación de guerra en Colombia.
En cuanto a la insurgencia, González comentó que aún prevalece la idea de que es posible disputar militarmente el poder. La ilusión militar pesa muchísimo sobre la situación colombiana y dificulta acuerdos que aparentemente son sencillos. (FIN/IPS/yf/dm/hd ip/02
