La decisión de Argentina de posponer el pago de una deuda de 805 millones de dólares con el Banco Mundial que venció este mes no beneficia en absoluto a los desempleados, advirtieron líderes de las organizaciones que los congrega.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, subrayó luego del incumplimiento del pago, el día 14, que la prioridad del gobierno de Eduardo Duhalde es garantizar los recursos de los planes sociales para pobres y desempleados, que algunos pusieron en duda ante el seguro congelamiento de nuevos fondos del Banco Mundial.
El tema social está en el tope de la agenda y los planes se financiarán bajo cualquier circunstancia, aseguró. Uno de esos programas es el subsidio mensual de 150 pesos (unos 43 dólares) para jefas y jefes de hogar sin empleo.
Sin embargo, mientras Lavagna parecía desafiar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que Argentina negocia un acuerdo desde hace 10 meses, organizaciones de desempleados, vecinos, trabajadores y estudiantes efectuaban protestas callejeras para pedir al gobierno que pague la deuda interna.
Los manifestantes reclamaron alimentos frente a supermercados y realizaron decenas de bloqueos de carreteras en los últimos días en las orientales provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en las septentrionales Chaco y Jujuy y en las occidentales Neuquén y San Juan.
El gobierno tiene un doble discurso, dijo a IPS Jorge Ceballos, coordinador del movimiento Barrios de Pie, que suministra una comida diaria a unos 5.000 desempleados en la provincia de Buenos Aires, recolectando donaciones de comercios, fábricas de alimentos y frigoríficos.
Por un lado, el gobierno dice que no paga a los organismos (multilaterales) porque prioriza los planes sociales, pero no es verdad este año se estuvieron pagando más de 4.000 millones de dólares de deuda, mientras nuestros niños se seguían muriendo de hambre, sostuvo Ceballos.
Debido al colapso económico, más de la mitad de los 37 millones de argentinos viven en la pobreza, el desempleo afecta a 21,4 por ciento de la población económicamente activa y se calcula, en base a datos oficiales, que uno de cada cinco menores de cinco años presenta algún grado de desnutrición.
La prioridad del gobierno no es atender las necesidades sociales sino alcanzar un acuerdo con el FMI y para eso acepta cualquier ajuste, señaló a IPS el diputado provincial de Buenos Aires Luis D'Elía, líder del grupo de desempleados Federación de la Tierra y la Vivienda, miembro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
D'Elía, mientras participaba en un bloqueo de ruta en la localidad bonaerense de La Matanza, criticó duramente el encuentro que Duhalde mantuvo el día 18 con los gobernadores provinciales y líderes parlamentarios en busca de un amplio respaldo a los últimos requerimientos del FMI.
Fue una canallada, porque no sólo aceptan reducir el presupuesto de 2003 para contentar al FMI sino que acordaron abandonar a los deudores hipotecarios (arruinados por la devaluación) y dar inmunidad al directorio del Banco Central, responsable de dar préstamos a bancos con balances en rojo, comentó.
Este acuerdo fue presentado como un triunfo del gobierno, que procuró el consenso político que el FMI le exige como condición para un nuevo acuerdo crediticio.
Pero el portavoz del FMI, Thomas Dawson, respondió el martes 19 que para ese organismo lo que cuenta no es el compromiso sino el cumplimiento de las medidas.
Lavagna aseguró ese día a la prensa extranjera que el gobierno no va a aceptar cualquier acuerdo con el FMI si las metas exigidas no son alcanzables.
El ministro criticó, asimismo, a los organismos financieros multilaterales por sostener una actitud procíclica, que favorece el ciclo recesivo de la economía, al exigir que se paguen deudas sin prestar dinero.
En medio de la crisis más grave de la historia argentina en 100 años hemos reducido la deuda con los organismos en 4.300 millones de dólares, admitió el ministro. Pero esas exigencias no ayudan a sostener la reactivación de la economía sino que contribuyen a profundizar la crisis, se lamentó.
D'Elía, cuya organización de desempleados adhiere a una de las tres centrales sindicales del país, la opositora CTA, coincidió con Lavagna en que Argentina nunca había pagado en el pasado tan bien sus compromisos con los organismos como lo ha hecho este año.
Argentina, que a fin de 2001 declaró el cese de pagos a los acreedores privados, canceló con recursos extraídos de sus reservas internacionales las obligaciones con los organismos multilaterales que vencieron hasta octubre.
Pero esa política de sujeción a los organismos multilaterales pese a que no manifiestan voluntad de ayuda fue muy criticada por D'Elía.
Lo único que consiguen es profundizar el genocidio social, apuntó este dirigente de uno de los más activos movimientos de piqueteros, llamados así por su modalidad de bloquear carreteras en reclamo de trabajo, alimentos y subsidios.
Desde hace años venimos denunciando que nuestros niños mueren de hambre, y ahora parece que descubrieron que es cierto, dijo con ironía ante la proliferación de informes en la televisión sobre muertes de menores por desnutrición aguda y de parasitosis, enfermedad asociada a la falta de acceso al agua potable.
Las imágenes de niños con un peso que representa la mitad de lo que correspondería a su edad causaron una profunda conmoción en el gobierno y en la sociedad de Argentina, país que el quinto productor mundial de alimentos y cuenta con abundantes excedentes de exportación de esos productos.
Estadísticas oficiales indican que cada año mueren unos 11.000 menores de cinco años por causas evitables, en la mayoría de los casos vinculadas al desempleo de los padres, el hambre, el hacinamiento, la falta de acceso al agua potable y por vivir lejos de los centros de salud.
Ceballos explicó que el movimiento piquetero Barrios de Pie sostiene comederos para unas 5.000 personas sin ayuda del Estado.
Los planes de jefas y jefes de hogar sin empleo son 150 pesos por mes y están lejos de garantizar la canasta básica de alimentos para no caer en la indigencia, sostuvo el dirigente.
Así, muchos de los afiliados a Barrios de Pie que reciben ese subsidio necesitan que la familia se alimente gratis al menos una vez al día.
Si nuestro movimiento no tiene muertos por desnutrición es porque nos movemos permanentemente, porque acá si no te movés, te morís, advirtió Ceballos.
El último reclamo presentado por esa organización sólo obtuvo como respuesta del Ministerio de Desarrollo Social el ofrecimiento de dos kilogramos de alimentos por mes por persona.
Le preguntamos al funcionario que nos ofreció esa cantidad si acaso no tenía una mascota, porque si la tuviera se daría cuenta que eso no alcanza ni para un perro, comentó con énfasis.
Por su parte D'Elía señaló que el plan para jefas y jefes de hogar sin empleo, que fuera lanzado en mayo por el gobierno sin ayuda externa, está lejos de la universalidad que dice tener, porque se reparte entre dos millones de beneficiarios cuando debería abarcar a por los menos 3,3 millones.
No sólo el plan es insuficiente por el ingreso que otorga a las familias, sino que deja afuera a muchos jefes de hogar, a jubilados a cargo de familia, a padres o madres con hijos mayores de 18 años, y a los jóvenes, muchos de ellos sin ningún ingreso para sobrevivir, remarcó. (FIN/IPS/mv/dm/dv if/02
