Casi 150 cooperativas que agrupan a más de 10.000 trabajadores de Argentina se han hecho cargo de administrar empresas quebradas por el colapso económico, y en muchos casos abandonadas por sus propietarios.
Los protagonistas de este nuevo fenómeno de autogestión reclaman al Estado que les garantice el capital de trabajo indispensable para sostener el crecimiento de estos emprendimientos.
La historia se repite casi sin variantes en todos los casos. Los empresarios en crisis dejan de pagar salarios por varios meses, declaran en quiebra sus negocios o abandonan repentinamente el país sin honrar sus compromisos.
El personal de esas firmas, sin dinero y con deudas salariales por cobrar, se hace cargo de la compañía y obtiene el aval de la justicia para organizarse bajo la forma jurídica de una cooperativa de producción.
El fenómeno se multiplicó con la depresión económica que Argentina padece desde fines de 1998.
A partir de entonces, cada mes se suman nuevas empresas. El proceso tomó tal grado que apareció el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), del que participan 70 cooperativas, mientras otras 80 están a punto de sumarse a la organización.
Los rubros son variados: fábricas de alimentos, metalúrgicas, químicas, de repuestos de automóviles, de transporte o imprentas. En muy pocos casos el personal jerárquico se suma al proyecto. Por lo común, la administración queda en manos de operarios que, tras una fase inicial muy crítica, van recuperando ventas y clientes.
Hasta ahora ningún emprendimiento fracasó, aunque algunos son más exitosos y otros apenas permiten a sus integrantes ingresos de subsistencia, relató a IPS Eduardo Murúa, gerente de producción de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA) y dirigente del MNER.
Estas experiencias afrontan problemas de iliquidez y no pueden acceder a préstamos. ”Como no tenemos la propiedad definitiva de las empresas, no somos sujetos de crédito. Si tuvieramos apoyo podríamos incorporar más empleados”, aseguró Murúa.
El sector reclama hace casi un año a las autoridades que establezcan un fondo fiduciario al que puedan recurrir como capital de trabajo.
Según cifras oficiales, el desempleo alcanza a 21,4 por ciento de la población económicamente activa, pero un porcentaje similar de personas están subempleadas, y muchos desocupados ya no buscan trabajo, ganados por el desaliento.
La metalúrgica IMPA revivió como cooperativa en 1998. Sólo 40 cooperativistas subsistían por entonces retirando cinco pesos por día, equivalentes a 1,4 dólares, según el cambio actual.
Paulatinamente, los salarios fueron subiendo. Ahora, 147 trabajadores perciben un ingreso mensual de 271 dólares.
”Ganamos todos igual, salvo por la diferencia de las horas extra de cada uno”, aclaró Murúa.
IMPA resultó beneficiada con la devaluación de la moneda argentina frente al dólar, de 70 por ciento desde enero, la sustitución de importaciones, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la reducción de los costos financieros.
”Antes dábamos plazos (de pago) de hasta 120 días que nos costaban caros, ahora eso ya no existe”, explicó Murúa.
En su opinión, la fábrica podría ofrecer más puestos de trabajo con mejores salarios si el gobierno contara con una política para crear y sostener las fuentes genuinas de empleo.
De momento, el gobierno de la oriental provincia de Buenos Aires prometió incluir en el presupuesto del año próximo una partida equivalente a casi nueve millones de dólares para destinar al fondo fiduciario.
Por su parte, las autoridades del distrito capitalino de Buenos Aires, autorizaron la expropiación de dos fábricas en proceso de liquidación.
Los trabajadores de ambas empresas, una imprenta y una fábrica de productos para heladerías, abandonadas por sus propietarios, se organizaron para mantenerlas en funcionamiento.
La medida expropiatoria es temporal para los edificios y definitiva para la maquinaria y bienes de producción.
Manuel Ruiz, integrante de la cooperativa de productos para helados, explicó a IPS que la expropiación de las máquinas fue a cuenta de los salarios adeudados por la empresa.
”Somos trabajadores de planta, expedición, operarios, de laboratorio y de mantenimiento, pero todos ganamos igual”, aclaró Ruiz. En 1999 la firma contaba con 90 empleados, la mitad permanece en la cooperativa.
La fundición Unión y Fuerza – – la única cooperativa que cuenta con apoyo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos – – , amplió su plantilla de 30 a 50 trabajadores, que reciben actualmente un salario mensual equivalente a 430 dólares.
La fabricante de tractores Zanello amplió este año su personal de 60 a 240 trabajadores, en buena medida beneficiada por la devaluación.
Un proceso similar, aunque más lento, fue el de la empresa cárnica Frigorífico Yaguané. Desde hace tres años funciona como cooperativa, cuenta con 500 empleados y es una de las tres de mayor producción del país.
Los trabajadores perciben buenos sueldos, además de seis kilogramos semanales de carne vacuna, el alimento tradicional de Argentina.
Pero los primeros tiempos fueron muy duros. Los trabajadores resistieron la caída durante casi un año con la fábrica vacía. Lentamente conformaron la cooperativa, volvieron a recibir hacienda para faenar y pusieron al día el pago de servicios y sueldos.
Ahora Yaguané factura 285.000 dólares por año y exporta carnes a mercados de la Unión Europea.
A juicio de Murúa, estas experiencias constituyen ”nuevas formas de lucha de los trabajadores, que ven cómo se van perdiendo sus derechos y buscan la manera de resistir, de defenderse, de evitar transformarse en desempleados estructurales”.
Pero, además, ”nos interesa demostrar que los trabajadores podemos conducir la empresa, y hacerlo bien”, añadió.
Las organizaciones sindicales se mantienen al margen. ”No hay mucha comprensión del fenómeno, pero sabemos que los sindicatos lo utilizan como herramienta para negociar con la patronal, porque antes un patrón presionado podía amenazar con ir a la quiebra, y ahora saben que eso dejó de ser una amenaza”, subrayó Murúa.
Aunque la dirigencia sindical no respalda estas experiencias cooperativas, tampoco acciona en su contra, admitió.
”Una vez que los empresarios entran en crisis y dejan de aportar al sindicato y a sus servicios de salud, (los dirigentes) comienzan a desentenderse del problema de los trabajadores”, concluyó.
