La Concertación de Partidos por la Democracia, que gobierno Chile desde 1990, vive su peor momento tras el levantamiento de la inmunidad penal a cinco legisladores acusados de corrupción, que deja a esa coalición en virtual empate con la oposición de derecha en la Cámara de Diputados.
Los cinco diputados comenzaron este miércoles a presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia para que anule el fallo emitido el martes por el tribunal de Apelaciones de la meridional ciudad de Rancagua, que los despojó de su fuero especial, suspendiéndolos en forma temporal de sus cargos.
El tribunal de Rancagua estimó que existen fundamentos para procesar a los diputados Jaime Jiménez y Cristián Pareto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista (PS), Víctor Manuel Rebolledo, del Partido Por la Democracia (PPD) y Eduardo Lagos, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD).
Según denuncias, esos parlamentarios incurrieron en delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y asociación ilícita con propietarios de plantas encargadas de emitir las certificaciones técnicas que autorizan la circulación y registro de los vehículos automotores en Chile.
El pedido de desafuero hecho a la Corte de Apelaciones de Rancagua por el juez investigador Carlos Aránguiz incluía también al diputado Aníbal Pérez, del PPD, pero el tribunal estimó que no había fundamentos para procesarlo.
Los cinco diputados tienen un plazo de cinco días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia y, si ésta ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones, quedarán automáticamente suspendidos de sus cargos parlamentarios para ser enjuiciados.
En virtud del dictamen en primera instancia, los diputados pueden sólo ingresar al edificio del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, ocupar sus oficinas y cobrar sus dietas (remuneraciones), pero están temporalmente inhabilitados para asistir a sesiones, votar o presentar proyectos.
Esa situación redundó en un virtual empate de fuerzas en la Cámara de Diputados entre la coalición gobernante, que cuenta ahora con 58 diputados en ejercicio, y el bloque opositor de derecha, la Alianza por Chile, que tiene 57 escaños en esa rama legislativa. El cuerpo consta de 120 escaños.
El caso coimas, como se le conoce, irrumpió el 18 de octubre, cuando el empresario Carlos Filippi, concesionario de plantas de revisión técnica en Rancagua denunció en la revista derechista Qué Pasa pagos realizados en 2000 al hoy diputado Rebolledo y al entonces viceministro de Transportes, Patricio Tombolini.
Rebolledo, elegido diputado en diciembre de 2001 por el PPD, era también hasta octubre vicepresidente de ese partido, que lo sancionó inicialmente con la suspensión de su militancia.
Más drástico, el PDC expulsó de sus filas a los diputados Jiménez y Pareto, cuando semanas después de las denuncias de Filippi, al parecer inducidas por ellos mismos, se conoció que habían extorsionado a otra empresaria de plantas de revisión técnica.
En cambio, el diputado Letelier recibió un incondicional respaldo de la dirección del PS, confirmado este miércoles a través del presidente de esa agrupación, Camilo Escalona.
Letelier es el más connotado de los cinco legisladores, pues es el hijo de quien fuera canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington en un atentado terrorista ordenado por los organismos de represión de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Aparte de los cinco diputados, el juez Aránguiz está procesando a tres ex funcionarios gubernamentales, incluyendo a Tombolini, quien era hasta comienzos de octubre presidente del PRSD.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Heraldo Muñoz, dijo el martes por la noche que la situación es complicada, en términos de que el Poder Ejecutivo queda sin una base firme de sustentación en la Cámara de Diputados.
Muñoz confirmó la posición del presidente Ricardo Lagos de que es a los tribunales a quienes le corresponde aclarar los supuestos delitos cometidos por los parlamentarios oficialistas, sin interferencia de los otros poderes del Estado.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, señaló este miércoles que la probidad es un patrimonio importante del país y que, en ese sentido, su institución se ha hecho parte en los juicios por el caso coimas.
No confundamos actos de corruptela con la corrupción, advirtió Szczranski, para indicar luego que la situación en la que están involucrados los ex funcionarios y los diputados no representa una práctica generalizada en el sistema público chileno.
Los montos comprometidos en los cohechos pagados por Filippi equivalen a unos 25.000 dólares, una suma muy baja si se la compara con actos de corrupción en otros países, incluso de América Latina.
La periodista María Olivia Monckeberg denunció también hace un año en su libro El Saqueo, las grandes utilidades que captaron ex funcionarios de la dictadura de Pinochet a través de turbios procesos de privatización de empresas públicas.
En el marco de los acuerdos para la transición de la democracia entre la propia Concertación y el régimen militar se acordó en 1989 que no habría revisión legislativa ni gubernamental de esas operaciones. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/02
