El pedido de Estados Unidos a Guatemala y Nicaragua de que incrementen la lucha contra la corrupción recoge el clamor social en ambos países, donde el crimen organizado, las drogas, el lavado de dinero y el tráfico de influencias corroen las instituciones.
Las crecientes presiones del gobierno estadounidense de George W. Bush hacia América Central pueden resultar beneficiosas para frenar la galopante corrupción en el área, señalaron analistas políticos consultados por IPS.
Las reiteradas exhortaciones de la embajadora de Washington en Managua, Barbara Moore, al Congreso nicaragüense para que no encubra a los corruptos fueron bien recibidas en círculos políticos y por la ciudadanía, aseguró a IPS Sergio Boffelli, asesor del Procurador General de Nicaragua, Francisco Fiallos.
Edmundo Urrutia, de la Asociación de Investigación y Estudios Social, de Guatemala, comentó a IPS el terremoto político causado por las acusaciones de Otto Reich de que el gobierno de Alfonso Portillo era permeable al narcotráfico.
Sin embargo, esa situación en torno al presidente Portillo ya se discutía en ámbitos particulares de Guatemala bastante tiempo antes de que se divulgaran las declaraciones de Reich, quien hasta esta semana fue secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental.
Boffelli y Urrutia coincidieron en que las duras críticas del gobierno estadounidense de George W. Bush contra la corrupción en Nicaragua y Guatemala no aparecen como una injerencia en los asuntos internos de estos dos países sino como una manera acertada de interpretar el sentir de la población.
No creemos que exista ninguna intervención en lo manifestado por la embajadora Moore, porque sus declaraciones se unen al apoyo que Nicaragua ha recibido por parte de varias naciones latinoamericanas, dijo Boffelli.
Moore reiteró esta el jueves declaraciones suyas de la semana anterior respecto de que la Asamblea Nacional (Congreso legislativo) no sea utilizada como refugio por aquellos que han robado al pueblo nicaragüense, porque los que protejan a los corruptos no son amigos de Estados Unidos.
Las palabras de la representante de Washington, quien instó a los empresarios a combatir la corrupción e invertir en Nicaragua, fueron interpretadas como un claro llamado a los diputados para que aprueben el desafuero del diputado Arnoldo Alemán, solicitado por la justicia ante denuncias del gobierno de Enrique Bolaños.
Boffelli afirmó que las palabras de la diplomática son un eco de la situación que afronta Nicaragua, donde la Asamblea Nacional está paralizada a la espera de que se resuelva el desafuero de Alemán, quien gobernó el país en el periodo anterior a Bolaños entre 1997 y este año.
La Procuraduría General acusó ante los tribunales a Alemán de los delitos de lavado de dinero, fraude en perjuicio del Estado, peculado y asociación para delinquir, entre otros cargos, por actos cometidos durante su mandato y por el cual también son investigados miembros de su familia y ex funcionarios.
Las denuncias indican que Alemán es responsable del lavado de 97 millones de dólares, monto que depositó en bancos de Panamá y de Estados Unidos, donde ya fueron congeladas cuentas pertenecientes a dos de sus hijos por un total de tres millones de dólares.
Para que el ex presidente nicaragüense comparezca ante la justicia debe ser despojado de su inmunidad parlamentaria y para ello se necesita el voto a favor de ese pedido de 47 legisladores de los 92 miembros del Congreso.
La alianza entre los representantes de la llamada ahora Azul y Blanco, afines al presidente Bolaños, y los del opositor e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) suman 46 votos.
Azul y Blanco es el grupo que permanece fiel al presidente del total de legisladores del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que también pertenece Alemán.
Los diputados seguidores de Alemán deben considerar si lo que Moore dijo es verdad o no y a partir de esta reflexión asumir sus posiciones, puntualizó Boffelli.
Ellos tienen que ser conscientes de que están ante una oportunidad histórica para el país, pues una vez que se vote el desafuero de Alemán se podrá hablar de un antes y un después en la historia de Nicaragua, añadió con énfasis.
Mientras, en Guatemala, el gobierno de Portillo nombró esta semana a los cinco fiscales que investigarán a cinco militares acusados de corrupción.
La decisión de Portillo se tomó después de que Reich afirmara el 10 de octubre, ante una comisión del Senado de su país, que el gobierno de Guatemala estaba influido por bandas ligadas al tráfico de drogas, responsables de violar los derechos humanos en el país.
Los generales Manuel Callejas, Francisco Ortega y Mario Catalán, el coronel Jacobo Salán y el mayor Napoleón Rojas fueron acusados por la Fiscalía General de estar ligados al narcotráfico, cometer robo de vehículos, contrabando aduanero y ataques a los derechos humanos de ciudadanos.
El gobierno de Portillo, que asumió sus cuatro año de mandato en 2000, reemplazó tres semanas después de las críticas de Reich al personal que conformaba el Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN) y estudia sustituirlo por oficiales que no tengan antecedentes criminales, como expresó el propio Reich.
Es sabido que la alianza política que llevó a Portillo al poder contaba con sectores que mantenían relaciones con actividades ilícitas y que tenían sus influencias en los ámbitos gubernamentales de la seguridad y la defensa, apuntó Urrutia.
El experto guatemalteco agregó que la posición asumida por Washington le permitió a los incrédulos convencerse de las cercanías del gobierno con personas vinculadas con la corrupción.
Aunque consideramos que el planteamiento de Estados Unidos es tardío, es rescatable por los peligros que representa para un país como Guatemala el que haya un poder paralelo que compra voluntades, ejerce influencias políticas y socava las funciones básicas del Estado, destacó.
Otra de las ventajas de las denuncias del gobierno de Bush es que la lucha contra la corrupción volvió a ser incluido en la agenda política nacional, explicó Urrutia.
La posición del gobierno estadounidense se da en momentos en que se aceleran los preparativos de la campaña política con vista a las elecciones presidenciales de septiembre de 2003.
En este sentido, Urrutia consideró que el proceder de los estadounidenses se puede interpretar como una forma de actuar sobre el proceso electoral, en el que estará en juego la continuidad en el poder del Frente Republicano Guatemalteco.
Por su parte, Luis Guillermo Solís, ex director de política del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (1994-1998), sostuvo en su libro ¿Súbditos o aliados? que la presencia estadounidense en la región siempre ha estado definida por la intervención o el olvido.
No ha habido una política constante hacia la región que propenda al cumplimiento de sus propios objetivos en forma sostenida, lo que ha habido es aplicación de hegemonía y no se han buscado los consensos necesarios con la región para establecer una relación más igualitaria y mutuamente ventajosa, puntualizó.
Solís detalló en su libro que los estadounidenses han desarrollado a lo largo de la historia tres tipos de intereses en América Central, que son de seguridad, políticos y económicos, lo cual contribuye a comprender por qué en la actualidad arremetieron contra la corrupción en el área. (FIN/IPS/jem/dm/ip/02
